“A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”. (Artículo 404 del Código Penal)
Con absoluta independencia de que pudieran encontrar o no, alguna culpa a Begoña Sánchez, lo que está quedando diáfano es que el procedimiento adoptado por el Juez Peinado no es el correcto. Cuando menos, no es el más adecuado, porque no respeta normas universales y, entre ellas la presunción de inocencia, principio recogido en las leyes españolas, pese a los partidarios de denunciar a alguien con la sola prueba de unos recortes de prensa, producto de comentarios realizados en público por los propios denunciantes.
En primer lugar, el Juez Peinado ha emprendido lo que se permite llamar “investigación” con interrogatorios a las personas por él mismo implicadas. Al parecer trata así de averiguar si hay algún comportamiento delictivo en la persona interrogada. Esto en sí ya es, si no delictivo, sí extraño y contradictorio con un principio universal de la Justicia. El principio de presunción de inocencia. Es el siguiente: 1. Todo acusado se presume inocente mientras su culpabilidad no haya sido declarada legalmente. 2. Se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa. Un segundo principio afirma: “Todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario” Y lo remata este: “Nadie tiene que demostrar su inocencia. La Justicia es la que debe probar su culpa, en todo caso”.
El Juez podría argumentar que no ha acusado a nadie todavía, “solamente está investigando”. Extraña forma de investigar, se investiga por fuera, se buscan pruebas, documentos, datos, porque si centrarla en los interrogatorios fuera una norma democrática, dejaría de serlo, pues en ese caso todos seríamos sospechosos. ¿De qué? De nada, mientras el/la acusado/a no pruebe su inocencia. Pero ¿de qué? Si no hay una causa, ni siquiera una sospecha formal que permita comenzar la investigación. En segundo lugar, la investigación se debe hacer buscando pruebas, pero las propias declaraciones no pueden suponer pruebas, sino solo de que se le está interrogando para ver si ha cometido un delito todavía no aclarado, un “delito” del que nadie puede acusar sin mentir o cuando menos ser excesivamente atrevido, ni nadie debe ser acusado si no hay ningún indicio más que la palabra del o los denunciantes y unos recortes de prensa que aparte no ser válidos para probar nada, existen porque proceden, precisamente, de opiniones públicas manifestadas sin pruebas, por los propios denunciantes en ruedas de prensa o reuniones teóricamente informativas.
Lo más extraño en este caso, es que el Juez se haya basado en esos recortes para aceptar la demanda, aunque ya fueron desechados con anterioridad por un Tribunal Superior, al no ser considerados válidos, algo no tomado en cuenta en este caso, pese a constituir jurisprudencia y, al venir de un Tribunal superior, debe ser aceptado y cumplido en posteriores investigaciones y sentencias. Para terminar de enredarlo todo, el abogado del grupo o asociación “Hazte Oír”, se permite decir que “hay indicios”, pero ni figuran en la denuncia ni los ha especificado hasta ahora, lo cual hace dudar seriamente de su existencia. Viene a la mente una pregunta: ¿Qué haría el señor abogado, si fuera un cliente suyo el citado por el Juzgado sin disponer de ningún dato en que apoyar su supuesta investigación, salvo que se considerara “indicios”, término bastante débil en sí mismo, para justificar un interrogatorio, sin ni siquiera haber hecho en ningún momento una investigación previa que pudiera confirmar algo?
Con tan débiles argumentos y ninguna prueba, ni siquiera elemento para empezar la investigación, representantes de algún partido incluso han afirmado que el presidente debe dimitir “desde el momento en que está siendo investigado”. Esto, tanto la aceptación de las demandas por el Juez como las rápidas conclusiones de esos partidos que buscan pescar en río revuelto, ¿es democracia, o según ellos todos somos sospechosos? Más bien ese comportamiento quiere romper el principio de presunción de inocencia. Libera de la necesidad de buscar pruebas a policía y Justicia, en tanto quiere retroceder al procedimiento dictatorial en el cual “todo el mundo era culpable mientras no demostrara lo contrario”, con lo cual todos estaríamos ahora mismo en libertad provisional.
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