Aun teniendo en cuenta las unidades públicas creadas en este mismo periodo, son casi 2.000 las unidades escolares que se han suprimido de los centros escolares públicos en Andalucía desde el año 2019. Las supresiones ya venían produciéndose por la bajada de natalidad, pero en los últimos años, estas supresiones se han incrementado significativamente.
Han sido exactamente 486 las unidades suprimidas en los centros escolares públicos andaluces en el presente curso escolar. La bajada de natalidad, que debiese repercutir en una menor ratio y en una mejora en la calidad educativa, se utiliza en Andalucía para reducir unidades escolares públicas. En los centros concertados, las supresiones este curso lo han sido en 17 unidades, y han contado con 37 nuevas dotaciones, básicamente con profesorado de apoyo a la integración.
Andalucía continúa con su ratio 25 en infantil y primaria, 30 en secundaria y 35 en bachillerato (excepcionalmente 28, 30, 33 y 38 respectivamente), unas excepcionalidades que se hacen norma según en que centros. Andalucía, junto a Madrid y Cataluña, es la comunidad autónoma con mayor número de escolares por aula. En Primaria, Andalucía se lleva la palma. Ni siquiera la pandemia logró que los desdobles creados por la urgencia sanitaria se mantuviesen. Los datos estadísticos globales de ratios que la Junta de Andalucía hace públicos encierran medias de porcentajes que no responden a ciertas realidades pues en tanto hay pueblos con ratios bajas que inciden a la baja en esa media, en las grandes zonas metropolitanas esta ratio está sobrepasada. Y es en esas poblaciones donde se están suprimiendo mayoritariamente las unidades escolares públicas.
El argumento de que el coste de la bajada de ratio es excesivo y que esta reducción debiese ser selectiva para zonas con problemas sociales, resulta absurdo ya que en esas zonas la ratio es de por sí baja mientras que en los centros concertados de la misma localidad se mantiene el número máximo, copando así la escolarización. O la bajada de la ratio es generalizada en todos los centros sostenidos con fondos públicos de una misma localidad o no surtirá efecto en la mejora global educativa. Sólo una bajada generalizada de ratio evitará la supresión de unidades públicas y la mejora del éxito escolar. Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha o Euskadi, por ejemplo, son comunidades autónomas en las que se ha reglado la bajada de la ratio, pues o se regula la reducción de la ratio o determinados centros podrán exigir la ratio máxima generando la supresión de unidades escolares públicas, un problema que en determinadas poblaciones, como Cádiz capital, es sangrante.
Resulta preocupante que las supresiones de unidades escolares públicas se realicen antes de finalizar el propio periodo de escolarización, en el mes de marzo, al limitarse previamente las plazas que pueden ofrecerse. En tanto se limita previamente la oferta de plazas públicas, en ese mismo periodo se mantiene la de los centros concertados sin limitarla. En Andalucía, las posibles supresiones de unidades concertadas son a posteriori y se limitan a las efectivas solicitudes que reciben estos centros, una medida de la que se priva a la educación pública. Estas políticas están generando en Andalucía el desmantelamiento de centros públicos a favor de centros concertados tal como ya realizan otras comunidades autónomas, caso, por ejemplo, de Madrid, donde la oferta pública es, según qué zonas o poblaciones, inexistente. Que en Andalucía todas las zonas de escolarización incluyan al menos un centro concertado, aunque no pertenezca a esa zona, es otra medida injustificable en un modelo en el que prima la proximidad del domicilio y que, en esta cuestión, se obvia.
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