El albergue municipal de El Puerto ya está cerrado. Dos vehículos de la Policía Local y una asistenta social se desplazaron este martes por la tarde al centro de emergencia social, ubicado en La Florida, para proceder al desalojo de los últimos residentes. “¿A dónde voy a ir, al campo, en una caseta de campaña? Tendré que dormir en un coche”. Carmen Bocanegra, de 51 años, suspira frente a la puerta de este lugar donde vive desde hace un año.
La portuense tenía hecha la maleta desde que se enteró de que el edificio iba a cerrar. Se queda en la calle sin saber cuál va a ser su futuro. “Me han echado como a un perro”, dice.
Ella es una de las que quedaban en las instalaciones que el Ayuntamiento comenzó a desalojar tras anunciar su cierre temporal con el fin de licitar el servicio tras la marcha de Anydes, asociación que estaba encargada de la gestión hasta enero de este año.
Varias personas salen del edificio con bolsas de alimentos en las manos mientras Carmen expresa su preocupación. “La asistencia social nos dice que nos tenemos que buscar la vida como sea” dice la portuense, que asegura que el Consistorio no le ha dado ninguna alternativa.
"Tengo la columna fracturada y seis tornillos"
“He puesto una hoja de reclamación para hablar con el alcalde de buena manera”, añade desde las inmediaciones, acompañada de su padre, que también se encuentra angustiado. Su hija sufrió una caída desde una litera y, desde entonces, no puede levantar peso y, además, padece epilepsia. “Tengo la columna fracturada y seis tornillos en la espalda. A mí los anillos no se me caen, pero al tener la lesión no puedo hacer nada, si no estaría trabajando sin problema”, explica Carmen, que, desde entonces, está esperando el reconocimiento del grado de discapacidad que, según cuenta, la asistenta social le iba a ayudar a tramitar.
En su caso, comenta que solo tiene 300 euros y que no tendría ni para pagar un mes, aludiendo a los precios disparatados de alquileres en la ciudad. Mientras espera la resolución de esta solicitud, ha intentado buscar por su cuenta, en vano.
“Ella no es responsabilidad nuestra, su caso no es para estar en un albergue como este, no tiene necesidad de estar allí, tiene a su padre, voluntario de Protección Civil, que está pendiente de ella. Ella no es usuaria, nosotros hemos acudido a los casos que son vulnerables totalmente”. Es la versión de María del Carmen Lara, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de El Puerto.
Para el Ayuntamiento, en el albergue solo quedaban dos familias por reubicar, una refugiada ucraniana con dos hijos, un adolescente y una pequeña de dos años, y una familia con una hija con síndrome de Down. “Dije que hasta que no estuvieran todos recolocados no lo iba a cerrar”, dice la edil, que asegura que ha ofrecido alternativas a estas dos familias en la provincia de Cádiz. “El resto de personas -otras 24- están reubicadas perfectamente”, comenta tajante.
Lara detalla a lavozdelsur.es cómo ha vivido dos meses de desalojo en los que ha estado buscando nuevos hogares para las personas del albergue. Defiende que el equipo de Gobierno junto a los profesionales del área se ha esforzado para dar a cada uno de los usuarios la reubicación más adecuada, teniendo en cuenta sus situaciones.
Actualmente, el centro se encuentra en pésimas condiciones, con “muchas goteras”, y necesita una reforma completa. Una denuncia de los extrabajadores de este centro que manifiestan que llevan una década sin recursos. “Se acabaron las mentiras”, exponen en un comunicado en el que expresan que se vieron obligados a abandonar la gestión por la falta de un convenio con el Ayuntamiento. También denuncian retrasos en el cobro de sus nóminas, que procedían de una subvención directa del Ayuntamiento.
“Nunca ha habido voluntad política de solucionar esta situación”, versa el texto sobre la experiencia de los exempleados en el centro, al que también se ha desplazado el PSOE. La formación se ha personado en el momento de este desalojo, algo que el gobierno local ha calificado como "ocupación".
Lara denuncia que cuando se estaba procediendo a la reubicación de los últimos residentes irrumpieron en las dependencias municipales para impedir su traslado. La concejala dice que no entiende la actitud del PSOE "paralizando una gestión que se ha mimado hasta la extenuación y alargado todo el tiempo necesario para darle a cada familia o usuario una opción a medida, en función de su dolencia o situación".
Piden apoyo a la Diputación de Cádiz
Los socialistas, en cambio, han alertado en varias ocasiones que el caso del albergue es “una grave negligencia que atenta contra los derechos humanos”. El albergue lleva desde el 1 de enero sin gestión y, para esta formación, el desalojo no es la solución.
Por ello, pedirá a la Diputación de Cádiz apoyo. La propuesta del PSOE tiene como objetivo “propiciar un acuerdo entre Ayuntamiento y Diputación que obligue a Beardo a no cerrar el centro y dejar a El Puerto y a la provincia, sin este recurso social”. Así lo ha expresado el portavoz y secretario general, Ángel Mª. González, que ya presentó un plan de rescate que el gobierno local rechazó.
"Las dos familias se niegan a marcharse a los destinos gestionados"
“Estas dos familias con diferentes situaciones se negaban a marcharse a los destinos que de manera unilateral les había gestionado Bienestar Social. Los usuarios nos trasladaron su malestar por no tener una alternativa habitacional consensuada, que les permitiera seguir sus vidas de la mejor manera posible”, denuncia el PSOE. Tras el "intento de desalojo in extremis", las dos familias y Carmen continúan este jueves en el centro mientras esperan una solución. "Mientras que no me busquen nada, yo no me muevo de aquí, si quieren sacarme, con una orden de un juez", comenta Carmen, indignada un día después del suceso.
La formación traslada que ha propuesto diferentes soluciones “sin que Beardo haya sido capaz de aceptar ninguna” y, ahora realiza otra más. “Se solicitará recurso financiero, mediante un convenio entre ambas instituciones, para acoger transeúntes de toda la provincia, así como una respuesta provisional que salve la situación a corto plazo sin necesidad de cerrar el centro”, sostiene González que espera “que Beardo no se posicione en contra, ya que no paramos de aportar soluciones a su falta de gestión”.
El caso también ha llegado a oídos de otros colectivos y organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que ha convocado a los medios para expresar su protesta y "exigir soluciones reales para las familias vulnerables que están siendo obligadas a abandonar el albergue".
El Ayuntamiento prevé volver a abrir el albergue en cuatro meses
La concejalía de Bienestar está planificando una nueva gestión para este centro que gestionaba la asociación Anydes. Según relata María del Carmen Lara, “todos los años les hemos pagado una subvención de 191.000 euros, pero en diciembre me comunicaron que abandonaban el centro por haber tenido problemas entre ellos. Empezamos a buscar otras asociaciones o empresas que quisieran hacerse cargo, llamé a Afanas, a Cruz Roja, pero todas se negaron porque tenían que subrogar a los empleados de Anydes”.
Lara señala que aun habiendo problemas en años anteriores para la gestión de subvenciones, la de Anydes siempre ha sido desbloqueada, dándole prioridad absoluta al entender que ofrecía un servicio esencial para la ciudad, para su programa de acogimiento temporal.
La delegada detalla que está a la espera de la resolución de una subvención de 300.000 euros que solicitó para proceder a la reforma integral de edificio. Mientras tanto, decidió sacar a licitación el servicio. “Si todo va bien, en cuatro meses estará de nuevo funcionando, se volverá a abrir lo antes posible”, explica.
Comentarios