Hace tiempo que muchos progresistas andaluces, guardando respeto a un CGPJ caducado y en funciones desde hace más de cinco años, esperaban este momento en silencio. Gente de bien que, contra viento y marea, han aguantado insultos, menosprecios y furibundos ataques, en base a medias verdades y mentiras. Razón por la que ahora, que se ha hecho público el dictamen del Tribunal Constitucional, sobre el mediático caso de los ERE en Andalucía, es necesario salir a reivindicar la inocencia de tantos hombres y mujeres que, durante más de una década, han sufrido un escarnio público y han pagado un muy alto precio, por llegar hasta aquí y poder decir, alto y claro, que no robaron nada.
Ya en los albores de la instrucción del procedimiento del caso, con el que el Partido Popular consiguió desalojar de San Telmo al PSOE-A, se produjo una anomalía que ha resultado ser clave en la sentencia dictada por del TC. Y esta no fue otra que la de encargar a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), realizar una "pericia contable" por encargo de la juez de instrucción que estaba a cargo del caso.
Dado que, dichos peritos, como señalasen varios de los inculpados en sus testificales, fueron quienes introdujeron en el procedimiento las piezas sobre las que se levantó el armazón incriminatorio que ahora ha hecho caer la sentencia en el alto tribunal. La primera fue que los proyectos de ley del presupuesto, que contenían la partida con la que se financiaron las subvenciones de los ERE, eran ilegales. Cuestión esta, completamente inverosímil, dado que un proyecto de ley es legal desde el mismo momento de su aprobación parlamentaria. Mientras que la segunda, aún más rocambolesca, si cabe, se basó en introducir la idea de que el Gobierno de la Junta de Andalucía había engañado al Parlamento.
Como ha quedado demostrado, aquello solo sirvió para enredar aún más el proceso con elucubraciones acerca del régimen jurídico de las ayudas de Estado en el ámbito de la Unión Europea, la potestad subvencionadora de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, las competencias constitucionales en materia laboral de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el funcionamiento de las principales instituciones de la región, como el Parlamento y sus comisiones, el Consejo de Gobierno y la Cámara de Cuentas de Andalucía. Cuestiones que, sembraron de dudas un procedimiento, ya de por sí largamente dilatado en el tiempo, por mor del secuestro del CGPJ. Hasta el punto de llevarse por delante, la presunción de inocencia, la salud y las trayectorias profesionales y políticas de muchas personas honradas que, han comprobado en propias carnes aquello de que "la justicia, cuando es tardía, ya no es justicia."
Así pues, esta sentencia ha echado abajo las argucias de una teoría en base a la que, la otrora mediática jueza, llegó a imputar y poner bajo la espada de Damocles a un grupo de personas que nunca merecieron encontrarse en mitad de una caza de brujas, sin precedente en nuestro país, y solo comparable, a nivel mundial, con la del macarthismo. En aquel extendido proceso de declaraciones, infundadas acusaciones y denuncias, interrogatorios, listas negras y procesos irregulares que, en los EEUU, sentó en el banquillo a un nutrido grupo de personas a las que se acusó y juzgo de ser comunistas, entre los años 1950 y 1956 del siglo pasado.
Volviendo a nuestro caso, hace unos días el TC, falló que aquellas no fueron resoluciones administrativas sino actos políticos de un Gobierno que, nunca antes, ni después, pero sobre todo, en ningún caso un juzgado de lo penal podía juzgar, en base a las partidas a pagar por las prejubilaciones de trabajadores de empresas andaluzas en crisis. Ante lo que la justicia quiso ver la prevaricación de una malversación, sin precedente. Quizás por todo ello, en la exculpación que, días atrás, dicha sentencia ha hecho de las exconsejeras andaluzas de Hacienda, Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo, se encuentre el preámbulo de un posterior y nutrido número de exculpaciones que, caerán al dictamen de los recursos de amparo de otros tantos procesados. Sin embargo, para ser justo con los hechos y no confundir el todo con la parte, quisiera aprovechar la ocasión para también acordarme de varios y muy notables miembros del Partido Popular, que en contra del torticero argumentario sobre el que sus compañeros de filas construyeron el relato y el andamiaje de tamaña mentira, rompieron una lanza en favor de la inocencia de varios de los imputados. Así pues, vayan por delante mis respetos hacía el exministro Rodolfo Martín Villa, el exdiputado Eugenio Nasarre, el histórico dirigente andaluz Juan Ojeda, la exdiputada Beatriz Rodríguez-Salmones y el parlamentario José Manuel Gómez-Ángulo.
Es curioso cómo, a tenor de esas remembranzas, ha acudido hoy a mi memoria la letra de aquel famoso tango argentino de Santos Discepolo, que tan famoso hicieron Goyeneche como Carlos Gardel. Ya que hace muchas lunas, que un servidor tuvo la íntima suerte de oírselo cantar en Granada a Enrique Morente, con el flamante Premio Príncipe de Asturias y no menos admirado, Leonard Cohen, por testigo. Un tango argentino que resumía a la perfección lo que, en opinión del maestro del Albaicín, estaba sucediendo con la política y la justicia en nuestra Andalucía, en España y la Humanidad.
Siglo veinte, cambalache
Problemático y febril
El que no llora no mama
Y el que no afana es un gil
Dale nomás
Dale que va
Que allá en el horno
Nos vamos a encontrar
No pienses más,
Sentate a un lao,
Que a nadie importa
Si naciste honrao
Es lo mismo el que labura
Noche y día como un buey,
Que el que vive de los otros,
Que el que mata, que el que cura
O está fuera de la ley
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