La nueva consejera de Sanidad, Rocío Hernández, empieza fuerte la temporada. Su cuestionamiento –apenas un esbozo, es cierto– de si los "catarros" deben tener cabida en la Atención Primaria tiene distintas lecturas, ninguna de ellas positiva. En primer lugar, da por supuesto que toda la ciudadanía sabe distinguir perfectamente lo que es un 'simple' catarro de otras enfermedades con síntomas similares de origen vírico, caso de una 'no tan simple' gripe o incluso el covid.
Además, de la reflexión de Hernández, se infiere que no hay una gran disposición por parte de la Junta de Andalucía a reforzar uno de los flancos que tiene más descubiertos en su gestión, como es la Sanidad y, dentro de la Sanidad, la Atención Primaria.
Otra derivada, la tercera, es la farmacéutica: son años diciendo desde las instituciones sanitarias a los ciudadanos que no se automediquen, que vayan al médico, que es el que está facultado, y ahora los enfermos se van a encontrar con que este aserto es relativo cuando se habla de catarros.
Y, por supuesto, el gobierno del PP da alas a la oposición, que mantiene que la Junta está realizando una privatización encubierta de la sanidad pública. Ciertamente, muchas de estas personas, si no se las acepta en Atención Primaria y realmente lo necesitan, terminarán acudiendo a Urgencias y saturando aún más este servicio o, en efecto, acudiendo a la sanidad privada. 'Reflexiones' como esta, aunque queden finalmente ahí, dan munición –legítima, por supuesto– tanto a la izquierda como a Vox.
Por último, no hay que perder de vista el contexto en que se produce la sugerencia de los catarros, con el presidente Juanma Moreno diciendo que Andalucía acaba de tocar su techo de gasto, lo que le ha permitido sacar de nuevo la artillería del tema que promete 'copar' la información este otoño, que no es otro que la financiación autonómica, los 1.500 millones de euros en que la Junta tiene 'tasada' la infrafinanciación de la comunidad y las consecuencias que él mismo ya ha anunciado que van a tener en materia social.