Menos discutir, más reclamar

Pedro Sánchez y Juanma Moreno, presidentes de Andalucía y de España, en un acto en Sevilla.

El presidente del Gobierno de España, Señor Sánchez, ha ofrecido financiación a la carta a las comunidades autónomas. Un mecanismo de compensación que ya veremos si satisface, a la especial —singularidad lo llaman ahora— de las mejor tratadas en cuanto al pago de impuestos y sobre todo si compensa a las peor tratadas. Sólo queda saber hasta dónde es capaz de llegar el nuevo método de financiación autonómica, término lingüístico adoptado por el señor Sánchez y la disponibilidad del presidente de la Junta de Andalucía, señor Moreno, para luchar como le corresponde. 

De momento queda más que probado que el presidente elegido por una mayoría de andaluces, debería preocuparse menos de los deseos y las reivindicaciones de otras comunidades, incluso cuando esas reivindicaciones consistan en amagar con independizarse, entre otras razones porque ya no hace falta decirlo: ya es solamente un amago, una presión al gobierno del Estado para mejorar sus ingresos, justamente lo que han perseguido en todo momento con la presión de la amenaza, presente tan sólo en el espíritu de una amplia mayoría de catalanes. —O minoría, si Rajoy no hubiera prohibido el referéndum ya habríamos salido de dudas—. Y una cosa es cierta: difícil va a ser la elevación de ingresos para unos, si no se rebajan los de otros. Esto no es un sistema federal, pues el sistema federal es mucho más amplio, mucho más extenso que el simple reparto de dinero y cuánto se va a llevar —o se va a quedar— cada cual, que es el “quid” de la cuestión y por eso lo verdaderamente importante.

Y aquí vuelve a entrar la figura de nuestro campechano Moreno y su obsesión por ocuparse más de los demás que de sí mismo. Esto es: de nosotros mismos. Ocuparse menos del inexistente riesgo de “romper España”, que del riesgo cierto de mantener Andalucía a la cola y sin visos ni perspectiva de mejora. Los andaluces, y no solamente los andalucistas, le quedaríamos muy agradecidos si de verdad se dedicara a pensar y a trabajar por Andalucía, por toda Andalucía, pero en sentido real y realista: menos folklorismo sentimentaloide y más realismo económico, social, cultural, artístico, histórico. Y folklórico también, en cuanto concepto muy distinto al socorrido “folklorismo” sandunguero y olé.

Andalucía lleva doscientos años marginada adrede por todos los gobiernos: monárquico, republicano, dictadura y democracia o lo que sea esta etapa que vivimos. Hasta los primeros veinte años del siglo XX, Andalucía fue quien pagaba más impuestos, con una tasa superior a los demás. Y esto ocurría mientras se financiaba a la industria férrica del norte en detrimento de la nuestra, entre otras “lindezas” similares (Véase Andalucía, un mundo colonial, Ed. Averroes libros). Y esto ha seguido ocurriendo hasta el momento actual en solución de continuidad, por responsabilidad directa de todos los gobiernos. Insistimos.

Por eso Andalucía necesita y merece un acto de Justicia: una compensación. Sólo esa compensación podrá cambiar la situación y permitir que dejemos de ser la última en todos los indicativos. Lo decía muy acertadamente el ex Ministro, ex presidente del INI y del BHA, Claudio Boada Villalonga, en la revista del Ministerio de Comercio de julio de 1976 en que señalaba como decisivo: del retraso andaluz, “la falta de entidades financieras auténticamente vinculadas a Andalucía”. Entidades que fueron y han seguido siendo negadas por los gobiernos sucesivos. Porque la única forma de igualar es invertir más en las zonas menos desarrolladas.

Ahí está la cuestión planteada ahora. Moreno debería exigir la totalidad de los impuestos ingresados en Andalucía, y los procedentes de negocios, de ventas realizadas en Andalucía por empresas de fuera y por eso hasta este momento ingresados en cualquier otra Comunidad, sean forzosamente ingresados en Andalucía, porque así se tendría en cuenta lo que realmente paga cada una. Además, en línea con lo escrito por Boada en esa revista, Andalucía debe recibir una compensación hasta que el ingreso percibido pueda elevar el nivel comercial, agrícola, industrial y de servicios, y con ello su nivel económico al menos se iguale al de las comunidades más ricas.