La próxima celebración del encuentro de la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (WPATH), que tendrá lugar en Marbella, del 18 al 20 de febrero, donde se promoverán los tratamientos hormonales, quirúrgicos y estéticos en personas autoidentificadas como trans, pone sobre la mesa el avance de prácticas que comprometen la salud física y mental de los menores.
La WPATH es considerada la principal organización científica y médica mundial en “medicina transgénero”, cuyas normas y recomendaciones han determinado la orientación, las políticas y las prácticas de los Estados, las asociaciones médicas y los sistemas de salud pública y clínicas privadas de todo el mundo, impulsando directrices internacionales sobre los tratamientos médicos a personas con disforia de género (malestar con el cuerpo). La WPATH es conocida promover la eliminación del diagnóstico clínico de disforia de género y el acceso irrestricto a tratamientos médicos irreversibles, incluidos bloqueadores de pubertad, hormonas cruzadas y cirugías de extirpación de órganos sanos, sin importar la edad ni el estado de salud física y mental de los pacientes.
Un riesgo inaceptable para menores vulnerables
Diversos estudios, entre ellos el prestigioso Informe Cass del Reino Unido, han demostrado que el auge de menores que manifiestan disforia de género está estrechamente vinculado a factores psicológicos, sociales y traumáticos. El 39% de los adolescentes que se autoidentifican como trans han sido víctimas de abuso físico, y el 20% de abuso sexual, cifras que se elevan en el caso de las niñas. Muchos menores que refieren disforia de género serían vulnerables por tener condiciones del espectro autista, por ser homosexual o bisexual, o sufrir depresión, ansiedad, trastornos alimentarios u otras condiciones psicológicas y sociales que incidirían en su malestar.
El Informe Cass versó sobre el análisis exhaustivo de 113.269 casos de menores y jóvenes en dieciocho países y una revisión de la literatura médica al respecto, a efectos de valorar las causas de la disforia de género y evaluar la idoneidad del tratamiento que la sanidad británica estaba ofreciendo a los menores transautoidentificados. En sus conclusiones, el Informe Cass subraya la necesidad de terapias psicológicas exploratorias que permitan abordar el origen del malestar antes de optar por intervenciones médicas irreversibles.
Pese a ello, y a que está demostrado que en el 80% de los casos, la disforia de género suele remitir al llegar a la edad adulta, en España están prohibidas las terapias exploratorias por la ley trans, sancionándose severamente con multas que pueden llegar a los ciento cincuenta mil euros y la inhabilitación para profesionales; y la pérdida de la patria potestad para las madres y padres que deseen indagar por el malestar de sus hijas e hijos.
Mala praxis y negocio millonario frente al bienestar infantil
Filtraciones a la prensa de EEUU, realizadas hace casi un año, revelaron que la WPATH ha incurrido en múltiples manifestaciones de graves negligencias y mala praxis, como improvisar tratamientos experimentales sin evidencia científica en menores y personas muy vulnerables, permitir tratamientos hormonales y quirúrgicos en personas con graves trastornos mentales como esquizofrenia y trastornos disociativos; y, entre otros, vulnerar las reglas más básicas de la ética médica y el consentimiento informado, tal y como puede comprobarse en el informe del grupo de reflexión estadounidense Environmental Progress, cuyo texto en español puede leerse en la web de Contra el Borrado de las Mujeres.
Además, correos electrónicos filtrados a la prensa, entre otros, al New York Times cuyos casos se ventilan actualmente en tribunales de EEUU, demostraron presiones de funcionarios del Gobierno de Biden para eliminar los límites de edad en la homonación y cirugías para menores, evidenciando el interés político y económico que había en las políticas transgeneristas lideradas por Levine.
Según se sabe, los ingresos de la industria de la identidad de género, integrada por la médico-quirúrgica, farmacéutica y biotecnológica, se han multiplicado de forma exponencial. Conforme señala Elena Armesto, en entrevista de Nuria Coronado, “se trata de un mercado tan rentable que ha pasado de valer 8.000 millones de euros anuales a más de 3 billones de euros en tan solo cinco años”. Otras investigadoras llegan a cifras similares: Jennifer Bilek, Contraborrado.
Priorizar la protección de los menores
Países como Reino Unido, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Irlanda, Australia y EEUU han dado marcha atrás o revisado críticamente las terapias afirmativas. En el Reino Unido, los bloqueadores de pubertad han sido prohibidos tras constatarse sus graves efectos adversos y la falta de evidencia científica sobre su eficacia.
Es por esta razón, que organizaciones feministas y de familias de menores transautoidentificados –entre las que destaca la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, Amanda, Dofemco, Lobby Europeo de Mujeres en España, Fórum Política Feminista, al que nos hemos sumado en la Asociación Feministas Radicales– reclamamos a las autoridades españolas que protejan a los menores y no den cobijo a eventos que infringen el principio deontológico de la Medicina de “primero no hacer daño”, y el principio jurídico del “interés superior del menor”.
Las niñas, niños y adolescentes no deben ser objeto de experimentación contraria a la evidencia científica de los tratamientos irreversibles promovidos por el transgenerismo. La ley trans viola los derechos de los menores, por lo que es contraria a la Constitución y las leyes, y debe ser derogada, junto a la normativa autonómica que la desarrolla, entre los que se hallan los protocolos sanitarios y educativos. La infancia no se toca.