Veterinarios sin libertad para curar: "Nos han puesto límites legales que van contra el bienestar animal"

Un día cualquiera Alberto Méndez atiende a un perro en su consulta. Considera que debe tomar amoxicilina. En el prospecto pone que debe suministrarle al animal 10 miligramos durante siete días. Su experiencia le dice que no, que el can necesita más. Pero, por ley, no puede hacer otra cosa. Se siente coartado a la hora de desempeñar la profesión en la que lleva 30 años velando por la salud de cientos de animales.

Como él, más de 36.000 veterinarios de toda España sufren las consecuencias de la implementación del Real Decreto 666/2023 de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, vigente desde el 2 de enero de este año.

"Lo realmente importante es que no nos dejan elegir el tratamiento que nosotros consideramos más idóneo", expresa este veterinario de 60 años, que desarrolla su labor en la consulta veterinaria Almirante, en la Avenida de la Libertad de El Puerto. Él es uno de los profesionales que se suman al paro de una hora previsto en todo el país para este martes 11 de febrero a las 11.00 horas. Una movilización que revela el malestar que los últimos cambios legislativos provocan al sector.

“Ha sido la gota que ha colmado el vaso”, lamenta Alberto, también vocal del Colegio Veterinario de Cádiz y de la Asociación de Empresarios Veterinarios de Cádiz. Hace ya muchos años que se decantó por estudiar Biología y, posteriormente, especializarse en Veterinaria. Con sus ojos ha visto la evolución de esta profesión en la que, al inicio, “los medios que teníamos eran bastante más precarios y la intuición era casi siempre la que solucionaba los problemas médicos”.

A pesar de los avances marcados por la disponibilidad de más medios y el apoyo científico en los tratamientos, la situación actual no es la deseada. “Se está mermando mucho nuestra capacidad para poder trabajar y para poder tratar los animales de forma eficiente y científica”, dice desde la consulta.

Son varios los problemas que menciona este veterinario. Por ejemplo, la limitación del criterio profesional. “Las fichas técnicas, donde se dice cómo se debe utilizar un medicamento, están un poco desactualizadas. Hay medicamentos que hace muchos años que se sacaron y se da el caso de que un mismo principio activo, según una ficha técnica, pueda tener unas indicaciones distintas a otras. Pero no podemos hacer otra cosa”, señala.

A Juan Gallardo, jerezano que ejerce como veterinario desde hace 28 años, también le preocupa no poder prescribir la dosis y duración de los medicamentos que considera necesarios para curar a un animal. “Tenemos que utilizar un medicamento tal y como nos dice el Real Decreto. Nosotros antes, cuando teníamos una infección, íbamos a un libro de infecciosa y mirábamos el antibiótico. Ahora tenemos que ir al BOE a ver qué le tenemos que poner”, lamenta desde la Clínica veterinaria Puerta del Sur de Jerez, en la que trabaja.

Según explica a lavozdelsur.es, cada vez que recetan un antibiótico tienen que hacer exactamente lo que manda el prospecto, sin poder dar más días o más dosis, aunque su criterio le diga lo contrario. “No puedo usar mis conocimientos científicos ni la evidencia científica y esto sí repercute directamente en la salud de nuestros animales. Puede hacer que el tratamiento se alargue en el tiempo y poner en riesgo su vida”, comenta Juan, también vocal de la Asociación de Empresarios veterinarios de Cádiz.

Si no cumplen con la ley, se enfrentan a sanciones que pueden llegar a 1.200.000 euros. Para Alberto es “totalmente desmesurado” e “insalvable”. Y destaca que “no estamos pidiendo ni mejoras salariales, ni estamos pidiendo más dinero, estamos pidiendo que nos dejen tratar a los animales científicamente”.

A este aspecto se suman las cargas administrativas que los veterinarios asumen diariamente al tener que comunicar obligatoriamente cada prescripción y uso de medicamentos a una plataforma llamada Resvet, equivalente a Presvet, que se usa en toda España. Una base de datos que recoge “absolutamente todo” y que se traduce en “una carga brutal”. Para Juan, “este trabajo extra no tiene sentido porque la Administración tiene acceso a esos datos a través de otras plataformas”. Se refiere, por ejemplo, a la Esuavet (European Sales and Use of Antimicrobial for Veterinary Medicine).

“Ya no solo tenemos que indicar el medicamento, sino las gotas que voy a proporcionar, y el porcentaje que supone del bote. Parece que estamos casi criminalizados. Un médico no tiene que comunicar cuántas gotitas le va a dar al paciente”, comenta Alberto, que también señala que tampoco pueden dispensar los medicamentos que recetan.

Así lo establece el Real Decreto 1/2015, 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. España es uno de los pocos países de la Unión Europea, junto a Italia y otros nórdicos, donde está prohibido. En el resto, los veterinarios sí pueden vender a los dueños de los animales los medicamentos que necesitan. Algo que ahorraría muchos quebraderos de cabeza tanto a los profesionales como a las familias.

“Hay clínicas que están en un sitio bastante recóndito, y la familia tiene que ir a buscar una farmacia, a lo mejor a otro pueblo. Ese animal estaría ese tiempo sin tratar”, dice Juan, que también manifiesta el desabastecimiento de las farmacias.

“Nuestros pacientes nos transmiten muchas veces esa falta de medicación en las farmacias. No tienen los medicamentos, los tienen que pedir y pueden tardar días, un tiempo que el animal está sin tomarlo y que, si es un problema cardíaco, es muy perjudicial”, sostiene el jerezano.

A las dificultades de las familias para adquirir el tratamiento de sus mascotas, se suma que, estos se venden en un formato que no se adapta a sus necesidades, circunstancia que da lugar a un excedente y un gasto innecesario.

“Tienen que comprar 100 pastillas cuando solo van a usar 20. Cuando el dueño trata sin supervisión veterinaria al animal, con un excedente que tiene de otras veces, lo que estamos favoreciendo es que aparezcan resistencias antibióticas”, añade Juan.

Por esta razón, denuncian no poder proporcionar a los animales el tratamiento exacto que necesita. Solo reclaman dispensar la cantidad justa necesaria. “Con los comprimidos que sobran generamos residuos que van en contra de la lucha contra las resistencias antimicrobiales, que es lo que busca la ley. Nosotros suponemos menos del 1% de la cantidad de antibióticos que se recetan en el sistema sanitario y parece que somos los culpables de las resistencias. Estamos de acuerdo con esa lucha, pero han elegido un gremio que supone un porcentaje ínfimo”, reflexiona Alberto.

Además, los veterinarios recuerdan que en el año 2012 sufrieron una subida del IVA pasando del 8 al 21%. “No hay ninguna profesión sanitaria en España que tenga un IVA de lujo, y esto hace que nuestros servicios sean más caros y mucha gente no pueda acceder”, explican.

Ellos paran este martes para reivindicar medidas que no supongan trabas al ejercicio de su profesión. Alzan su voz con la esperanza de cambiar la situación. “Tenemos unos límites legales que van en contra del bienestar animal y de toda evidencia científica. Los legisladores no han tenido en cuenta que nosotros sabemos, no solo por lo que hemos estudiado, sino porque somos los más preparados para tratar a los animales. Sin embargo, nos están coartando toda esa libertad para conseguir una sanidad animal y ambiental correctas”, expresa Alberto.