En el “aula de las estrellas” hay cinco que brillan con luz propia. Sus nombres son Olimpia, Dylan, Diego, José Luis y Diego. Pero podrían ser cualquiera que se les ocurra. En este caso, sus edades oscilan entre los cinco y los ocho años, cada una con sus particularidades, pero también con cosas en común. La principal: dependen sobremanera de Isabel, su PTIS (Personal Técnico de Integración Social).
Para comer, para ir al baño, para asearse, para jugar… sin profesionales especializados, niños como estas cinco estrellas se desorientan. Se estresan. Se ponen nerviosos. No paran quietos. Y, en el peor de los casos, se autolesionan. Olimpia lo hace a menudo. Cuando quiere expresarse y no la comprenden, cuando recibe una orden que no entiende o, simplemente, cuando hay que esperar. Es llegar a un semáforo en rojo y golpearse la cabeza con la sillita del coche.
A sus cinco años, Olimpia no habla. Empezó a hacerlo cuando rozaba los dos, pero tuvo una regresión. Mucho antes de eso, su madre sospechó que algo no iba bien. “Me decían que estaba loca”, cuenta Paloma Alemán, madre de la pequeña. Pero no lo estaba. De hecho, estaba en lo cierto. Ella fue la primera que, en casa, pronunció la palabra autismo.
Andalucía es la única comunidad que mantiene a las PTIS contratadas por empresas privadas
Olimpia nació prematura y estuvo ingresada en la UCI. Posteriormente, en Atención Temprana. Cuando quisieron darle el alta, la madre advirtió al personal sanitario. “Me decían que era muy pequeña y que no le pasaba nada. En las revisiones del niño sano todo estaba bien. Entonces, mandaron un informe al pediatra pidiéndole que me derivaran a salud mental”. Dos días después del segundo cumpleaños de la pequeña, llegó el diagnóstico.
Olimpia es gran dependiente, tiene reconocido un 49% de discapacidad. Es un “alma libre” en el aula. Ella es quien decide cuándo sentarse, ir al patio, hacer relajación o las tareas. Dylan tampoco habla, se pone nervioso con los ruidos y, cuando se estresa, encuentra refugio debajo de su mantita o entre las piernas de Isabel. Diego no articula palabra y es un gran escalador. José Luis es el cantarín del aula, y presenta grandes problemas para comer. Diego II —llamémosle así— no para quieto y también escala. Hay que tenerlo vigilado de cerca.
Son cinco de los miles de ejemplos que se pueden poner a nivel andaluz. Alumnado con necesidades especiales —que ha crecido un 30% en los últimos cinco años en la comunidad, por cierto— que estos días no tienen a su referencia. Las PTIS —mayormente, son mujeres— están en huelga. Hartas de salarios de miseria. De cobrar tarde. De que no se les respete la antigüedad. De no cobrar en verano a pesar de ser ilegal. De tantas y tantas cosas.
Muchos de los problemas actuales empezaron en 2006, cuando la Junta de Andalucía dejó de contratar de forma directa a este personal, para externalizar el servicio. Las empresas adjudicatarias de los contratos obtienen beneficios a costa de las condiciones laborales de las PTIS, lo que termina repercutiendo en la atención que reciben pequeños como los que forman el “aula de las estrellas”.
Andalucía es la única comunidad que mantiene a las PTIS contratadas por empresas privadas. Hay en torno a 2.000 externalizadas en toda la comunidad, por las 1.000, aproximadamente, que pertenecen a la Junta. Osventos Innovación en Servizos S.L., una empresa gallega, copa la mayor parte del sector, con más de un millar de trabajadoras. El resto, son de Vital S.A.
Isabel, una de las 2.000 PTIS precarizadas de Andalucía
Para entender el problema, basta poner un ejemplo. El de Isabel Martín. 57 años. 14 años como PTIS. Cobra 1.075 euros por 25 horas semanales. Ella es de las “privilegiadas” —“con muchas comillas”—, porque pasa del mileurismo. Eso sí, porque tiene las pagas extra prorrateadas. Una de las victorias del colectivo, que aún tiene mucho que reclamar. Y que mejorar. “Una trabajadora laboral con mi mismo trabajo está en torno a 1.600 euros”, aclara.
