En caso contrario España no hubiera tenido varias constituciones, porque seguiríamos con las leyes de Roma. O enterrando vivos a los homosexuales, como mandaba la de los godos. Por eso las leyes se cambian con frecuencia para adaptarlas a los tiempos, o porque se compruebe que no son todo lo justas que sería desear. Y en algunos casos, también para hacerlas menos justas. No es bueno confundir legalidad con legitimidad ni con justicia. Las nacionalidades que han tenido referéndum, como es el caso de Quebec o Escocia, todavía no han obtenido la independencia, no porque el gobierno se haya opuesto tenazmente a ello. No la han obtenido, simplemente, porque la mayoría de votantes de esas nacionalidades no la han apoyado. Pero no porque la independencia sea un “golpe de Estado”, por más que lo pregonen PP, Vox y sus adláteres.
Precisamente, todos los referéndum que han sido opuestos a la independencia, como los mencionados, prueban el sinsentido de estar contra su celebración. No hay que temerle a un referéndum, porque el referéndum sólo tiene el objetivo, la sana intención de confirmar el deseo de la gente. Querer la independencia de una Comunidad no es delito, como reconoció el propio juez Llarena, que por eso desvió el juicio hacia otros aspectos, aunque estos no fueron reconocidos en Europa. Si la mayoría de los habitantes de una comunidad tiene el deseo de separarse de la metrópoli, mantenerlos unidos a la fuerza es obligarlos a permanecer atados, pero no unidos. Es decisión dictatorial, porque es una imposición. Lo sano es conocer y reconocer qué quiere ser cada cual. Pero para conocer su deseo, para saber cuál es su decisión, es necesario el referéndum.
No hay que tenerle miedo —repetimos—, menos todavía si, como aseguraba el gobierno de Mariano Rajoy, el referéndum de Cataluña habría fracasado de haberse autorizado. Entonces la oposición gubernamental además de ilegítima es ridícula. ¿Para qué enervar a una comunidad o a un grupo determinado, si se tiene la seguridad de que no apoyarían el referéndum de autodeterminación?
Querer formar parte de un proyecto, o no, es opción legítima. No traiciona a nadie quien no quiere formar parte de una entidad, cualquiera que sea esa entidad. En el caso de un Estado, si son sus leyes las que impiden expresamente la independencia de una parte, o incluso la celebración de la consulta, lo justo sería cambiar esas leyes por otras más justas, menos coercitivas. Por tanto, nadie tiene que pedir perdón por querer independizarse, opción plenamente legítima, sea legal o no. Porque las leyes, como ya se ha dicho, están para cambiarlas cuando sea realmente necesario. El inmovilismo legislativo sólo puede conducir a la división. Y el castigo cerrado perpetuo lleva al enfrentamiento, erosiona la convivencia, aumenta la discrepancia. El castigo continuado deja de serlo cuando se convierte en venganza, actitud no convincente y enemiga de la reconciliación. Por eso, ante la virulencia del discurso de Feijoo y más aún el de Abascal sólo cabe preguntarse ¿Por qué? ¿Para qué sirve eternizar un conflicto? Porque el autoritarismo puede vencer, a veces, pero mejor sería que buscaran convencer, pero los gritos y la violencia sólo “convencen” a quien ya está convencido. Cada cual es libre de manifestarse sin violencia, los violentos carecen de respaldo legal o legítimo, lo lamentable es que los andaluces no salgan a la calle por sus múltiples problemas, y sin embargo salgan para enfrentarse a otras comunidades. Eso debemos a los enemigos de la democracia y la convivencia.
No es bueno confundir legalidad con legitimidad, recuérdese. La coalición de gobierno acordada estos días, es plenamente legal, porque está ajustada a la Constitución y a la Ley Electoral, aunque a la derecha y ultraderecha no les gusten las leyes actuales, a juzgar por sus votos y sus protestas, pero en ese caso ¿por qué se niegan a cambiarlas? Parecen pensar que sería lícita una coalición formada por esos dos grupos, pero no en cambio cualquier otra combinación menos favorable a ambos. Por más que les duela, según la Constitución y la Ley Electoral (con la que muchos diferimos), especifican bien claramente que al Presidente del Gobierno lo nombra el Parlamento, por lo tanto, no existen los 'gobiernos frankenstein', como lo calificó Feijoo. Pues ¿cómo habría calificado la compuesta por él y Abascal, además de coalición también, en minoría? O ¿por qué no recuerda los indultos y dineros dados a Pujol por Aznar para obtener los votos de CiU?
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