La muerte de dos agentes de la Guardia Civil el pasado viernes en el puerto de Barbate debe marcar, sin duda, un punto de inflexión en la lucha del Estado contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz. En todos los sentidos. Toda España ha podido ver en los vídeos que inmediatamente se subieron a las redes sociales cómo ocurrieron los hechos, el jaleo de decenas de vecinos y el acoso y derribo a la que fue sometida la frágil lancha en la que iban las víctimas, que fueron mucho más allá de lo que implica su deber y bien caro que lo han pagado.
Seis minutos de declaraciones del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, son absolutamente insuficientes para explicar lo ocurrido y qué cabe esperar a partir de ahora, porque es evidente que en Cádiz están pasando cosas muy graves de las que parece que no se quiere hablar y la intervención del ministro –en Cádiz capital y no en Barbate, donde debería haber ido– no ha venido sino a corroborarlo. El ministro se ha mostrado ufano de las ocho detenciones, cuando a través de las redes sociales todo el mundo ha podido comprobar la desproporción de medios entre la Guardia Civil, con su ‘lanchita’, como la calificaron –su único acierto– los miserables a los que se les escucha en los vídeos jaleando lo ocurrido y las potentes narcolanchas de los traficantes.
Urgen responsabilidades inmediatas y públicas sobre lo que ha pasado, no las habituales depuraciones en el Cuerpo una vez que las cosas se enfrían. ¿Dónde estaba toda la fuerza de la que dispone la Guardia Civil cuando ocurrieron los hechos? ¿Quién decidió el envío de una única ‘lanchita’ para hacer frente a lo que había en el puerto? Son preguntas que necesitan inmediata respuesta.
Está bien que en cuestión de horas se haya procedido a practicar ocho detenciones y destacar la colaboración de Gibraltar y Marruecos para que así haya sido, pero eso no es asumir responsabilidades sobre lo ocurrido porque todo el mundo sabe qué está pasando en el Campo de Gibraltar, en la fachada Atlántica y el Guadalquivir desde hace décadas, pero en nombre de la corrección política, de la no estigmatización, de preservar el turismo, del reconocimiento implícito de que ni la industria ni la pesca ofrecen alternativas y que de algo hay que comer mientras no se crucen determinadas líneas rojas (como huelga decir que ocurrió el viernes), llevamos años de relativización de un problema enquistado en buena parte del litoral gaditano, con ramificaciones en Jerez y Sevilla.
La muerte de los dos agentes de la Guardia Civil tiene que servir, al menos, para que el Estado comprenda qué ocurre en Cádiz y ofrezca una solución integral –policial, sí; económica, también– a un problema que el viernes dio un paso definitivo por parte de los narcos, mientras el Estado sigue empeñado en despachar el tema en seis minutos…
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