El investigador Antonio Martín García ha publicado el que es ya su quinto libro, todos sobre historia reciente de Sevilla o a la relación de los militares con la ciudad. En esta ocasión, su trabajo versa sobre Gonzalo Queipo de Llano y Gambogaz, la finca donde murió quien fuera el mayor cargo militar en el Sur de España durante la Guerra Civil. Un hombre del que se han relatado ampliamente las atrocidades cometidas en aquel periodo, en los que mandaba que 'dieran café', como solía expresar, directa o indirectamente a miles de personas, según testimonios historiográficos.
El relato de aquel genocidio está escrito y son ejemplos físicos las fosas como la del Monumento o Pico Reja, solo en Sevilla capital. Martín García no habla de eso en su libro, sino de las consecuencias económicas del golpe de Estado, la 'confusión' patrimonial entre lo público y lo privado, y las artimañas legales empleadas. De esto, dice el autor de Fundaciones Queipo de Llano: historia de un expolio (El Paseo Editorial), no hay apenas bibliografía de otros autores. Porque su investigación, la de esta línea jurídica y económica en la Guerra Civil, es ex novo. "Invito a los investigadores de otras zonas de España a que comiencen a estudiar esto sobre lo que apenas se ha escrito", señala. "Estos militares sembraron el terror en España, matando a diestro y siniestro. Y también hicieron mucho daño patrimonial, no solo a las personas de izquierdas, sino también a los suyos".
La primera gran dificultad para realizar la investigación ha sido el acceso a las fuentes primarias, de naturaleza notarial y registral, dada la prohibición de consulta a los protocolos de 100 años, o menos, desde la fecha de su redacción. Para esas escrituras, el interés legítimo establecido en la legislación específica, de los Registros y el Notariado, sólo permite el acceso y consulta a los intervinientes o descendientes de estos. De ahí que Martín para apoyarse en los documentos que le ha permitido descubrir el 'expolio', haya tenido que ponerse en contacto con descendientes de antiguos propietarios de Gambogaz, una finca entre los términos municipales de Sevilla, Santiponce y Camas junto al río, a la altura de La Cartuja.
Según lo investigado por Martín, la historia es la siguiente. Manuel Camacho era el propietario del 85% de la finca. Era un empresario gaditano que desarrollaba su labor en diferentes ubicaciones de la zona de Sevilla. Uno de esos intereses agrarios era Gambogaz. El restante 15% era de los heredereos de la familia Vázquez.
Poco después del inicio de la Guerra Civil, Manuel Camacho es detenido en Algeciras por, presuntamente, evasión de capitales hacia Gibraltar. Se trataría de un asunto que en ningún caso debiera conocer un tribunal militar, sino de la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, Camacho es encarcelado. En el inicio de la Guerra Civil, el poder del bando golpista era absoluto en la Segunda Región Militar. Iba más allá del despliegue de tropas. Eran el poder militar, pero también el civil. El control de Queipo de Llano llegó a todas las instancias. Es así como se entienda que "no haya distingo entre su patrimonio personal y el patrimonio público".
Camacho era un hombre "conservador", con amigos a la izquierda y a la derecha. "Se le montó una apariencia de delito grave", explica Martín. "Un delito que no cometió, porque luego el caso fue sobreseído". En lugar de ser juzgado en Cádiz, es trasladado a Sevilla. Pero mientras está encarcelado, se produce una venta de Gambogaz en la que no participa personalmente Camacho. La venta se produjo a través de intermediarios, por medio de un poder de representación. Ese representante de Camacho fue uno de los propietarios de la Banca Aramburu de Cádiz, con quien Camacho mantenía una deuda.
Así, se dio apariencia de legalidad a la transacción como ejecución del vencimiento de una deuda y automática compra por parte de una fundación de Queipo de la citada finca. "Esas fundaciones fueron pantallas de humo". Años después, según familiares de Camacho, aquel día perdió una finca pero salvó la vida. La Fundación Benéfico-Social-Agraria más tarde derivaría en la Fundación ProInfancia, que actualmente sigue funcionando. Además, Queipo de Llano utilizó esas fundaciones como propaganda de sí mismo, para alabar su presunta actividad en favor de la sociedad, al tiempo que le servían para ocultar los bienes adquiridos, 'expoliados', y no pagar impuestos, explica Martín.
Sobre los fondos utilizados para adquirir Gambogaz, corrió un rumor en Sevilla que hablaba de un regalo del Ayuntamiento o una recaudación. Sin embargo, tal y como explica Antonio Martín, "era una aportación obligada en Extremadura y Andalucía Occidental, nadie podía escurrir el bulto".
Una de las preguntas que surgen a cuenta de la investigación de Martín es por qué necesitó un militar, que era el Alfa y el Omega en el bando golpista, dotar de apariencia de legalidad al expolio de unos terrenos privados, donde constuiría la finca donde terminó sus días. "Él hablaba muy bien de sí mismo, como una persona impoluta e intachable. Nunca quiso dar argumentos a Franco", con quien llegó a rivalizar para convertirse en el 'generalísimo'. "Cuando el generalato designa en Salamanca a Franco, él se da cuenta de que tiene que cuidar su futuro y el de su familia, que tiene que ir con pies de plomo".
Preguntado sobre si Gambogaz es el Pazo de Meirás andaluz, al estilo de la finca que ha sido recuperada tras estar en posesión de la familia Franco tras tantas décadas, Martín recuerda que Gambogaz nunca fue patrimonio público. "La semejanza es muy forzada". Las figuras jurídicas, presentes en el Código Civil, como la prescripción y la usucapión, “hacen muy difícil hoy, casi imposible, la reversión del Cortijo Gambogaz a los propietarios legítimos, a los que eran sus legales dueños hasta mediados de 1936”. Por tanto, cualquier movimiento de reversión de la venta de Gambogaz en el año 37 debiera ser por medio de exporpiación, algo que piden algunos colectivos memorialistas, sin resultado hasta ahora, y sin visos de que esa vía prospere.