[Estamos también en WhatsApp y en Telegram. Síguenos]
El Estado, lo público, todas las administraciones, son para muchos ciudadanos el último recurso, una especie de seguro ante una eventual injusticia sobrevenida. Con la trágica DANA de Valencia, muchos reclaman una mayor actuación. Un suceso que es ya uno de los más luctuosos de la historia reciente de España, que afecta a decenas de miles de personas directamente y que compunge a millones. Genera muchas preguntas sobre qué ha ocurrido, qué podría haberse hecho mejor, qué se está haciendo y qué se va a hacer.
La sensación de que se están cometiendo errores en vivo y en directo está generando indignación, desazón y, en algunos casos, hasta cuestionarse para qué sirve el Estado si no da respuesta efectiva. Las autoridades, por ello, para hacer su trabajo, pero indirectamente por defender la democracia, deben mantenerse vigilantes y no solo hacerlo bien, sino comunicar bien. Este sábado, Pedro Sánchez ha anunciado la movilización de miles de efectivos en la Comunidad Valenciana. Muchos dirán que llega tarde, y otros dirán que no se pudo hacer antes.
Ante la necesidad de respuestas urgente, hay quien se encuentra tratando de simplificar el asunto y no busca soluciones, sino culpables. En este momento, transitar ese camino es hacer un uso partidista de la situación. Tratar de buscar ventajas en el relato mientras aún hay cadáveres por rescatar es indigno y, quien lo haga, se descalifica a sí mismo.
Es tiempo de bulos, como que se han destruido embalses en Valencia que habrían contenido las riadas. Es falso y quien lo dice lo sabe, pero el engaño genera más notoriedad y genera argumentación (barata) contra rivales políticos. Igualmente, muchos se consideran expertos a toro pasado sobre meteorología y emergencias. El Gobierno de España y el Gobierno valenciano quizás deberían mejorar las fórmulas, pero no están dinamitándose mutuamente, conscientes de la gravedad de la tragedia. Otros de sus mismos partidos no han ni siquiera esperado para azuzar al público contra una administración política u otra, según convenga.
Por todo ello, es momento de contención y de pensar sólo en las víctimas, en los fallecidos y en los miles que necesitan agua, comida y techo. Las administraciones competentes deben responder sin excederse en lo burocrático, simplemente empujar y empujar. Una respuesta conjunta y contundente. Porque si no, el discurso de la deslegitimación, que pone en peligro las democracias, tiene su caldo de cultivo perfecto. Gobierno y Generalitat deben trabajar más y mejor. Pero el resto de actores políticos, mediáticos y sociales deben estar a la altura de la tragedia y, al menos, esperar para lanzar especulaciones.
Llegarán los días de comisiones de investigación, de repasar lo ocurrido. Pero con las calles empapadas, esta no puede ser simplemente una batalla contra el PP o contra el PSOE, contra el Estado de las Autonomías o contra la Agencia Estatal de Meteorología. Desconfíen de quienes aseguren tener la solución desde el sofá de su casa o desde el despacho de un partido. De quien diga o sugiera que hubo mala fe de uno o de otro. Porque nadie lo sabe ahora y esos mismos gestores, como los propios Mazón y Sánchez, tendrán tiempo en el futuro de explicar qué decisiones se han tomado. Ahora deben estar a lo que hay que estar.