Se ha festejado el 47 cumpleaños de la Constitución Española. Sin duda es un hito histórico en España, muy dada a golpes militares, el último fue en febrero de 1981. En este caso, la democracia triunfó por la movilización social y masiva que tomó la calle, aun la inclemente crisis económica sistémica que se utilizó para revertir las libertades.
En la actualidad, los sectores reaccionarios, por cierto, muy ligados al partido popular, todavía siguen formando parte de las costuras esenciales del Estado heredado del fascismo, tienen muy difícil usar a los militares para subvertir la democracia, si bien, utilizan otros métodos para debilitarla, como el lawfare al adversario político, siendo paradigma de esto la persecución y espionaje a Podemos y a los independentistas.
La novedad, ahora, es que esa guerra judicial se ha iniciado contra el PSOE que en tiempo anteriores se benefició de la misma alimentado las mentiras y las causas generales penales contra la formación morada. Sin embargo, el partido de la rosa, todavía no es consciente de que el pacto del 78, que tanto defiende, ya no existe, habida cuenta que la otra parte de dicha alianza de régimen, el partido popular, ha resuelto que lo quiere todo.
El capitalismo de toda la vida ha sido engullido por un neoliberalismo aún más cruel y endogámico, que es consciente de que está en una situación de supervivencia y por eso tiene que apropiarse del patrimonio de la clase trabajadora y de las llamadas “clases medias” que, por cierto, ya no existen por la proletarización puesta en marcha a partir de 2009. Así, aspiran a limitar la democracia haciendo tan irreconocibles los derechos que no sean perceptibles.
Los pasos, en síntesis, fueron la venta masiva de las preferentes, después la voladura controlada de las cajas de ahorro, que vino de la mano de la crisis económica provocada por la especulación hipotecaria bancaria a la que se le regalaron más de 80.000 millones de euros. También, intentaron sentar las bases para la degradación del sistema público de pensiones mediante lo que llamaron “factor de sostenibilidad” que, no era otra cosa que establecer una cantidad máxima de la pensión que recibiría una persona jubilada, sin que en esa operación interveniera, para la nada, la esperanza de vida de dicha persona. Para ello, era imprescindible poner en duda la viabilidad del sistema fomentando, al mismo tiempo, su tránsito a los fondos de pensiones, controlados por la banca y los fondos buitre.
La democracia quiso poner a Podemos en el gobierno de España y con ello completar un acuerdo con sindicatos y empresarios de reforma de las pensiones, enmarcado en las recomendaciones del Pacto de Toledo que ha asegurado la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a largo plazo, mejorando la vida de las personas pensionistas y asegurando la subida de las pensiones según el incremento de precios al consumo.
Los enemigos de la democracia con derechos, no obstante, siguen intentando quedarse con el patrimonio de las clases populares obtenido como resultado del trabajo de sus vidas, poniendo a funcionar un caramelo envenenado. Es el ofrecimiento a las personas jubiladas de un producto financiero llamado “la hipoteca inversa”, cuya garantía es la vivienda habitual. A cambio, la entidad financiera abonaría a la persona jubilada una cantidad a modo de renta vitalicia hasta la muerte. Una vez llegado el inevitable final de la vida, el banco, que nos sobrevive a todos y todas, llama a las personas herederas que deben decidir si cancelan la deuda hipotecaria adquirida mediante el pago de la misma como única forma de adquirir la herencia y si no, el patrimonio que garantizaba aquella renta vitalicia a modo de complemento de pensión por jubilación pasa a ser propiedad de la entidad bancaria. El negocio es redondo, puesto que la cantidad pagada a la persona jubilada siempre va a ser muy inferior al valor real del inmueble.
Hay otro objetivo principal. Apropiarse de los servicios públicos, especialmente la Sanidad y Educación Públicas, incluida la universitaria, a la que deja sin presupuesto y, la de los cuidados (dependencia, servicio a domicilio). De ahí la privatización y externalización hacia empresas amigas extractivas de los recursos y plusvalías, también en Andalucía, como está haciendo el presidente del gobierno andaluz, JuanMa Moreno que, ha transferido directamente a esas corporaciones cientos de millones, presuntamente de forma ilícita. Pero de eso es campeón el partido popular, una estructura política corrupta por naturaleza, como ha quedado corroborado por el Tribunal Supremo.
Por tanto, hay que destapar ese plan neoliberal de demolición del Estado de Derecho y Social, que quiere limitar democracia y derechos. Hay que contraponer al catastrófico discurso de extrema derecha que hace el partido popular otro centrado en la buena utilización de los recursos públicos, con más democracia y derechos, entre los que está el acceso a una vivienda adecuada y digna, por supuesto, reduciendo sustancialmente el precio de los alquileres.
Defender la democracia conlleva no solo entenderla como un procedimiento electoral. La democracia no es un concepto, es un hecho, es el resultado de un conflicto de intereses que se resuelve mediante acuerdos sujetos a revisión permanente. Solo así se avanza en democracia y en derechos.