La Diputación Provincial de Cádiz ha anunciado la movilización –esa es expresamente la palabra utilizada, muy significativa– de 70 millones de euros, números redondos, en distintos planes y programas en lo que va de año. Si es mucho o es poco es cuestión de política, pero es una cantidad estimable y lo importante es su reparto justo y equitativo. Las diputaciones son unas instituciones que pasan relativamente desapercibidas para los habitantes de las ciudades, pero no para los de los pueblos más pequeños, ya que la Diputación –las diputaciones– suple en cierta medida las necesidades de personal técnico del que muchas veces carecen estos municipios y ELAs (acrónimo de entidades locales autónomas) por razones presupuestarias e incluso crea empleo, sobre todo con las obras que promueve.
De esos 70 millones, tal vez destacan los casi 31 millones con que está dotado el Plan Cádiz Marcha, que se propone precisamente eso, asegurar la prestación de los servicios en los 45 municipios y 10 ELAs de la provincia. Son 700.000 euros más que Dipu-Inver, su antecesor, lo cual es siempre una buena noticia.
El PP necesitó hace poco más de un año el apoyo de La Línea 100x100 y todo hacía prever un camino más complicado en sus relaciones con esta formación independiente y en el desempeño de su propia acción de gobierno, pero por ahora no ha habido problemas que hayan dado grandes titulares y -aunque es cierto que hay ciertas tensiones con algunos ayuntamientos- la tranquilidad es la nota predominante en la corporación provincial.
El gobierno que dirige la jerezana Almudena Martínez abunda en afirmar en que está funcionando bajo dos parámetros: uno es precisamente el de llegar a todos los pueblos pequeños, sean municipios o ELAs (que tienen por primera vez discriminación positiva para acceder a determinadas partidas), y el otro es el de hacer provincia, favorecer la articulación de una provincia que cuenta con unos territorios muy diversos entre sí y con 'personalidades' propias muy acentuadas, lo que, sin duda, viene a ser una dificultad añadida en la gestión de gobierno.
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