Es lamentable tener que recordarlo, pero lo habíamos anunciado. Mejor dicho, denunciado. El problema de la independencia en realidad solamente es económico. Si Cataluña se hubiera independizado hace algunos años, su relación con España todo lo más sería similar a la de otros países no miembros de la Comunidad Europea, porque uno solo de sus componentes puede impedir la incorporación de otros estados. Pero en realidad, los únicos en creerse la sinceridad del movimiento independentista han sido y siguen siendo la mayoría votante. Los únicos fieles a la independencia, igual que sus opuestos, sólo han sido los votantes. Y ciertos poderes judiciales y políticos han ratificado a la gente y afianzado su catalanismo, con su cerrada oposición y represión.
Porque hay varias formas de responder al independentismo. Una, la aplicada a Andalucía, es de orden colonial. Consiste en mantenerla en la pobreza, para que la necesidad de buscar la subsistencia propia y familiar, impida pensar en “devaneos” políticos como lo llaman muchos, creyendo que así le quitan importancia y fuerza. Otras dos formas, las más utilizadas después de la descrita, son la anglófona, la aplicada a Escocia y Gales por Inglaterra o a Quebec en Canadá: permitir cuantos referéndums decidan hacer, seguros de así ir aburriendo a los electores, y la española, la menos inteligente, que es enrocarse en la 'unidad indisoluble', agredir en un primer momento aún conscientes de la 'solución' posterior de compensar económicamente a la Comunidad descontenta para acallar las voces de sus dirigentes.
Y esto es lo que ya estaba avisado y denunciado desde los primeros movimientos supuestamente por la independencia. Porque los así autotitulados, conocedores también del carácter impulsivo, dictatorial y cortoplacista de los distintos regímenes españoles, conscientes de que el poder central respondería con violencia, como se hizo cumplimentando así la previsión para que no pudiera quedarse en suposición, cometieron la aparente torpeza de declarar la independencia para anularla y volver a someterse al Estado español un minuto después. Porque la primera reacción producto de la soberbia, no sería tomar en cuenta la decisión final, sino 'sacarle punta', exprimir hasta lo imposible el acto inmediatamente anterior, para condenar a los considerados responsables de aquel 'intento fallido'. La venganza parece más importante que la Justicia. La mentalidad inquisitorial todavía no ha sido erradicada.
Pero eso es lo que buscaban los supuestos promotores de la independencia. En esencia, alcanzar el mismo grado, la misma competencia de que ya gozan las dos comunidades forales: manejar íntegramente todo cuanto ingresan a la Hacienda Pública, que desde ahora no será la española, sino la catalana. No se tiene en cuenta que de esos impuestos ingresados en Cataluña, la mayor parte no son generados en Cataluña. Por el contrario proceden de ventas de sus productos generadas en todas las demás comunidades del Estado español. Por lo tanto, apropiarse de ellos es detraerlo, o mejor sustraerlo a quienes en realidad los han aportado. Y en este caso Andalucía por su población es de dónde más dinero se apropian, seguida de Canarias y Extremadura. En definitiva, la concesión de beneficios fiscales, mucho más en esta forma, al manejar en su beneficio, en beneficio de las comunidades más ricas un dinero procedente de los demás, es una forma descarada e injusta de empobrecer a las comunidades más pobres.
Quedémonos y asimilemos la enseñanza recibida: Andalucía no debe reclamar un trato similar, porque su producción y por tanto su venta es bastante menor y porque al seguir comprando productos manufacturados en otra comunidad, está financiando a esa comunidad y perjudicándose a sí mismos en la misma proporción. Andalucía y cualquier comunidad utilizada y empobrecida para impulsar el crecimiento de otras, necesita y merece un tratamiento compensatorio. Eso significa que durante el tiempo que sea necesario, debe ser compensada hasta igualarse a las primeras. No basta con crecer: hay que crecer más para recuperar lo perdido. Y eso requiere voluntad y un trabajo serio por parte de las autoridades autonómicas y estatales. Pero ha quedado sobradamente probado que nada de eso se podrá alcanzar sin más por la mentalidad española, aún menos mientras la comunidad empobrecida se manifieste como 'la más española', 'muy española y mucho española'. O dicho de otro modo: no se podrá conseguir mientras su protesta no se oiga, como mínimo en mayor cantidad de formas, con más fuerza y volumen del de aquellas que han obtenido el régimen fiscal privilegiado y por eso discriminatorio aunque aún más depredador.