El otro día me contaba un amigo que vive en EEUU que estaba preparando la comunión de su hija, su familia es católica practicante. Me cuenta que, por lo menos en el estado de Michigan donde viven, en las escuelas no se imparten clases de ningún credo y que ellos pagan todos los meses una cuota a su iglesia por los servicios religiosos que reciben, entre otros, la comunión de su hija. Y me quedo con las patitas colgando, abuela, al compararlo con lo que sucede en España, país aconfesional según la Constitución, pero menos a la vista del histórico de concordatos y acuerdos que siguen vigentes entre el Estado y la Santa Sede gracias a los cuales la Iglesia Católica ha mantenido sus privilegios hasta hoy.
Y como no teníamos bastante con esos acuerdos en materia jurídica, cultural, docente y económica, ahora, para seguir asegurando la ‘laicidad’ del estado español, el Gobierno pretende extender los beneficios fiscales a otras religiones incluyendo la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y los Testigos de Jehová.
O sea, que mientras que el común de los mortales tenemos que pagar nuestros impuestos ‘religiosamente’, las iglesias con arraigo en España estarán exentas del pago del IBI para los bienes destinados al culto, sus dependencias, edificios y locales anejos y gozarán de exenciones fiscales, así como del impuesto de sociedades, del de actividades económicas (IAE) y de la plusvalía. ¡Tócate los bemoles! Y encima, nos lo venden como un intento de favorecer una ‘laicidad inclusiva’ y corregir los privilegios históricos de la Iglesia Católica.
Pues a mí me van a perdonar, pero yo no entiendo que los privilegios de unos se corrijan ampliando los privilegios de otros. Creo firmemente que la legislación debe promover y regular la libertad religiosa que forma parte de la libertad de conciencia, pero no mantener los privilegios de la Iglesia (antes la católica, ahora, toda que tenga arraigo en España) sobre los no creyentes. Las asociaciones religiosas deberían financiarse, exclusivamente, por sus propios medios (como ocurre con la iglesia a la que asiste mi amigo en Michigan, y el hombre está tan contento y lo ve ya natural…) y la religión debería ceñirse al ámbito puramente privado: quien quiera creer, que crea y, por supuesto, que se garantice su libertad de creer, pero que el entramado institucional que vehicula la fe individual no se financie, en parte, a costa de lo que deja de ingresar el erario público, con el consiguiente perjuicio que esto genera a toda la ciudadanía, creyente o no.
En fin, abuela, que esto no lo arregla ni Dios. Bueno, ese, el que menos…
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