Ni unilateralidad, imposible en una Unión Europea a la que le cuesta aceptar lenguas de naciones sin estado, ni bilateralidad en un estado plurinacional. La investidura no debe ser solo una acuerdo entre representantes de elites de derechas nacionalistas con el PSOE sanchista. Con lentejas para el resto. Para que un acuerdo sea estable, requiere incluir la desigualdad entre territorios, pienso en Andalucía, la desigualdad de clase y las cuestiones feminista y ecologista.
Cualquier acuerdo territorial que resista el tiempo ha de ser plurilateral. Andalucía es una nación cultural y política cuya lengua son sus acentos. Si no está en el acuerdo estará contra el al estilo del “a por ellos” capitalizado por el PP y la ultraderecha madrileña. En la transición las elites vasca y catalana, junto con el postfranquismo, representado por UCD, la corona representada por Juan Carlos I y el empuje social representado por el PSOE, el PCE, UGT y, sobre todo, CC.OO, alcanzaron un acuerdo histórico, lo llamaron Pactos de la Moncloa. Se trataba de superar la crisis interna, agravada por la primera crisis del petróleo del siglo XX, tras la muerte del dictador, así nació el régimen del 78.
Ese pacto incrustó el franquismo en la democracia naciente, cargó sobre la clase trabajadora el peso de la crisis y pretendió excluir de soberanía propia al resto de territorios que no fuesen Euskadi, Cataluña y Galicia. Los dos primeros acuerdos salieron según lo previsto. El franquismo permaneció en judicatura, policía, ejercito y alto funcionariado. Las elites económicas serían las grandes beneficiarias de privatizaciones de empresas estratégicas. La tercera no, Andalucía se cruzó en el camino gracias a la irrupción poderosa del andalucismo político de la mano del Partido Socialista de Andalucía que reclamó “poder andaluz”.
Estos días, mientras Feijóo fracasa, y en su partido muchos esperan el momento para devolverlo a su tierra envuelto en papel prensa madrileño, El PNV y el sanchismo, por mediación subalterna de Sumar, trabajan para convencer a Junts de que es preciso firmar un acuerdo de amparo a las elites vasca y catalana, ley de amnistía mediante. Puigdemont está fuertemente presionado por el empresariado catalán para que llegue a un acuerdo; María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del PSOE, pone sobre la mesa la billetera del estado.
Un acuerdo así, excluyente del feminismo, la ecología y las demandas de equidad de otros territorios, principalmente el andaluz, fortalecerá el ariete reaccionario formado por la aleación de PP, Vox y Felipe VI. Un acuerdo así busca un nuevo reparto entre elites de las plusvalías del trabajo, ambientales y de las tareas de reproducción social de las mujeres. El acuerdo histórico que propone Puigdemont o la convención constitucional que propone el lehendakari Íñigo Urkullu, apuntan a unos nuevos Pactos de la Moncloa. Unos ganan, la mayoría pierde.
Para avanzar en un pacto con potencial republicano es preciso pensar un acuerdo entre pueblos, es preciso pensar en términos de plurinacionalidad plurilateral, no solo en términos de concesiones a Cataluña y Euskadi, con Madrid extrayendo capital de territorios colonizados como el andaluz. En ese acuerdo es determinante el pueblo andaluz para que la derecha no lo use como obstáculo a las legítimas demandas de soberanía de otros pueblos.
Tal vez la izquierda de estado y las independentistas y soberanistas, vasca, catalana y gallega pudiesen explorar, como hacen por la derecha PNV y Junts con el sanchismo, la posibilidad de una alianza estratégica plurinacional republicana para que un nuevo acuerdo histórico tenga en cuenta las desigualdades de clase y las territoriales, la defensa del feminismo y del ecologismo. Así el bloque reaccionario, formado por PP, Vox y Felipe VI, con la ayuda de medios de comunicación, judicatura y estado profundo franquista, al que se suman las comunidades gobernadas por PP y Vox, tendría más difícil torcer el pulso al imprescindible avance democrático plurinacional.
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