Isabel solo trabaja en un centro escolar. Tiene compañeras con menos horas de contrato que rotan entre varios. Por eso dice que es “privilegiada”. Unos privilegios muy modestos, eso sí. En verano sigue contratada, pero no cobra —“algo que es ilegal”—. La lista de incumplimientos del pliego de condiciones del servicio y del convenio laboral es larga. Ahora y antes. “Es un maltrato continuado de la Junta hacia nosotros”, sostiene ella.
Isabel: "He perdido la cuenta del dinero que me deben desde que soy PTIS"
Cuando recuerda a la empresa que se le deben trienios, no hay respuesta. Cuando pasa el día 5 de cada mes y no ha cobrado —por convenio deben hacerlo entre el 1 y 5—, denuncia ante la Inspección de Trabajo, pero pasan meses sin respuesta. En unos días tiene un juicio tras la denuncia que puso por las cantidades que le adeudan la actual y empresas anteriores, desde que empezó. “He perdido la cuenta, 3.000, 4.000, 5.000 euros…”, dice Isabel.
“Pedimos que se cumplan el convenio y el pliego de condiciones, más que la subrogación —que las PTIS externalizadas sean contratadas por la Junta—", agrega la profesional. Ella, como muchas, se conformaría con cobrar puntualmente y no tener que reclamar sus derechos laborales cada poco tiempo. “Cuando entré a trabajar en este colegio, cobraba 460 euros por el mismo trabajo que estoy haciendo ahora, y todo lo que hemos conseguido ha sido a base de luchar”, apunta.
La labor de las PTIS es “vocacional”. De otra forma no se entiende que, a pesar de todo, mantengan la entereza y la profesionalidad en su día a día, que no es precisamente fácil. Isabel no es raro que reciba golpes de los pequeños que tiene a su cargo —“mis niños”, los llama ella—, pero no llora por eso. Se emociona, por ejemplo, cuando Olimpia, después de un tortazo, le hace un gesto de cariño. O cuando logra que dibuje. “Yo con eso soy feliz”, dice.
Siempre le ha gustado a Isabel “cuidar de las personas”. Lo hizo con personas de avanzada edad, cuando tuvo una empresa que gestionaba un Centro de Día. También en su familia, cuando tuvo dependientes que lo requirieron. Y desde hace 14 años con sus niños, con necesidades educativas especiales.
Por eso le duele tanto estar en huelga. “No duermo, estoy a base de valeriana…”, confiesa. Y espera que la huelga acabe pronto, señal de que habría un acuerdo con la Junta, o alguna mejora. Para una mujer de 57 años que depende de su sueldo mileurista, con un marido en paro y una hija universitaria, además, no solo es un esfuerzo sentimental, también económico. “Mi problema no es el trabajo, ni son los niños, ni es el centro. Es la Junta, que permite cada vez más precariedad”, apostilla.
El caso de Olimpia
Volvamos a Olimpia y su familia. La pequeña, cuando se levanta, hay días que si se le mantiene la mirada, se enfada y se provoca todo tipo de autolesiones. Con el suelo, con la pared, con un mueble… con todo lo que se imagine.
Olimpia no habla. Están intentando enseñarle a comunicarse mediante pictogramas. "El autismo no está ligado a un retraso en la edad mental, sino que un niño puede tener las mismas necesidades que otro de expresarse, pero al estar encerrado no puede hablar", explica su madre.
"Cuando intentas parar esa autolesión, ella te agrede. No lo puede controlar"
Entonces, empieza a darse golpes. "Cuando tú intentas parar esa autolesión, ella agrede a quien lo intenta. No lo puede controlar. Saca una fuerza impropia de una niña de cinco años", cuenta su madre. "Cuando consigue regularse, te busca, te mira, te abraza y te da un cariñito. Es su forma de decir que sabe que lo hace mal, pero no lo puede evitar", añade.
En el recreo, Isabel ya ha conseguido que Olimpia se tire por el tobogán, que se relacione algo con el resto de niños. Sin ella, es inviable. A pesar de eso, el colegio le pide a la familia que la lleve a clase. Hasta se amenaza, a ella y al resto de alumnado con necesidades especiales que no acude, con abrirle un expediente de absentismo.
