Hace meses que se sabía que en cualquier momento iban a estar disponibles las vacunas contra la Covid-19 y que habría que distribuirlas y utilizarlas de la manera más rápida posible en millones de personas. No han aparecido de un día para otro, así que resulta completamente injustificado que cuando han llegado se carezca del operativo necesario para vacunar a la población.
Es cierto que las administraciones públicas no están diseñadas para responder con celeridad porque han de actuar sometidas a procedimientos y protocolos estrictos que garanticen la transparencia, la equidad y el control previo y posterior de sus decisiones. Pero, justamente por eso, deben garantizar que existan siempre recursos extraordinarios dispuestos para hacer frente a los casos excepcionales que pueden darse. Y los gobernantes son quienes tienen la responsabilidad de que así sea.
Ante la Covid-19 estamos sufriendo las consecuencias de dos graves circunstancias que han contravenido esa prevención inexcusable.
La primera es que llevamos años debilitando los servicios públicos que resultan imprescindibles ante emergencias como las que estamos viviendo, desde los sanitarios, a los de cuidados pasando por los de seguridad o incluso por los servicios de extinción de incendios y salvamentos, los populares bomberos que en decenas de ciudades han tenido que movilizarse en los últimos años para reclamar recursos que les permitan llevar a cabo con eficacia y dignidad su trabajo.
Dedicamos miles de millones a los ejércitos para disponer de aviones, tanques o barcos de guerra que prácticamente no se usan sino en maniobras mientras que al mismo tiempo se escatima mucho menos dinero para dotar de medios a los servicios que no han dejado ni un solo día de enfrentarse a peligros reales que nos cuestan miles de muertes, y muchas más en una pandemia. Una alteración criminal de las prioridades sobre la que la ciudadanía no reflexiona porque si lo hiciera no tardaría mucho en levantarse contra ella, al darse cuenta de que su dinero se dedica a beneficiar tan solo a unas pocas grandes empresas y grupos financieros y a los políticos sin escrúpulos que se enriquecen a su costa.
La desastrosa gestión de las vacunas en Andalucía y en otros tantos lugares tiene que ver con esa incompetencia manifiesta de nuestros políticos
La segunda circunstancia tiene que ver con la forma en que se ejerce hoy día la representación política y el gobierno de los pueblos, incluso en las democracias más avanzadas. Los aparatos de los partidos políticos están copados por profesionales de la política, cuya formación, capacidades y conocimientos tienen que ver con el manejo de los resortes del poder pero no con la gestión de los asuntos diarios de la vida de las gentes, de las ciudades, de la economía, la ciencia o de la vida social en general. Lo diré de una manera más clara: salvando, eso sí, muchas excepciones que son valiosísimas, lo normal es que nuestros gobernantes o legisladores sean personas de muy poca experiencia de gestión porque no suelen tener ni la más mínima experiencia de actividad profesional.
La desastrosa gestión de las vacunas en Andalucía y en otros tantos lugares tiene que ver con esa incompetencia manifiesta de nuestros políticos. No se puede entender de otro modo que no se haya previsto la instalación de centros de vacunación, la contratación de personal, incluso voluntario, para poder ponerlas durante 24 horas, incluso sin necesidad de bajarse del coche, como en algunos lugares de Estados Unidos.
A esas dos circunstancias en Andalucía tenemos que añadir una sospecha adicional. Como se sabe, el gobierno de la Junta de Andalucía ha otorgado sin concurso previo al laboratorio Bidafarma, donde trabaja la esposa del presidente, la gestión del almacenamiento, la custodia y el transporte de las dosis de vacunas en nuestra comunidad. Imagino que el Parlamento tomará medidas cuando pueda ser para dilucidar si esa empresa y el propio gobierno al decidirlo tiene también otro tipo de responsabilidad, más grave aún, en la mala gestión que se viene haciendo de una vacunación que se nos está diciendo continuamente que es imprescindible para acabar cuanto antes con la pandemia y con los daños catastróficos que está produciendo sobre la salud y el patrimonio de miles de personas y empresas.
Es mentira que la continua privatización de los servicios públicos esté proporcionando más eficacia y menos costes a la sociedad. La pandemia está dejando esto bien claro que es al revés. Y la mala gestión de las vacunas, en concreto, es el síntoma evidente de que la suma de incompetencia, corrupción y sometimiento al interés de las grandes empresas es una combinación más letal que el peor de los virus que puedan atacarnos.
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