El alquiler de la vivienda en Andalucía ha vuelto a precios históricos, a los que había antes de que se produjera el pinchazo de 2008, con 10,56 euros el metro cuadrado/mes de media, según un informe elaborado por Tecnocasa. La vivienda, junto con el empleo, se está convirtiendo en el principal problema de los españoles, tal y como viene reflejando oleada tras oleada el CIS. En la misma línea, están los datos que viene aportando Centra, la fundación andaluza equiparable al CIS nacional, acerca de la vivienda en sus dos vertientes, tanto para los andaluces que estarían interesados en acceder a la propiedad como simplemente poder entrar en régimen de alquiler.
Según esta inmobiliaria, el problema concreto del alquiler es fácil de explicar: radica en la profunda disparidad existente entre la oferta y la demanda, es decir, las últimas medidas legislativas en la materia de vivienda, lejos de hacer más atractivo el mercado del alquiler para los propietarios, al revés, han hecho que la oferta de vivienda en este segmento se retraiga aún más y, en consecuencia, suban los precios, pese al afán regulador de la propia legislación.
La Junta, por su parte, acaba de anunciar un plan que contempla la construcción de 20.000 viviendas en régimen de alquiler, con el propio presidente, Juanma Moreno, dejando claro que hay un problema de calado, aunque la gestión del Bono Joven de Alquiler ha dejado mucho que desear. Al Gobierno central, con Isabel Rodríguez de titular, le está costando más afrontar esta cuestión, entre otras razones, por los evidentes problemas que el PSOE tiene a la hora de sumar mayorías para legislar. Hay que recordar que el de la vivienda fue uno de los temas estrella con los que se presentó ahora hace poco más de un año Pedro Sánchez, llegando a prometer, en colaboración con las comunidades autónomas, del orden de 300.000 viviendas en legislatura, cuando hasta ahora solo se ha sabido de la construcción de otras 20.000 viviendas en alquiler social en toda España a cargo de los fondos Next Generation que estarán en 2026. Todo mientras la preocupación –e incluso la indignación– de la ciudadanía no para de crecer en relación con este tema.