El color rosado oscuro, rojo en su nivel máximo no siempre prevalece cuando debe. Lo que provoca la color en ciertas situaciones, es inversamente proporcional a la ausencia plena de materia productora. Ahora se comprende la 'necesidad' de borrar del callejero de Sevilla el nombre de Pedro Gual Villalbí. Tras el desastre provocado en 1961 por el reventón del muro de defensa del Río Tamarguillo, este ministro sin cartera, se dedicó a proporcionar viviendas a los sevillanos. Se construyeron más que en los cien años anteriores y en los 58 posteriores. Y, sobre todo, se hicieron viviendas que sus receptores podían pagar. A la ligera por la premura; pequeñas al estilo de la época. Hoy anticuadas y degradadas, por supuesto. Son casi sesenta años. Pero en sesenta años no ha habido una sola administración capaz de preocuparse por continuar una obra necesaria, a la que obliga la Constitución y no sólo en Sevilla: proveer viviendas dignas para todas las familias necesitadas. Viviendas para quienes no tienen la menor posibilidad de hacer frente al precio especulativo-criminal al que ha sido llevada, tanto en venta como en alquiler.
Es grave que el Gobierno y las administraciones en general permitan a la iniciativa privada especular de forma tan abusiva y exagerada con algo que es un bien común. No lo es en la actualidad pero debe serlo, porque pertenece al bien común legal. Pero se ve, una vez más, que los actuales políticos en el reino de España no son constitucionalistas, pese a usar ese apellido de forma tan gratuita. Porque el constitucionalismo no se justifica con la exagerada defensa a ultranza de uno solo de los artículos de la Constitución. Quizá eso no sea problema de política, pero sí de dignidad. Porque políticos, buenos políticos, no hay. Estos que nos gobiernan a su manera desde 1982, son, parafraseando a Blas Infante sobre los republicanos de su tiempo "quienes no fueron subsidiados por la dictadura". Estos, peor aún que los de hace ochenta años, deben sumar a la añoranza del régimen sus compromisos con diversos gobiernos extranjeros —Alemania, USA, Venezuela (pero la de Carlos Andrés y el “compañero” Cisneros)— y con los grandes grupos empresariales que deciden desde fuera el devenir y el destino de España y su colonia del sur.
Si el costo de construir una vivienda de 90m2 no excede de 60.000€ en el peor de los casos, que su precio de venta supere los 150.000 cuando es "protegida", es más abuso especulativo que resultado del proceso de "oferta y demanda". Porque a la demanda no se le deja más salida que embarcarse o vivir en una chabola. O esperar a que el banco se quede se la quede para crear problemas a la comunidad. Pero que el precio de una promoción pública sólo quede unos cientos de euros por debajo del de promoción privada, hace especuladora a la Administración. Lo peor que le puede pasar a una sociedad. Alguna empresa pública como, por ejemplo, Emvisesa, no conforme con los precios cargados a sus promociones en venta, entra ahora en el negocio del alquiler. Pero ni la venta ni el alquiler deberían ser 'negocio' para una entidad pública. Peor aún lo tenemos con el alquiler de habitaciones, aunque se enmascare con el pomposo y ficticio título de 'vivienda compartida', para volver a las condiciones anteriores al desastre del Tamarguillo. Algunos, más sofisticados, la llaman 'colaborativa', ¿qué es, qué será eso? ¿Quién colabora? ¿La Administración? ¿A precios de entre 300 y 600 euros al mes? Menuda 'colaboración'. Que una habitación cueste más de lo que debería costar un piso, con plena evidencia no es colaborativo. Es especulativo. Lástima que las leyes hispanas no lo tengan prohibido y penado.
Hasta ahora se viene sometiendo a las familias necesitadas a la humillación del sorteo de la vivienda. La Administración, el Gobierno, ya sea PP o PSOE, no hace viviendas porque no le sale de los… ladrillos. Y como no hace suficientes, las sortea. Y a quien no le toque que se jorobe y espere. La empresa pública del Ayuntamiento hispalense le ha puesto la guinda: ahora también se sortean las habitaciones nominadas con el engañoso título; y a quien no le toque una de esas 'viviendas colaborativas', siempre le quedará el recurso de esperar al próximo sorteo, si el frío del invierno se lo permite. Ah, no, que no son para los más necesitados, sino para quienes demuestren ganar suficiente para pagar los precios impuestos, de hasta 600 euros mes. Así que, desde ahora, para vivir en una habitación con baño y 'servicios comunes' en Sevilla, habrá que ganar al menos 1.800 euros. No lo digan muy alto que, ya sabemos: todo se pega menos lo bonito.
'Bonita' es la conclusión: Una 'vivienda colaborativa' cuesta más de lo que debería costar un piso de 90 m2. Volvamos a la pregunta: ¿en qué colabora la Administración? Y una petición: ayuntamientos andaluces, por favor: no sigan esta línea.
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