Al final han hablado los técnicos, algunos técnicos, no todos los que deberían haberlo hecho. No habló por ejemplo Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, al no ser incluido en la lista de comparecientes. Lo que han dicho, que se puede resumir en el "Doñana está seca" que pronunció el biólogo Miguel Delibes en su esperadísima comparecencia, debería ser concluyente, pero no parece ser el caso.
Lejos de terminarse en la declaración de Delibes, el 'Doñana affaire' tiene pinta de que está empezando y, por desgracia, tal y como era de prever, sin salirse un ápice del ámbito político, sin que se haga caso a los que de verdad saben de estas cosas, los técnicos, los que de verdad pueden responder a la gran pregunta: si regularizar casi 2.000 hectáreas de regadíos en las inmediaciones de Doñana, tal y como pretende la Junta, es viable sin dar un golpe mortal al Parque Nacional.
Con anterioridad, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tomó la iniciativa política al decir que el tema de Doñana no está cerrado y que su Gobierno espera a conocer las enmiendas que presente la oposición. Moreno hizo este llamamiento de forma previa a las comparecencias técnicas del martes en el Parlamento andaluz, lo que deja claro que su intención de sacar el tema del ámbito político es cero y que, dijeran lo que dijeran los técnicos, bien podría solucionarse con una buena sonrisa.
Aquí manda la política, al menos por ahora, y no tiene pinta de que vaya a dejar de hacerlo. Dentro de 40 días, mal contados, habrá nuevas elecciones en España, en este caso generales, y habrá que ver los resultados que arrojan. Si el PP gobierna en ambas Administraciones, tanto en Madrid como en Sevilla, la proposición de ley para la ordenación del territorio de la corona norte del Parque Nacional de Doñana tendrá, a buen seguro, un obstáculo menos.
El PSOE, por su parte, sigue firme con su estrategia en todo lo que se refiere a Doñana, desde que decidiera sumar a su agenda nacional este asunto. Ni ha ido la ministra Ribera a las comparecencias pese a estar invitada a hacerlo –ya dijo que no iría, que prefería que se escuchara a los técnicos– ni tampoco ha ido nadie por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Los socialistas han evitado en todo momento, sobre todo tras las palabras de Moreno en las que fía cualquier cambio a la tramitación –a las enmiendas que se presenten durante la tramitación–, que se pueda entrever siquiera la apertura de una posible negociación entre las dos Administraciones. Para el Gobierno central, lo que pretende hacer la Junta con Doñana es ilegal y se mantiene firme en su decisión de no hablar ni negociar en lo que no se retire el proyecto de ley.
Veremos a ver qué dice la Unión Europea (UE), más allá de pintorescas visitas de diputados alemanes. Ah, por cierto, el PP tiene matemáticamente al alcance de la mano una de las derivadas de este asunto: la Diputación provincial de Huelva, 40 años después.