Centenares de personas en cada capital de provincia en Andalucía, convocadas por CCOO, han salido hoy a las calles para protestar por la ley de dependencia –por la demora en su aplicación, entendiendo como tal caso a caso, para ser más exactos– casi veinte años después de que entrara en vigor la ley 39/2006.
La ley de dependencia andaluza, como tantas veces pasa en la política española (ahí está la ley estatal de vivienda incapaz de dar soluciones al que es probablemente el mayor problema actual de la sociedad), es un texto avanzado, pero que choca con la realidad: medios y financiación para aplicarla en tiempo y forma. Son cientos, miles, los casos en que la aplicación de la ley ha llegado tarde para solucionar o, al menos, aliviar casos concretos en Andalucía.
El PP, de alguna manera, sigue escudándose en la herencia socialista de este tema, pero claro, han pasado más de seis años desde que los populares gobiernan en la Junta de Andalucía, por lo que sus excusas comienzan a sonar, como dice el refrán, a las de mal pagador.
El PP andaluz, granítico, todo hay que decirlo, ante las encuestas que siguen dándole mayoría absoluta sin problemas, empieza a tener un conflicto serio con buena parte armazón del bienestar social, con el que o bien tiene problemas para realizar un gobierno efectivo o, simplemente, no cree y deja pasar los tiempos gestionando no tanto la cuestión en sí como las implicaciones políticas que puede tener una gestión que no es la más acertada. Eso lo que ocurre tanto con la Educación como, sobre todo, la Sanidad pública, con la que el PP –hay que insistir, también seis años después– sigue sin dar respuestas a las demandas de la ciudadanía, con unas listas de espera, tanto para consulta con especialista como para intervención, a la cola de España.
Esto mismo es que lo que ocurre con la Ley de Dependencia. Desde el pasado mes de marzo existe un nuevo modelo de gestión, pero, por ahora, no se ven los resultados, incluso con los tiempos de espera aumentando, cuando el objetivo es el contrario. Ni PP ni antes el PSOE ni ahora el PP –¡seis años!– han sabido acompasarse al tiempo que requieren las demandas ni allegar dinero para aplicar una ley que es de justicia.
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