Durante la semana que hoy acaba, determinados medios se han esforzado por recalcar dos cuestiones sobre el cierre de la Comunidad de Madrid: a) es una invasión de competencias del Gobierno central, y b) va a destrozar la economía de toda España. Analicemos.
Si revisan la hemeroteca, podrán comprobar que la Comunidad de Madrid se pasó el confinamiento defendiendo el fin del estado de alarma para que el gobierno regional pudiera tomar sus propias decisiones. Una vez que esto sucedió y la gestión de la pandemia pasó a manos de las comunidades, Madrid comenzó a criticar que el Gobierno central se desentendía y dejaba todo en manos de las comunidades. Ahora, el Gobierno toma decisiones que afectan a la Comunidad, y esta está dispuesta a dirigirse a los tribunales para frenarlas.
Probablemente ambas opciones son defendibles: que el Gobierno tome decisiones o que el Gobierno deje la cuestión en manos de las comunidades. Lo que parece difícil de justificar es defender, sucesivamente y a conveniencia, una cosa y la contraria. Y, sobre todo, resulta inconcebible que los ciudadanos no penalicen la incoherencia, máxime en un contexto tan difícil como el actual.
En una línea similar, podemos achacar al Gobierno central una demora imperdonable en la toma de decisiones allá por marzo. Pero si en aquel momento se empleó el argumento de que el Gobierno no había tomado las medidas restrictivas que eran imprescindibles atendiendo a criterios de salud pública, difícilmente puede ahora argumentarse que las medidas de la segunda ola no deben ser restrictivas, en aras de la libertad, la economía y a saber qué más. Coherencia, por favor. ¿O es que los problemas de la segunda ola son también responsabilidad del 8-M?
En cuanto a la economía, resulta absurdo intentar achacar principalmente al Gobierno central los daños económicos de cerrar Madrid. Porque sí, por supuesto que va a haber un daño económico de enorme gravedad. Pero donde ABC titula “Cerrar Madrid dos semanas costará hasta 5.600 millones a la economía española”, bien podría reemplazarse por “La falta de medidas durante meses en Madrid costará hasta 5.600 millones a la economía española”. Porque ahí está el problema, en que no se han contratado rastreadores, no se ha reforzado la atención primaria, no se han dispuesto medidas básicas aplicadas en toda Europa, etc. Y así, la Comunidad de Madrid, adalid de la libertad ciudadana, ha conseguido unas cifras de contagios que causan pánico en Europa. Por no haber tomado durante meses medidas difíciles pero digeribles, va a vivir una nueva situación de difícil digestión y va a arrastrar con ella a toda España.
En medio, hitos del surrealismo. Para el recuerdo queda la inauguración de los dispensadores de gel hidroalcohólico en el metro de Madrid un 22 de septiembre. Pero, personalmente, me tiene más fascinado que “el coladero de Barajas” se haya convertido en un mantra en las críticas al Gobierno central por parte del Partido Popular. Hay datos que el público puede conocer o no, como que solo hubo 319 casos vinculados al aeropuerto de los 61.608 de la comunidad, es decir, un 0,2%, según datos de la propia Comunidad (!); o que Barajas no es precisamente el único aeropuerto abierto del mundo. Pero lo que sí podría pensar cualquier ciudadano sin demasiada información es que la apertura de Barajas no es fundamentalmente un problema para los madrileños, sino para los pobres ciudadanos de otras ciudades y países que reciben viajeros de Madrid. Porque, efectivamente, Parla tiene muchos más casos diarios de covid-19 que Berlín, tanto en términos relativos como absolutos —lo cual es una barbaridad teniendo en cuenta la diferencia de población entre el pueblo madrileño y la ciudad más poblada de la Unión Europea—.
Si me preguntan el motivo principal por el que España tiene unas cifras disparatadas en esta segunda ola del covid-19, lo tengo claro. No son los jóvenes, ni los artistas, ni los inmigrantes, ni los turistas, ni tan siquiera los abrazos y el toqueteo habitual del ciudadano español medio. A todos ellos les ha caído el muerto en algún momento, pero, en mi opinión de mero observador, no son los culpables fundamentales, pues cualquier país europeo tiene jóvenes, artistas, inmigrantes y turistas —y lo de los abrazos es menos habitual en Finlandia, pero ahí están Italia, Francia o Portugal—.
Los culpables fundamentales son, para mí, nuestros políticos. Pero, ojo, nuestros políticos no son extraterrestres venidos de Raticulín para complicarnos la vida, ni han sido elegidos por algún ser superior. Son personas como nosotros, y si están ahí los que están y no otros es culpa esencialmente nuestra y de nuestra insensatez. Somos los ciudadanos los que no deberíamos dejar pasar —y mucho menos premiar— la incoherencia, la incompetencia y el juego electoralista con nuestras vidas.
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