Hay una creciente tendencia a extender el concepto y los límites cronológicos de la memoria histórica más allá de la represión golpista y franquista de la inmediata posguerra. Primero fue la aparición de la "memoria democrática" para incluir a todos aquellos represaliados por la Dictadura hasta la muerte de Francisco Franco y los nebulosos años posteriores de la llamada Transición.
La memoria histórica, más allá de conceptualizaciones, nació por el impulso de familiares y grupos de la sociedad civil ligados, fundamentalmente, a la búsqueda de desaparecidos y las exhumaciones de fosas.
Los asesinados entre 1936 y 1950 habían sufrido con todo rigor las políticas de olvido y ninguneo practicadas desde 1978. Tras las elecciones municipales de 1979 se produjo un primer intento de sacarlas del olvido al que, los grupos de derechas e izquierdas del momento, establecieron un cordón sanitario que logró que la mano derecha ignorara lo que hacía la izquierda. La llegada del PSOE al gobierno en 1982 cortó en seco cualquier veleidad. Hasta el año 2000.
Con calzador, las administraciones han ido admitiendo, al menos, reivindicaciones mínimas. Aquellas ligadas con los derechos humanos básicos. Es el caso de las exhumaciones. Otras ni están en las agendas, ni se le esperan. En veintidós años se buscado más encauzar, controlar al memorialismo, utilizarlo partidariamente que ir avanzando en la consecución de sus objetivos de verdad, justicia y reparación. Comenzando por una política activa de concienciación de una sociedad que, mayoritariamente, obvia la cuestión cuando no sigue creyendo a pies juntillas la propaganda golpista y franquista. En especial eso del "todos fueron culpables que iguala a golpistas y gobernantes".
Ya la ley andaluza de 2017, en su artículo 4º, define a la "memoria democrática" como "la salvaguarda", conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades para hacer efectivo el ejercicio del derecho individual y colectivo a conocer la verdad de lo acaecido en la lucha por los derechos y libertades democráticas en el período que abarca desde la proclamación de la Segunda República española, el 14 de abril de 1931, hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el 11 de enero de 1982, así como la promoción del derecho a una justicia efectiva y a la reparación para las víctimas andaluzas del golpe militar y la Dictadura franquista.
Más recientemente, en octubre de 2022, la nueva ley de memoria nacional, en su artículo1º, el que define su objetivo y finalidad, se muestra más ambigua en lo que se refiere a los límites cronológicos. En su punto 1º dice que la ley "tiene por objeto la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida ésta como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales". Mientras que en el 2º deja fuera lo ocurrido desde 1931 al asegurar que "es objeto de la ley el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978".
Quizás ya los redactores advirtieron la peligrosa puerta que había abierto aquello de la lucha por los derechos desde 1931. ¿Serían perseguibles, desde la memoria histórica, entonces los responsables de la matanza de Casas Viejas? ¿Seguiríamos igualando a gobernantes legítimos y a golpistas?
Pienso que lo ocurrido estos días de enero de hace 90 años en Casas Viejas no pueden entenderse sin tener en cuenta eso de la "razón de estado" que termina privatizando los intereses colectivos. El gobierno republicano-socialista presidido por Azaña puso por delante los suyos a los del régimen republicano. De esta forma se cargó las esperanzas reformistas (revolucionarias las llamaban) de la República del 31 y abrió el camino para el ascenso de la derecha y extrema derecha empeñadas en cerrar cualquier reforma y que se miraban en el espejo del autoritarismo europeo del momento. En especial en Alemania e Italia.
Pero eso es muy distinto, repito, a igualar a gobierno y golpistas. Sobre todo si quienes lo hacen, aunque pienso que sin haberlo pensado mucho, se consideran demócratas y creen en el Estado y los gobiernos. ¿Acaso consideran qué es igual la represión gubernamental de 1933 que la golpista? Puedo estar equivocado pero eso de igualar a unos y otros, aunque no me gusten ninguno, no es un buen camino y da cancha a la derecha y la extrema derecha. Que en eso de moral y lealtad institucional, que no sean las suyas, andan más bien escasas.
Por cierto, sí hay una tarea pendiente en el cementerio de Casas Viejas. Ver, si como se rumorea, en el nicho en el que están los restos de las víctimas de enero de 1933 también están los de algunos de los asesinados en la comarca el verano de 1936.
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