La concentración de poder en Sevilla está desbaratando el equilibrio que hizo posible el Estatuto de Andalucía. Por supuesto no debe entenderse reproche alguno a la población sevillana, ni a ninguna otra. Se trata de una decisión política ligada al bipartidismo dada su vinculación con las élites económicas centralizadas en Madrid. La aglutinación de recursos y decisiones en la capital andaluza provoca desigualdades en el resto de provincias, tanto en inversiones como en servicios públicos. Así mismo, reduce la autonomía y contradice el espíritu estatutario, que busca una distribución equitativa del poder y la participación territorial, exacerbando, por el contrario, la disparidad económica y social dentro de Andalucía, debilitando la cohesión y la confianza en sus instituciones.
Es muy relevante recordar qué hizo posible el autogobierno andaluz. El andalucismo hunde sus raíces en el siglo XIX, con el movimiento revolucionario de Topete en Cádiz, reivindicando mayor democracia y descentralización. A principios del siglo XX, la figura fundamental fue Blas Infante, "padre de la patria andaluza". Él recuperó la bandera verde y blanca y compuso el himno andaluz y se firmó el Manifiesto Andaluz de Córdoba, que describe a Andalucía como una "realidad nacional", hecho expresamente reconocido en el Estatuto andaluz y con ello nuestra identidad histórica y como única, la cultura andaluza, estando muy reforzados los símbolos andaluces, como la bandera, el escudo y el himno.
El 4 de diciembre de 1977, unos dos millones de personas andaluzas se manifestaron exigiendo autogobierno como la que más. El 28 de febrero de 1980, con ejercicio del derecho a decidir se refrendó el Estatuto de Andalucía, en el que, a pesar de las falsedades y negaciones que vierte el PP, se destaca la singularidad andaluza y la negociación bilateral con el Estado, a través de una “Comisión Bilateral”. Los mecanismos para la transferencia y asunción de competencias se asientan sobre la base de esa negociación bilateral con el Gobierno central, incluso, en materia de financiación autonómica. Lo que objeta, de nuevo, el PP por su aborrecimiento hacia Catalunya.
Todos los elementos señalados proporcionan herramientas políticas para una mayor autonomía y son consecuencia del pacto de equilibrio institucional territorial que en su día se dio, principalmente, por el acuerdo entre Granada y Sevilla, configurando un modelo autonómico de participación política provincial en la toma de decisiones, actualmente muy desnaturalizado. Las Delegaciones Territoriales han sido convertidas en meros entes de trámites administrativos.
Por aquel pacto, Sevilla es la capital andaluza, la sede del Parlamento Andaluz, de la Presidencia de la Junta y del Consejo de Gobierno y, Granada, es la capital judicial, razón por la que alberga la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y su presidencia, que vino a satisfacer las demandas territoriales y a mantener un equilibrio político y administrativo. Eso no impidió, más tarde, que intentaran desmantelarlo mediante el traslado de las secciones penales a Sevilla y Málaga, lo que no se produjo por la gran movilización social habida en Granada. No obstante, eso es lo que ha pasado con la Escuela Andaluza de Salud Pública que ha sido ubicada en Sevilla como parte del nuevo Instituto de Salud de Andalucía. Cetursa Sierra Nevada ha sido absorbida en la Dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía en Sevilla y el Parque de las Ciencias de Granada ahora gestionado por un Consorcio participado por varias Consejerías y su desarme en Granada ya está en proceso, todo ello, sin perjuicio, de la clara intención del PP de convertir a Madrid en la capital mundial del flamenco.
Esa concentración de instituciones, competencias y apropiación de una parte esencial de la cultura andaluza afecta a la estabilidad del consenso sobre la norma fundamental andaluza y es consecuencia del hábito centralista bipartidista, muy ligado a las élites extractivas de nuestros recursos y plusvalías.
Andalucía debe formar parte de la dirección de Estado, lo que es esencial, asimismo, para sustituir ese pacto del bipartidismo con las élites económicas por otro entre pueblos. Este es el desafío político para la izquierda transformadora andaluza que debe afrontarlo sin dilación para que, también, prevalezca el equilibrio territorial, económico e institucional, asegurando un desarrollo equitativo y sostenible, como la mejor forma de cumplir con los objetivos del autogobierno andaluz y su compromiso con el federalismo.
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