Ampliación de plantilla (y, en consecuencia, baja de la ratio en clase) y una Educación pública de calidad e inclusiva son las principales reclamaciones de los sindicatos convocantes de la huelga –CCOO, Ustea, ANPE– que se ha vivido hoy en las aulas andaluzas. Mejorar la atención del alumnado con necesidades específicas, reducir el horario lectivo docente y rebajar la carga burocrática del profesorado son otras de las demandas... nada que objetar. Eso sí, la habitual 'guerra' de cifras entre las partes cuando se convoca una movilización de este tipo rozó este martes lo ridículo, el que va del 4% que reconocen las autoridades de la Consejería de Educación al 60% al que se fueron los sindicatos. Hay que recordar que estamos hablando de un colectivo de unos 108.000 docentes.
Sea como fuere, es un hecho que la Junta de Andalucía tiene un problema con dos consejerías clave relacionadas con los servicios públicos y el estado del bienestar, como son la Sanidad, que está en guerra intermitente desde el comienzo de la legislatura, y ahora la Educación, cruciales en cuanto a lo que esperan recibir los ciudadanos de la administración autonómica. Es en estas dos áreas, de peso también en lo que se refiere a la opinión pública, en las que también percibe la oposición que el gobierno es vulnerable.
El problema que tiene la Junta es incluso de comunicación, ya que antes de la jornada vivida este martes ya 'mandó' por delante que los profesores andaluces estaban, en cuanto a retribuciones, por debajo de la media nacional cuando el PP entró en el Gobierno autonómico y que ahora estaban por encima de dicha media, por no hablar del 'momento' alcanzado a afirmarse desde el SAS que los médicos andaluces andan por los 100.000 euros anuales, una cifra que no ha hecho más soliviantar a un colectivo que ya estaba en pie de guerra y que puede incluso tener consecuencias judiciales. Más leña al fuego, en definitiva, en Sanidad y ahora también en Educación.
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