“El bienestar de mi hija no está en el colegio ahora”, dice Paloma, que prefiere no llevarla, aún a riesgo de que pierda los hábitos, porque no va a estar bien atendida. “Las PTIS fomentan la autonomía, también su higiene, los ayudan con la alimentación, a jugar en el patio…”, enumera.
"Vemos a nuestros hijos afectados, pero no podemos hacer otra cosa más que apoyar a las PTIS. ¿De quién es la culpa que los niños andaluces no tengan los mismos derechos que los demás?", se pregunta Paloma. Y es que Andalucía es la única comunidad que tiene externalizado este servicio.
"La figura del PTIS está creada para encargarse de la inclusión de los niños con necesidades especiales tanto en su aula como en su colegio. Les brinda no sólo apoyo curricular, sino el más importante: apoyo emocional y les garantiza muchísimos otros derechos que, sin su presencia, se ven vulnerados", describen los padres del alumnado del "aula de las estrellas" en su carta.
"A cambio, tanto Isabel como todos sus compañeros y compañeras, reciben retrasos en sus pagos, recortes salariales, impago de subidas salariales y vacaciones, contratos inestables y precarios... por parte de la empresa privada a la que tiene contratada la Junta de Andalucía", se quejan.
¿Qué dice la Junta?
"La Junta de Andalucía, a través de la APAE (Agencia Pública Andaluza de Educación), firma contratos con empresas, no con sus trabajadores, cuyas condiciones laborales están sujetas a los correspondientes convenios colectivos", dice el Gobierno andaluz, en un comunicado de esta misma semana.
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía señala que los conflictos laborales entre estas trabajadoras y sus empresas "deben resolverse por tanto en ese marco", y que es el Ministerio de Trabajo, a través de la inspección laboral, quien "debe velar por el cumplimiento de los convenios colectivos".
El Gobierno andaluz dice que las condiciones laborales de las PTIS "están sujetas a los convenios colectivos"
La Junta asegura que ha impulsado una serie de medidas encaminadas "a paliar déficits" de este sistema, en primer lugar, estableciendo por primera vez una cobertura jurídica a la prestación de estos servicios a través de un Decreto, "facilitando así el mantenimiento de los puestos de trabajo". O aumentando el precio de las licitaciones un 17%, modificando algunas condiciones con el objetivo "de elevar el rigor en el cumplimiento de los pliegos, incluyendo subsanaciones en la prestación del servicio, la solicitud de la intervención de la Inspección de Trabajo en caso de irregularidades y la aplicación de las penalizaciones".
La Consejería de Desarrollo Educativo asegura que desde 2017 ha ejecutado penalizaciones "a un total de siete empresas de estos servicios" y recuerda que el modelo actual de funcionamiento de los PTIS en los centros educativos andaluces "fue creado en 2006 por la anterior administración socialista".
Movilización de las PTIS a nivel andaluz
A las PTIS les sobran los motivos para estar en huelga. Desde el 14 de noviembre, CGT convocó paros indefinidos. CCOO hizo lo propio desde el 21 de noviembre. Ha habido movilizaciones, encierros, protestas de todo tipo... y seguirán. El lunes 27 de noviembre hay prevista una concentración en la puerta de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP en Sevilla y concentraciones provinciales cada martes y jueves.
CCOO, en respuesta al comunicado de la Junta, señala que "falta a la verdad", porque considera que "la responsabilidad de la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), que sufre las consecuencias de forma directa, es de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, que ahonda en la mala calidad de la enseñanza y del servicio que prestan estas trabajadoras dada la precariedad en la que se encuentran".
El sindicato recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 62, establece que "le corresponde al órgano de contratación —en este caso, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP—, supervisar la ejecución del contrato". También se incumplen otros artículos, como el 37, que establece que "los documentos en los que se formalicen los contratos deberán incluir la obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación". O el 130, que recoge las condiciones económicas de las personas trabajadoras. También el 101 y 102, que fija los costes laborales derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación, y el 122, que establece la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación.
Comentarios (1)