Hace unos años, cuando empezaba en esto de la seguridad privada, existían los vigilantes jurados y en aquellas fechas, poder trabajar prestando servicios en algún organismo oficial era un inmensa suerte, fuese en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas o para cualquier Ministerio de Estado, pues en estos servicios se contrataban empresas serias y no se conculcaban los derechos básicos de los trabajadores, pues de alguna forma, dichos organismos eran los garantes del bienestar y cumplimiento no solo de sus funcionarios, sino también de las contratas que les prestaban sus servicios: empresas de seguridad, limpieza, mantenimientos, jardinería, etc.
Con el paso del tiempo, se modificó la Ley de Contrataciones Públicas —elaborar leyes les corresponde a los políticos— y comenzaron a aparecer empresas que ofertando los concursos públicos a la baja obtenían la adjudicación de dichos servicios, habida cuenta de que la propia redacción del pliego de condiciones premia y puntúa sobre manera la oferta económica más barata, desaparece de la legislación las bajas temerarias, aquella que a priori, resultaba dudoso poder hacer frente a los costos del objeto del contrato, y con ello se consuma el desastre para los trabajadores de este tipo de empresas. Ha día de hoy casi todas las administraciones y organismos públicos contratan lo más barato y por ende lo que genera más problemas a los trabajadores de la contratas. Es una pena, que mientras esto sucede, en el sentido inverso, muchos de los políticos de turno, se procuran buenos salarios y no dudan en obtener incluso un pluriempleo en distintas de estas administraciones, cobrando lucrativos salarios en ambos, puertas giratorias y todo tipo de desvergüenzas. Podrían pensar un poco más en los ciudadanos y facilitarles sus derechos básicos, quizás reformando leyes a todas luces injustas.
Señores políticos, a los que a buen seguro aun quedáis horados, la democracia nos trajo a los que vivimos la Transición el sueño de la igualdad, del respeto al débil, de la no discriminación y de una serie de derechos amparados por una Constitución que a día de hoy estamos destruyendo entre todos, pero los que tienen la obligación de legislar en justicia y velar por que así se cumpla, no pueden ser lo que les aboquen a los incumplimientos, pues llegado a este punto, como ciudadano libre y responsable de mis actos, me viene a la cabeza las palabras del filósofo Henry David Thoreau.
Precursor del pacifismo y de la desobediencia civil, pues no se debe colaborar ni cooperar con un sistema político a todas luces inmoral y falto de la más mínima ética, que propugna y proclama el valor de las instituciones, pero no duda en mirar para otro lado mientras saquean al débil y cuando se les pregunta que están dispuestos a hacer, responden que no está en su mano la solución y hay que cumplir lo firmado, aunque como en este caso, está manifiestamente demostrado, que MERSANT VIGILANCIA SL, SEPROALERT, ETC., son empresas piratas que se adueñan y apropian indebidamente de los salario de estos vigilantes de seguridad, incumplen el convenio colectivo y todo tipo de obligaciones (seguridad social, hacienda, etc.) sobre todo si trabajan para organismo públicos y un buen día, con la mayor tranquilidad, desaparecen como el Guadiana y dejan la deuda para que la pague el pueblo, mientras al día siguiente comienzan a operar con una marca distintas y el siclo comienza de nuevo. ¡Cómo han cambiado los tiempos!
Antonio Montesinos Ruiz es secretario del Sindicato SPV.
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