Mucho se está hablando de “la España vaciada”. Los motivos que podrían enumerarse para que este problema esté últimamente en boca de los medios serían casi infinitos. El resultado no es otro que una parte importantísima de los municipios del Estado tienden al vaciado de población joven, con el consiguiente descenso abrupto de la natalidad y el envejecimiento de la población restante, con el obvio aumento de la mortalidad, trayendo como resultado final un despoblamiento que, en algunos casos, puede resultar crítico.
Este es un proceso que afecta, geográficamente, exceptuando Madrid y alguna capital de provincia más, a las zonas interiores de la Península, en favor de la costa, y a las zonas rurales, en favor de las grandes ciudades y sus zonas periurbanas. Sin embargo, este fenómeno, que no es fortuito ni inesperado y sí es fruto de un sistema político y sobre todo, económico, no se manifiesta igual en los diferentes pueblos del Estado. Así vemos que son los municipios de Castilla, de León y de Galicia donde quizá el fenómeno es más acusado, no siendo un fenómeno menor en otros lugares que, en conjunto, no observan un descenso abrupto de su población, a nivel general, debido sobre todo al crecimiento de sus capitales de provincia, donde se concentra el crecimiento, que es siempre a costa de su entorno rural.
En Andalucía este fenómeno cobra especial singularidad, por producirse no de manera crítica ni generalizada en todo el territorio, pero pero sí localizada en la mayor parte de las comarcas, siendo las provincias de Jaén y Córdoba las más acusadas en su conjunto, pero afectando también a la gran mayoría de municipios del interior andaluz.
Aquí el fenómeno es singular por diversos motivos. En primer lugar, en Andalucía tenemos un paro estructural que jamás ha sido superado. En los mejores tiempos precrisis de 2007 nuestro paro era del 12%. Un 12% significa para cualquier pueblo del norte peninsular una tragedia, 12% es el porcentaje de paro que perfectamente sufría Asturias en el peor momento de la crisis, para poner el dato en perspectiva. Hoy contamos en Andalucía con un 22.41% de paro, 41.68% de paro juvenil.
Andalucía ha sufrido la despoblación de manera estructural a lo largo de toda la Historia reciente. La emigración es una lacra que no deja de sacudir nuestra economía, y afecta tanto a las zonas rurales como a las ciudades y grandes capitales del país, fruto, sobre todo, de la falta de oportunidades en los diversos lugares de origen. Sin embargo, las capitales han podido suplir la pérdida poblacional con un movimiento extraordinario de migraciones internas, nutriéndose de las poblaciones cercanas, aunque en algunos casos esto no haya podido evitar la pérdida general de población, como son los casos graves de las provincias de Córdoba o Jaén. Sí lo consiguen otras como Sevilla o Málaga, con un crecimiento fuerte que motiva el efecto llamada, logrando crecer, aunque ello suponga en estos casos también la pérdida de población de los municipios alejados de las capitales y/o la costa.
Estas singularidades hacen que, con los datos en la mano, podamos observar que los pueblos del interior andaluz se vacían mientras que la mayor parte de sus capitales y grandes ciudades (incluyendo sus áreas metropolitanas) no lo hacen, ni tampoco en el conjunto de Andalucía, si nos paramos solamente en el dato general delconjunto del territorio.
Se observan, por tanto, dos hechos: por un lado, concentración de población en las grandes ciudades, capitales y zonas de influencia y en las costas andaluzas, a costa de pequeños y medianos municipios, por un lado, y pérdida general de población en algunas provincias, incluyendo capitales, que no logran mantener su población a pesar de que consiguen atraer población del resto de la provincia, por otro. En la siguiente imagen podemos apreciar un ejemplo concreto de esto con la provincia de Granada, diferenciando los datos por comarcas.
Comarcas vaciadas
Es innegable que el vaciado de comarcas enteras de Andalucía es un problema, no solo para los municipios de estas comarcas vaciadas que ven como cada vez envejece más su población, peligrando incluso la propia existencia futura del mismo, sino que también esto causa una serie de problemas como pueden ser la pérdida de articulación territorial del país, con la consiguiente ruptura económica del mismo; la insostenibilidad de los servicios públicos, fruto de la falta de manos en edad de trabajar que paguen los servicios públicos del conjunto de la población (pensiones, educación, sanidad, etc); ruptura de la sostenibilidad ambiental del territorio; pérdida de tierras de cultivo; abandono de bosques con el consiguiente aumento de la probabilidad de incendios; pérdida de patrimonio, de valor de los terrenos y las propiedades de los pueblos en proceso de abandono, y con ello pérdida de capacidad de producción agrícola y ganadera; pérdida de capacidad industrial, pérdida de acervos culturales y de núcleos de población históricos, y con todo esto la pérdida irreparable para millones de personas de su población de origen, visto desde un punto de vista sentimental.
En general, la pérdida de estos municipios generaría una pérdida irreparable ya no solo para las personas que tienen lazos con los mismos, sino también para el pueblo andaluz en su conjunto, de manera estructural, de poder económico, político, social y cultural. Supone un desastre, en definitiva. Un desastre que debe ser abordado, dándole una importancia capital para el futuro mismo de Andalucía, así como para los demás pueblos que sufren esta lacra. Un desastre que puede ser frenado, pudiendo incluso revertirse, sin demasiados aspamientos, poniendo en práctica una serie de políticas que, sin ser difíciles de implementar, podrían resultar revolucionarias en el sentido práctico y de efecto real que podrían suponer.
