Tengo una amiga que siempre dice: "Piensa mal, y acertarás". No soy de su cuerda, pero fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando me enteré de que la Consejería de Educación anda pergeñando cambios en los Centros de Educación de Personas Adultas.
Porque desde hace años parece, con un gobierno autonómico u otro, que hay un empeño en que los grupos de alfabetización y personas neolectoras desaparezcan de los centros de adultos. Estrategias de arrinconamiento y rumorología se han intentado: reducirles horas de clase, dejar caer que mejor se hagan cargo los ayuntamientos, que no son rentables, etc.
Las enseñanzas en los centros de personas adultas se han modificado y ampliado a lo largo de los años para dar cabida a otras nuevas, acordes con las necesidades educativas y sociales de las personas mayores de 18 años. Son centros que ofrecen una segunda oportunidad lo mismo para jovencísimos que para adultos que trabajan o están en paro, para quienes aún no tienen la titulación en Secundaria tan necesaria en el mundo laboral o para el acceso a las enseñanzas de Grado Medio que desean cursar.
Una segunda oportunidad de acceso a la enseñanza bienvenida y muy necesaria, pero que con el tiempo ha ido arrinconando a la "primera oportunidad": la alfabetización y adquisición de herramientas básicas de aprendizaje. Y con los cambios que se avecinan en los centros de adultos se corre el riesgo de que, más que arrinconamiento, se llegue a la extinción de las mismas.
¿Quiénes componen el alumnado al que llamo de "primera oportunidad"? Todas aquellas personas que en su infancia no tuvieron posibilidad de ir a la escuela. En su inmensa mayoría mujeres. En una década trabajando con grupos de alfabetización y personas neolectoras solo he tenido cinco alumnos varones.
Lo decía C., cuya infancia transcurrió en los años 40: "Yo le preguntaba a mi padre por qué mis hermanos iban a la escuela y yo no podía. A mí no me dejaban". Apostilla otra compañera de su misma edad: "A mí me decían que, cuando me casara, sabiendo mi marido leer, escribir y las cuatro cuentas, ya lo tenía todo hecho, que para qué iba a necesitar yo saber de eso". L. es algo más joven y cuenta: "Mis padres murieron siendo yo chiquitilla y con seis años me acogió mi tía y me dedicó a ayudarla en casa y cuidar del niño chico que tenía un añito".
Esta "primera oportunidad" siempre ha estado relacionada con la pobreza. M. nació a principios de los sesenta: "Nosotros ninguno íbamos al colegio, mi padre nos ponía a recoger cartones". Se casó a los trece años y como ella dice cuando enseña la foto: "Mira, si parecemos dos niños de comunión". J., pastor, a sus cuarenta y dos años, nos contó que había nacido en una cueva y era la primera vez que cogía un lápiz. No estoy hablando del año de maricastaña, sino de los años 2017 y 2015. Tampoco he nombrado los pocos casos particulares que he encontrado, sino unos simples botones de muestra.
A lo largo de una década (2011-2021) he impartido clase a grupos de mujeres cuyas edades estaban entre los cincuenta y pocos y los ochenta y pico. Una parte de ellas nacida en una época de la dictadura franquista en que no se consideraba para nada necesario que una mujer fuera a la escuela –¿recuerdan Los santos inocentes, firmar con una cruz, saber solo escribir el nombre?–. La deuda histórica como sociedad que tenemos con ellas aún no está saldada, tampoco la actual, vinculada a infancias de pobreza y, a veces, marginación.
Sin embargo, me he llevado una década escuchando por parte de la administración educativa, incluso de algún compañero o la dirección de algún centro, que total para qué si se podían entretener las mayores en otra cosa o que era mucho gasto para la administración mantener esos grupos y desperdiciar maestros –tal como suena–. También he presenciado cómo se ajustaban horarios y se les escamoteaban horas de clase, incluso desaparecían grupos, para poder atender otros del centro. Todo en aras de la eficacia, la eficiencia y la economía – quién sabe si a día de hoy tienen la caradura de llamarlo "sostenibilidad"–.
Por supuesto, nadie en la administración educativa apostaba –a día de hoy tampoco– por aumentar la plantilla de profesores o buscar locales más adecuados que albergaran no solo los grupos existentes, sino también la creciente demanda proveniente de personas jóvenes y adultas necesitadas de una segunda oportunidad educativa. Todo lo contrario, la supresión de puestos de trabajo en este nivel educativo ha sido en los últimos lustros patente, pero solo si se mira en detalle: aparentemente los centros cuentan con la misma plantilla, si acaso un puesto menos, pero la realidad que se esconde es que los puestos de trabajo estables, los definitivos, los que dan solidez y continuidad a un centro han sido suprimidos, en muchas ocasiones aprovechando la jubilación de la persona titular, y sustituidos por puestos de carácter provisional. Hablando claro: puestos de trabajo que eran fijos ahora son de quita y pon según la conveniencia de la administración.
En el Portal de Datos Estadísticos de Andalucía, Indicadores Sociales, encuentro que en 2011 la tasa de analfabetismo en mayores de 35 años en Andalucía era de 4,26, casi el doble que la española (2,36) y la tasa de analfabetismo entre las mujeres un 5,87, más del doble que la de los hombres (2,53). En la actualización de 2022 se contempla en global a partir de los 16 años, lo que aminora los porcentajes, ya que es mucho más infrecuente el analfabetismo entre los menores de 35 años, pero no por ello son datos menos importantes, pues hablamos del número de personas por cada 100 habitantes. En estos datos de 2022 el porcentaje entre los hombres andaluces es de 1,64 (España, 0,99) y entre las mujeres andaluzas de 2,97 (España, 1,58). En ambos casos casi duplicamos la tasa española.
Estamos en el siglo XXI, y el sentido común me dice que la tasa de analfabetismo debería ser el 0%. ¿Que ya no hacen falta los grupos de alfabetización y personas neolectoras? Sí, aún son necesarios, y deberían ser tenidos en mucha más consideración por la Consejería de Educación y hacer una campaña a lo grande de la forma más adecuada para detectar esa necesidad y arbitrar los medios educativos adecuados. Aunque una parte de ella la conoce por las asociaciones y organizaciones gitanas, por ejemplo. Y que no salga con la cantinela de que no sale rentable.
Porque no nos engañemos, tanto estas enseñanzas como Infantil, Primaria, etc. están regidas por principios económicos y no educativos, si no, ya tendríamos unas ratios más reducidas en las aulas, los centros contarían con los monitores y educadores que necesitan para Educación Infantil y el alumnado de necesidades educativas especiales, las bajas se cubrirían rápidamente y el largo etcétera que todos conocemos.
La administración educativa quiere que los Centros de Educación de Personas Adultas impartan cursos de formación preparatorios de acceso a los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior, para cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea en materia de Formación Profesional a fin de "adaptar el Sistema Educativo a los retos y desafíos del siglo XXI".
Esto conllevará gastos en recursos materiales –en recursos humanos no, quitará profes de aquí y los pondrá allá– para los que sí habrá dinero, pero ¿incluirá el precio de acabar con los grupos de alfabetización y personas neolectoras? ¿Serán excluidos de los "retos y desafíos del siglo XXI" que propone la UE? ¿O como andaluces podemos tener también nuestros propios objetivos y retos? Un desafío aún mayor: erradicar completamente el analfabetismo de nuestra tierra, Andalucía.
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