El pasado jueves fue un día negro para la democracia en nuestro país, el odio que la extrema derecha lleva ya algunos años inoculando en la sociedad española emergió desde lo más profundo de la caverna en forma de tres cartas amenazantes, dos de ellas dirigidas a miembros del Gobierno, el Ministro Grande-Marlaska y la Directora General de la Guardia Civil María Gámez y otra al exvicepresidente del Gobierno y candidato de Unidas Podemos a la Comunidad Madrid Pablo Iglesias.
Si cualquier amenaza es ya de por sí un delito de odio en este caso aun lo es más por distintas razones, siendo la principal de ellas el ir acompañadas de balas perdidas como muestra de la veracidad del contenido escrito de las mismas. Amenazar con la muerte no es admisible en ninguna sociedad democrática que se precie y es obligación de la Seguridad del Estado esclarecer cuanto antes las circunstancias que rodean estas misivas cargadas de odio y rebosantes de violencia.
No es baladí el hecho de que dos de esas cartas se dirijan a responsables del aparato de Seguridad del Estado, el Ministro de Interior y la Directora General, por cuanto supone un desafío directo a la seguridad de toda la ciudadanía e intenta hacernos caer en la sospecha de la autoría sobre algún miembro de ese aparato de Seguridad, intentando desviar de la autentica motivación que no es otra que el odio al que piensa diferente. El Ministro representa al Gobierno legítimo de este país, lo que de por sí convierte en muy grave lo ocurrido, pero al mismo tiempo es un símbolo de la defensa de la libertad de elección sobre la condición sexual de los españoles y españolas, y eso no es ajeno al discurso bélico de la extrema derecha sobre el tema.
La Directora General de la Guardia Civil es mujer, la primera en dirigir ese Cuerpo de Seguridad, y ya conocemos sobradamente la consideración que eso merece a los violentos extremistas abanderados institucionalmente por el Partido de Abascal. La amenaza de muerte a Gámez tiene esa doble consideración cuestión que no es menor a la hora de analizar el hecho de que ella se haya convertido en objetivo del odio y la violencia que caracterizan a la extrema derecha de este país.
Pensar que en las amenazas a Marlaska y Gámez pueda haber un componente profesional es como fijar la mirada en el dedo que señala a la luna y no en la luna. El Ministro ha cumplido el compromiso de equiparación salarial contraído con las Fuerza y Cuerpos de la Seguridad del Estado al tiempo que ha puesto en marcha un proceso de renovación necesario en las responsabilidades de dirección de Guardia Civil y Policía Nacional.
Y no quiero olvidarme del tercero de los destinatarios de esas balas perdidas de de la sinrazón y cargadas de odio, el exvicepresidente Pablo Iglesias que representa muy a su pesar todo aquello que la extrema derecha dice combatir y que no es otra cosa que el derecho a ser libres en el pensar y también en el actuar. Según hemos conocido en el caso de Iglesias la amenaza se hace extensiva a su pareja, la Ministra Montero, a sus padres e hijos, un todo incluido maldito de esos delincuentes de la extrema derecha a los que se viene blanqueando desde hace ya tiempo.
Por si fuese poco la propia Rocío Monasterio, esa especie de “Fenme terrible” de la extrema derecha en clara competencia con Olona, ha puesto en duda la veracidad de la amenaza a Iglesias durante un debate electoral en la mañana de ayer viernes en la Cadena Ser lo que ha motivado la retirada de Iglesias y también de Gabilondo y Mónica García ante la negativa de la candidata ultraderechista a retractarse en un claro mensaje de complicidad con esa política de terror que buscan el autor o autores de las amenazas mortales.
Afortunadamente el Estado de Derecho tiene los recursos y la capacidad para descubrir a los responsables de este delito de odio y amenazas, mientras tanto toda la solidaridad de las y los demócratas para con las víctimas en la defensa de nuestra libertad, nunca habrá balas suficientes para arrancarnos nuestros derechos y libertades desde la cobardía del anonimato.
Comentarios