El pasado 22 de febrero conmemoramos el Día Europeo de la Igualdad Salarial, una fecha clave para visibilizar la persistente desigualdad retributiva entre mujeres y hombres en España y en el conjunto de la Unión Europea. Este día constituye un recordatorio de la urgencia de adoptar medidas eficaces para reducir esta brecha en la retribución por igual salario, o salario de igual valor, en la que se avanza muy lentamente, o con ciertos retrocesos en algunos países.
Aunque en la década 2012-2022 en España se ha logrado una disminución de 6,83 puntos porcentuales, situándose en un 17,09%, según la Encuesta de Estructura Salarial de 2022 y los datos ofrecidos por el Gobierno, las ganancias medias anuales de los hombres ascienden a 29.381,84 euros, mientras que las de las mujeres son de 24.359,82 euros. Según la Agencia Tributaria, en 2023 el salario medio anual de los hombres fue de 26.390 euros, mientras que el de las mujeres fue de 21.298 euros. Esta diferencia salarial sigue teniendo un impacto significativo en los ingresos de la población femenina, así como en sus futuras pensiones, su estabilidad económica y la calidad de vida de su familia.
Una desigualdad que persiste
La desigualdad salarial entre mujeres y hombres sigue siendo una de las formas de discriminación más persistentes y menos resueltas en las sociedades occidentales. A pesar de los avances legislativos y del reconocimiento formal del principio de igualdad de trato y oportunidades, la realidad demuestra que el mercado laboral sigue operando con sesgos estructurales machistas que desfavorecen a las mujeres La brecha salarial no sólo es una injusticia económica, sino una manifestación palpable del desequilibrio de poder en el ámbito de las relaciones laborales, así como de la debilidad de las políticas públicas de promoción del empleo y las medidas para combatir la discriminación por razón de sexo, limitando la autonomía de las mujeres y erosionando el principio de igualdad de trato y oportunidades sobre los que se fundan las democracias como España y los miembros de la Unión Europea.
Esta desigualdad no es producto de una menor preparación o dedicación de las mujeres, sino de factores androcentristas estructurales muy arraigados:
- Segregación ocupacional: La división del mercado laboral sigue colocando a las mujeres en sectores feminizados y peor remunerados, mientras que los hombres continúan dominando las profesiones más valoradas social y económicamente.
- Penalización de la maternidad: En las empresas se sigue manteniendo la seudocultura que discrimina a las mujeres que son madres, por embarazo e incluso sólo por hallarse en edad reproductiva. Además, la conciliación de la vida laboral y familiar sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres, por falta de corresponsabilidad por parte de los hombres; lo que afecta sus oportunidades de promoción y estabilidad laboral. Mientras que la paternidad a menudo impulsa la carrera de los hombres, la maternidad se traduce en reducciones salariales, reducción de jornadas, precariedad, menores opciones de ascenso para las mujeres, o simplemente, en la pérdida del empleo, por despidos o excedencias.
De hecho, según el informe del Banco de España, ‘The Child Penalty in Spain’, “tras el nacimiento del primer hijo… los ingresos laborales de las mujeres caen un 11%”. “Sin embargo, los ingresos de los hombres apenas se ven afectados por la paternidad. Este impacto diferencial es aún mayor diez años después del nacimiento. Nuestra estimación de la penalización por hijo a largo plazo es del 28%”. Evidenciando este estudio que las cifras en España son parecidas a las de “Suecia y Dinamarca, y menor que la de Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Austria”; porque la desigualdad salarial es una constante universal. Si seguimos a este ritmo, dentro de 134 años habrá igualdad salarial entre mujeres y en hombres en el mundo.
- Sesgos machistas en los procesos de selección y promoción: La persistencia de prejuicios relativos a estereotipos y roles de género, que aún infravaloran el trabajo femenino o que penalizan la maternidad, siguen siendo obstáculos para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, que se reflejan en la falta de equidad salarial.
Una violación de derechos fundamentales y señal de déficit democrático
La brecha salarial no es un problema individual ni una cuestión que deba relegarse al ámbito privado. Es una cuestión que concierne al Estado e instituciones, a los agentes sociales y a toda la sociedad, porque supone una violación de derechos fundamentales de la mitad de la población. La desigualdad salarial, sobre todo cuando se basa en la penalización por maternidad, supone un obstáculo para la equidad social y una deuda pendiente con las mujeres y la misma democracia, porque la desigual remuneración retributiva entre mujeres y hombres por igual trabajo, o trabajo de igual valor, socava los principios de justicia, dignidad e igualdad de trato y oportunidades en los que se sustentan las sociedades democráticas.
El artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea consagra el principio de "igual remuneración por trabajo de igual valor", pero la aplicación efectiva de este precepto sigue siendo insuficiente. La existencia de leyes no garantiza por sí sola su cumplimiento; se requieren mecanismos eficaces de control, supervisión, sensibilización, estímulos y sanciones disuasorias.
Hacia una solución integral que acelere el logro de los objetivos
La persistencia de la brecha salarial entre mujeres y hombres no es sólo una cuestión de injusticia económica, sino un síntoma del déficit de igualdad que persiste en nuestras democracias. No podemos hablar de sociedades justas ni de economías sostenibles si la mitad de la población sigue percibiendo menos por el mismo trabajo, o trabajo de igual valor, o si las mujeres siguen siendo penalizadas por ser madres. La remuneración equitativa no es una concesión ni un privilegio; es un derecho fundamental de las mujeres que debe ser garantizado con medidas eficaces que exijan que se haga valer la ley de Igualdad y la demás normativa en materia de Igualdad Retributiva, Planes de Igualdad, Representación Paritaria y Presencia Equilibrada de Mujeres y Hombres y entre otras, de Corresponsabilidad y Conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Es el momento de actuar, porque sin igualdad económica entre mujeres y hombres, no habrá igualdad real y efectiva entre unas y otros.