El pasado miércoles 3 y jueves 4 de marzo, al menos 850 personas procedentes de Marruecos entraron en la ciudad autónoma de Melilla. Se trata del salto más numeroso después del ocurrido el 28 de mayo de 2014. (L., J., y P. 2022, 4 marzo).
Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional España, señala: "El mundo mira ahora horrorizado las imágenes que llegan de la guerra de Ucrania, y la Unión Europea se lleva las manos a la cabeza con la cantidad de personas refugiadas que esta guerra va a provocar; mientras tanto, en nuestras propias fronteras se castiga a las personas migrantes con extrema brutalidad. España lleva años violando el derecho internacional en su frontera, este trato cruel ya lo hemos visto en demasiadas ocasiones".
Ante esto, queda preguntarnos ¿qué les trae a estas personas cruzar las fronteras? ¿tendrán un destino mejor al cruzarla?, ¿se les considera personas de pleno derecho? o ¿son simplemente inmigrantes ilegales? Todas estas cuestiones engloban una pregunta común: ¿dónde quedan los derechos de las personas migrantes?
Quienes buscan un porvenir y una vida digna, huyen de sus países por motivos bélicos o persecuciones por razones étnicas, sociales o económicas. Intentan traspasar las fronteras, que no son más que muros que separan dos mundos en pocos kilómetros. Más allá de las vallas, se encuentran una amalgama de sentimientos como el miedo y la esperanza de aquellas que intentan cruzarlas.
Han sido varias las movilizaciones y exigencias desde Amnistía Internacional y la sociedad civil que han intentado poner solución a las irregularidades políticas y legales como lo son las devoluciones en calientes.
Amnistía Internacional recuerda que, a estas personas en ocasiones, se les priva del acceso a la tutela judicial efectiva, lo que les niega su derecho a poder solicitar asilo; el acceso a asistencia y asesoramiento jurídica gratuito; y la provisión de intérpretes para garantizar una comunicación firme, segura y justa. Además, es necesario mencionar, tal y como recogen los estándares internacionales de derechos humanos, el derecho a brindar asistencia a aquellos que se encuentren heridos.
Saltar la valla no supone únicamente sufrir lesiones por cortes y caídas, sino que una vez cruzada, la fuerza con la que se carga contra aquellas que la han pasado, son un añadido más. Desde Amnistía Internacional condenamos la "extrema brutalidad" con la que se detuvo el pasado 3 de marzo a una persona tras conseguir cruzar la valla (L., J., y P. 2022, 4 marzo).
Estos actos sin duda vulneran el derecho a la integridad física de las personas y la exponen a malos tratos. Evitar los abusos físicos innecesarios es una obligación para poder salvaguardar los derechos fundamentales.
Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades y gobiernos competentes para poner fin a estas situaciones deplorables en las que se encuentran estas personas y denunciar todos aquellos discursos anti-migratorios que no hacen más que alimentar las discriminaciones.
Nos mostramos preocupados por las irregularidades que se comenten sobre las expulsiones ilegales en España. Éstas vulneran la legislación española y se muestran contrarias a las obligaciones que estipula el derecho internacional en materia de refugiados.
Como alternativa a las devoluciones en caliente se pretende establecer los cauces legales necesarios para que no se atente y ponga en riesgo la propia vida de estas personas. Además, exigimos una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos.
En lugar de repartir dosis de humanidad, desde el gobierno se obtiene como respuestas un centenar de refuerzos de antidisturbios tras los dos días consecutivos de entrada de estas personas (Europa Press. 2022, 3 marzo).
Sin duda estamos ante un modelo migratorio totalmente roto en donde cada día que pasa se van perpetuando un sinfín de desigualdades que hacen que nos preguntemos si realmente se trata de una crisis migratoria o un fenómeno persistente en el tiempo.
Cristina Granados Martínez
Comentarios