Hoy son muchas personas las que hablan de amnistía. Algunas de las opiniones que se oponen tienen un común denominador: no saben de lo que hablan. La falta de rigor político es evidente, toman por idiota al auditorio al que se dirigen con argumentos tan banales como contradictorios. Por un lado, arman un discurso del estilo de “España se rompe”, “me están violando”, “es ilegal”, “es un atentado al Estado de derecho”, “en la Constitución no caben ni la amnistía, ni la autodeterminación”, “esta amnistía es la condena de la Transición”, “tenemos al frente del Gobierno a un delegado de los prófugos de la Justicia”. Por otro, defienden arduamente la amnistía de los crímenes del franquismo, dejando incólumes las sentencias que condenaron a miles de personas cuyo único delito fue querer una patria democrática. Convirtieron de la noche a la mañana el Tribunal de Orden Público en Audiencia Nacional, condecoraron a policías torturadores como Billy el niño, indultaron a personas condenadas por graves delitos contra la patria (Armada, Barrionuevo, Vera), a los condenados por terrorismo de Terra Lliure y ofrecieron amnistías a los dirigentes independentistas catalanes a cambio de elecciones legales.
La contradicción es palmaria y en su vertiente negativa lo que se pretende es acerrojar la evolución imparable de la mayoría de la ciudadanía española hacia la solución del conflicto territorial, que es de fondo, y la configuración de un Estado español plurinacional o si se quiere federal que termine con el “a por ellos” que esgrimen los españolistas cuando así conviene a sus intereses, pero también, superar el pacto de las élites económicas de las burguesías nacionalistas, la madrileña que es España, la catalana y la vasca, que tiene como resultado hacer dependientes económica y políticamente al resto de comunidades autónomas.
En este contexto de aportar soluciones, sean bienvenidos cuantos dictámenes jurídicos avalen la elaboración de una ley de amnistía, si bien, no hay que esforzarse en buscar lo que ya tenemos, pues desde 1982 el Tribunal Constitucional viene sentando criterios constitucionales sobre la aplicación de una amnistía que, no se opone a la Constitución y sí que cabe en esta, eso sí, siempre que se cumpla con los requisitos de los principios y derechos constitucionales (principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y prohibición de la arbitrariedad). Es así como se comprende que el Tribunal Constitucional no haya declarado derogar la amnistía de 1977, que sí que está amparada por la Carta Magna de conformidad con los tratados internacionales firmados por España que, sin excepción, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Si no fuera así, el Tribunal Constitucional la habría declarado fuera de la norma fundamental, aun siendo aquella una ley preconstitucional y no lo ha hecho en ninguna de las veinte y dos ocasiones en la que ha tenido que pronunciarse al respecto.
La amnistía se diferencia del indulto en que la primera solo el Parlamento es competente para promulgar una ley que deberá tener rango de orgánica, mientras que el segundo es una potestad del Ejecutivo. Además, la amnistía no solo cancela la responsabilidad penal, es que se justifica por un bien de nivel muy superior como es la reconciliación, la paz social y la convivencia democrática. Este argumento valió para 1977 y vale para 2023, más que les pese a los españolistas.
Pues bien, desde Andalucía se observa la amnistía como la primera parte de un proceso posterior que quiere sentar las bases para el nuevo modelo territorial que se avecina a paso cierto y seguro. No se ve como una agresión, si bien, solo será posible con Andalucía por ser un pueblo con una identidad histórica que nadie puede cuestionar, que ahorma, que aporta equilibrio y visión de Estado federal. La amnistía se ve como una oportunidad histórica y viable que quiere superar el conflicto político con Cataluña, que se agudizó por una desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó el Estatut catalán, que fue refrendado por el pueblo catalán en 2006 tras ser tramitado favorablemente por las Cortes Generales, siendo de destacar que fue el Partido Popular y los españolistas del PSOE los que rechazaron el contenido de varios artículos de aquel Estatut, aunque, no tuvieron inconveniente en aprobarlos en el Estatuto andaluz. Es por esto que Andalucía es clave en la solución del desencuentro político territorial, siendo el momento oportuno porque solo es posible si se reedita un Gobierno progresista, que deberá abordar la nueva configuración del mapa territorial español, que no es exclusivo de Euskadi, Cataluña y Madrid. Con Andalucía todo, sin Andalucía nada.
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