Hasta hace poco he conservado un recorte de un artículo de 1992 de El País escrito por Antonio Gala titulado “La ancianidad”. Uno de esos artículos en los que en diez líneas lo decía todo con precisión y poesía. En dicho artículo, Antonio Gala alertaba que el problema más acuciante que tenía España a principios de los 90 era el cuidado de los ancianos.
Ya denunciaba que no se estaban haciendo los deberes para garantizar un trato digno a nuestros mayores en una sociedad que avanzaba al galope hacia el envejecimiento. 32 años después, el artículo de Gala rezuma modernidad.
La mejor alimentación, los avances médicos y la mejora generalizada del nivel de vida han conseguido alargar la vida del hombre. España tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo, ocupando el puesto 17º con 80,3 años para los hombres y 86,2 para las mujeres. A pesar de ello, no está muy lejos del primer puesto, que ocupa Hong Kong con 83,2 para los hombres y 87,9 para las mujeres. Sin duda influye el buen clima del que gozamos, si el cambio climático no lo trastoca. Si antes era una excepción que un anciano llegase a los 100 años, hoy día son varios cientos los que anualmente sobrepasan esa edad en España.
Pero una mayor longevidad no es sinónimo de mayor calidad de vida. Al contrario, son miles los mayores que padecen demencia senil incapacitante, Alzheimer, enfermedades crónicas, falta de movilidad, depresión y problemas mentales, etc. Necesitan una vigilancia y un cuidado diario y constante. Tradicionalmente, la labor del cuidado de los ancianos se dejó a las mujeres, las madres que entonces no trabajaban fuera de su casa, pero que se dejaban la vida cuidando de sus hijos y de sus mayores. Una labor nunca bien reconocida. Con la incorporación masiva de la mujer al trabajo a partir de los 80, y sin medidas reales de conciliación en muchos casos, el cuidado de los mayores se ha convertido en un dilema para muchas familias.
Peor es el caso cuando los ancianos no tienen familia, o si las tienen es como si nos la tuvieran. Cada año mueren en España miles de ancianos en sus casas, solos. A veces son los vecinos —en muchos casos sus verdaderos cuidadores— los que se percatan de que algo malo ha ocurrido tras no verlos en unos días y avisan a sus familiares o a la policía. Es una noticia continua el rescate de ancianos por los bomberos tras sufrir un accidente casero, pasándose varios días inmovilizados en el suelo. Muchos ancianos viven rodeados de montones de basuras por el síndrome de Diógenes hasta que las comunidades de vecinos alertan a las autoridades de los problemas sanitarios que pueden producirse. Miles de ancianos con movilidad reducida no pueden salir nunca a la calle por la falta de ascensores en sus viviendas.
Por otra parte están las residencias de ancianos, que en España en la mayoría de los casos aún siguen manteniendo un régimen cuartelero y tienen muchas deficiencias: se levanta a los ancianos muy temprano y no se les permite continuar en la cama y se les acuesta lo antes posible; apenas existen habitaciones individuales que protejan su intimidad, existiendo incluso habitaciones colectivas con varias camas; falta de climatización en las instalaciones; comidas en muchos casos que no tienen la calidad suficiente ni se adaptan a las distintas enfermedades que padecen los mayores; falta de aseo suficiente de los ancianos que no controlan sus necesidades, etc.
Las ratios legales de cuidadores respecto a los ancianos son muy bajas y en muchos momentos – la inspección apenas inspecciona- no se cumplen. Un anciano con demencia senil o alzheimer necesita una vigilancia constante. Es como atender a un niño de 2 años pero con 60 ó más kilos de peso. Se necesita mucho más personal para atender a nuestros mayores. Sin duda hay un gran margen de mejora.
Por otra parte, el Estado español se ha desentendido en la gestión de las residencias de ancianos dejándolas en manos privadas, donde el objetivo principal es la ganancia económica. Más del 70% de las residencias de ancianos en España están en manos privadas. Se ajustan muchísimo los márgenes en personal, alimentación, etc., para que haya una ganancia empresarial. Apenas existen plazas residenciales públicas.
Por ejemplo, en Jerez, sólo hay una residencia de ancianos pública –sin tener en cuenta el albergue municipal en donde hay de todas las edades- para una ciudad de más de 212.000 habitantes. El resto de residencias son privadas, en manos de organizaciones religiosas o empresariales laicas. Se deberían construir al menos 3 residencias públicas más, lo que conllevaría una fuerte inversión económica que no se está dispuesto a hacer. Muchos ancianos en Jerez son llevados a residencias de la provincia (Arcos, Medina, El Puerto, etc.) y tardan varios años en poder estar en Jerez, con el desavío para los familiares para poder verlos.
El cuidado de los ancianos conlleva un gasto que no se pueden permitir las familias más humildes. Muchas familias pudientes contratan cuidadores en dos o tres turnos -la mayoría inmigrantes sudamericanos, que es el único trabajo que encuentran- para que los ancianos puedan estar siempre acompañados. Otras veces pagan residencias privadas cuyo coste asciende a 2.500 euros mensuales o más. Atender adecuadamente a nuestros mayores es un lujo. Muchas familias tienen que recurrir a hipotecas inversas y son los bancos los que se aprovechan de la situación para quedarse con los ahorros de las familias.
En el año 2006 el denostado presidente Zapatero consiguió la aprobación de la Ley de la Dependencia que ha significado un avance muy importante para la atención de nuestros mayores y que ha favorecido fundamentalmente a las clases más humildes. La teleasistencia telefónica se ha extendido y se acompaña y se controla mejor a nuestros mayores. Muchos ancianos reciben atención domiciliaria y son atendidos por cuidadores/as varias mañanas. Otras familias reciben una prestación económica y los propios familiares los cuidan mientras cotizan a la Seguridad Social por su trabajo. Si el grado de dependencia lo requiere, pueden entrar en una residencia de ancianos pública u ocupar una plaza concertada en una residencia privada, que es lo más común. Sin duda, una ley que es un gran logro social, aunque no cubre a todos, sino a los de menor renta.
Pero quien hizo la ley hizo la trampa. La ley de Dependencia es una ley ambiciosa que está infrafinanciada. Cada comunidad la lleva a cabo según sus posibilidades e intereses, no siendo una prioridad esencial en algunas de ellas. Lleva implícita unos trámites burocráticos complicados y lentos. Son miles las familias que esperan una respuesta que tarda dos o más años en llegar. Muchas veces, para vergüenza del sistema, la respuesta llega cuando el familiar ya ha fallecido. Una ley que está muy por encima de la realidad con la que se aplica.
Con esta situación, los que nos asomamos a una edad avanzada sabemos que lo que nos espera va a ser duro. La Dependencia debe ser considerada una prioridad social y un derecho universal como la educación y la sanidad y estar financiada correctamente. Nuestros mayores, y las familias, se le merecen.
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