Para ello, hay que pensar Andalucía desde sus necesidades reales y esto exige un ejercicio de mirada histórica. La organización provincial de Javier de Burgos de 1833, que dividió el Reino de España de manera provincial, no tuvo en cuenta las necesidades de los pueblos ni de los municipios, sino las necesidades de las élites territoriales del momento. Así, se dibujaron amplias zonas alrededor de las ciudades más importantes, buscando delimitar las áreas de poder de las familias más influyentes de los diversos territorios, resultando que, con el desarrollo posterior, se han ido recargando estas capitales de instituciones y servicios de toda índole, dejando a poblaciones enteras alejadas de estas. Hablamos de instituciones e infraestructuras como pueden ser carreteras, puertos, ferrocarriles, hospitales, universidades, aeropuertos, diputaciones, delegaciones provinciales de todo tipo, museos, y un larguísimo etcétera. Además es un proceso que se retroalimenta, acrecentando cada año las diferencias, y con esto, provocando el cierre de líneas educativas, centros sanitarios y otros tipos de instituciones de vital importancia con la excusa del despoblamiento y de la falta de rentabilidad.
La organización provincial en Andalucía supone una lacra que resulta nefasta para los municipios alejados de la capital provincial. Las comarcas más alejadas no conocen, en muchos casos, lo que es tener buenas conexiones por tierra, mar o aire, ni de cerca. Para cualquier trámite, en muchos casos, les toca recorrer grandes distancias, no hablemos si de lo que se trata es de una emergencia sanitaria, por ejemplo. Para alguien que opte por estudios superiores, supone un gasto muchas veces inasumible si no vive cerca de una capital. Las empresas trasladan sus centros de actividad a las capitales, obligadas por la necesidad de buenas conexiones, mano de obra e infraestructuras. En general, para estas comarcas la lejanía de un centro de poder provincial suponen la muerte a largo plazo.
Por ello es necesario repensar el nivel organizativo en Andalucia. Hace falta pensar Andalucía desde las necesidades de sus municipios. Eso supone que la organización más justa es la comarcal, por ser la que asegura mayor cercanía. Necesitamos una organización comarcal que asegure que en todas las comarcas existe la posibilidad de acceso a un transporte seguro y eficaz, que asegure que en todas las comarcas exista un gran hospital de referencia –por lo menos-, un poder político más cercano y más preocupado por las necesidades reales de la comarca, una institución educativa que asegure que nadie tiene por qué irse de su comarca para poder tener estudios superiores, colegios, ambulatorios, servicios públicos, en general, democratizados que aseguren que ningún territorio de Andalucía sea menos que otro. En definitiva, que ninguna persona de Andalucía vea reducidos sus derechos y posibilidades por el mero hecho de haber nacido en un lugar y no en otro.
De hace unas décadas hacia acá, los servicios públicos se han ido evaluando según su rentabilidad económica al amparo del neoliberalismo más rapaz. Esto ha supuesto que se abandonase la rentabilidad social que generaban ciertos servicios públicos, en favor de una supuesta rentabilidad económica, obligando a cerrar muchos de estos servicios públicos, que resultaban vitales para la supervivencia de amplios territorios. Es decir, en nombre de una supuesta rentabilidad económica, se han cerrado servicios públicos que generaban un bien social y que posibilitaban, en segunda instancia, que amplios territorios rurales generasen una riqueza que, al quitar dichos servicios públicos, ya ha dejado de generar. La pérdida de capacidad productiva en nombre de una supuesta rentabilidad económica, un sinsentido desde el punto de vista de la democracia y una lógica inevitable desde el punto de vista capitalista.
Parar este sinsentido supone, necesariamente, desinflar la burbuja de las grandes capitales: Quizá no necesitamos un macrohospital en la capital, sino buenos hospitales en cada comarca; no necesitamos grandes edificios en las capitales donde albergar las delegaciones de gobierno o de las diferentes consejerías, sino pequeñas localizaciones comarcales de los diferentes órganos. No necesitamos una gran diputación que mantenga el status quo que vacía nuestros municipios para favorecer a la capital que todo lo devora, sino comarcas con capacidad política para asegurar que cada una vela por sus propios intereses de una manera justa.
No necesitamos simplemente y solamente un tren que conecte a todas las capitales con Madrid, ni una autovía que haga lo propio, sino una red de comunicaciones que vertebren el conjunto de Andalucía y, por supuesto, a esta con el conjunto de pueblos y estados que nos rodean. La máxima es que las carreteras o demás servicios públicos sí respondan a las lógicas del mercado, pero de un mercado que se adapte a las lógicas de la democracia y del derecho de los municipios a existir, lo que a su vez va a revertir positivamente en la capacidad productiva del país, es decir, adaptar el mercado a la democracia territorial sí va a favorecer al mercado, quizá no a ciertas élites empresariales y caciquiles, pero sí al conjunto del mercado mejorando la competitividad y la capacidad de la pequeña y mediana empresa de existir y competir.
Tal vez, si logramos fijar puestos de trabajo de calidad, si logramos unas buenas conexiones de transporte, si logramos unos buenos servicios públicos en cada una de las comarcas que componen Andalucía y si logramos que estas comarcas tengan un poder político real, solo tal vez, podamos lograr que la territorialidad andaluza sea democrática, justa y equitativa. Tal vez, solo así logremos frenar, o por qué no, revertir, este proceso tan nefasto para nuestro país, logrando además una expansión económica que mejore notablemente nuestras penosas cifras de paro y precariedad, así como el bienestar de nuestro pueblo, cortando el grifo de la emigración andaluza, el vaciado poblacional y la pérdida de capacidad productiva, de patrimonio social y cultural y asegurando el futuro de nuestros pueblos.
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