Llevaba ya un par de semanas sin asomarme por aquí y la verdad es que no me apetecía en absoluto dados los derroteros por los que discurría y sigue discurriendo la vida política española convertida en un duelo a garrotazos al más puro estilo goyesco. Pensaba yo que el recogimiento propio de un tiempo especial como era la Semana Santa iba a contribuir a calmar los ánimos, más que nada por el periodo inhábil que se abría en el atardecer del Miércoles Santo y finalizaba con el Lunes de Pascua, pero ni por esa, no sé si ha sido la frustración provocada por la lluvia constante que ha impedido la salida de los pasos procesionales o la imposibilidad de unas vacaciones al sol, lo cierto y verdad que la guerra sucia ha seguido ocupando páginas y más páginas, todo tipo de redes sociales y soportes audiovisuales, es decir por tierra, mar y aire.
La apuesta de los populares por la descalificación gruesa, uno de los traumas adquiridos tras el fracaso electoral de Feijóo, ha sumido el debate político en las aguas más negras del descrédito democrático. No es raro en la estrategia popular cuando no gobierna el tirarse al monte de la calumnia, el insulto y la difamación. Pero lo que no esperaba era la respuesta de los socialistas, que han decidido entrar al trapo de esa estrategia sin darse cuenta de que el descrédito democrático de la guerra sucia en quien primero hace mella es en su propio electorado. Eso de que al enemigo que insulta Puente de plata, por el ministro de Transporte, no está sirviendo más que para calmar los ardores del amor propio herido de los socialistas.
Pero allá cada uno con sus estrategias, porque lo que realmente importa a la ciudadanía española, con especial referencia a la andaluza, son los déficits de gestión que se están produciendo en comunidades gobernadas por el Partido Popular, como es el caso de Andalucía. Y a ello hace referencia el título de esta columna, a un hecho impensable en los tiempos que vivimos y que viene a demostrar de manera palmaria el deterioro de los servicios públicos, en especial educación y salud, del gobierno de Juanma. Más allá de listas de esperas que engordan por día que pasa y del cierre de unidades de la enseñanza pública en beneficio de la privada, hay hechos inadmisibles en la Andalucía del primer tercio del siglo XXI como es que en el municipio de Olvera haya niños y niñas que cada jornada escolar tienen que hacer un desplazamiento de un kilómetro y medio para acudir al comedor escolar. Son los alumnos y alumnas de infantil y primaria del colegio Miguel de Cervantes, a los que pasado el primer medio kilómetro se unen los de la escuela infantil Gloria Fuertes para encordados, recorrer los últimos novecientos metros hasta el comedor del San José de Calasanz. Esto es una aberración en la prestación del servicio público en ese país de las maravillas de Alicia en el que Juanma ha convertido Andalucía.
Y si en materia de educación pública para muestra este botón ya me dirán en el otro gran servicio público, la sanidad, el escándalo ronda permanentemente. Más allá de privatizaciones injustificadas que en nada están ayudando a reducir las famosas listas de espera, una noticia ha irrumpido en el oasis en el que viven Juanma y la consejera del ramo. El fichaje del dimitido, a petición propia, viceconsejero Miguel Ángel Guzmán, el de las listas de espera, por la aseguradora privada Asisa con la que contrató 44 millones de euros mientras ostentaba su cargo público. Con ser escandalosa la noticia en sí, más aún lo son los intentos del propio gobierno andaluz de descafeinar el tema y los del propio interesado, explicando lo inexplicable en cuanto a su futuro empleo.
Como verán, el gobierno de Juanma tiene goteras que es como la presidenta Ayuso define la inundación con aguas negras en el restaurante de abajo del piso de su novio. Por cierto, la Justicia ha ampliado el plazo para seguir investigando a Bendodo por supuestamente hacer de su capa un sayo en materia de contratos durante la pandemia. Menudo país nos está quedando.
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