Andalucía quiere que se solucione su problema de infrafinanciación, un sentir que va más allá de las siglas de quien gobierne. Así lo ha expresado esta misma semana el presidente de la Junta, Juanma Moreno… y así lo expresó en su día también María Jesús Montero, la hoy ministra de Hacienda cuando era consejera del mismo ramo y en Madrid gobernaba el PP de Mariano Rajoy.
Por supuesto que es una cuestión que forma parte del juego político, pero es evidente que Andalucía lleva razón, por ajustar, pero la lleva. Y la llevaba también cuando estaba en la Junta el PSOE. Andalucía es, atendiendo a su extensión, la segunda comunidad autónoma de España y la primera por habitantes. El problema, el grave problema, es que Andalucía es la última comunidad española en lo que se refiere al PIB per cápita y ahí sale perjudicada a medida que en los complejos cálculos para decidir cuánto le corresponde a cada comunidad se ha ido aceptando el concepto de territorialidad con el que presionan siempre las comunidades más ricas, con más PIB (y que, en consecuencia, pagan más impuestos), en especial Cataluña, que tras la resaca del procès habla de forma abierta del reconocimiento de su “singularidad” a la hora de financiarse, un concepto eufemístico para no hablar directamente de dinero. En la actualidad, la Junta estima que Andalucía está infrafinanciada en 1.500 millones anuales.
Esas dos son las cuestiones primordiales que, desde el punto de vista andaluz, están sobre la mesa cuando de abordar el tema de la financiación se trata, que podría simplificarse en tener un ojo en Andalucía (y sus cuentas) y otro en Cataluña (y la política): obtener una financiación justa que el presidente Moreno, en una hábil jugada, hace extensible a comunidades tanto del PP como del PSOE al citar expresamente a Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y la propia Andalucía y, además, marcar muy de cerca cualquier concesión del Gobierno central a Cataluña para satisfacer a sus socios de ERC, tanto por lo que le va a Andalucía si se detecta un posible (u opinable) trato de favor como por la ‘munición política’ que a buen seguro ese hecho le puede dar.
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