El Parlamento europeo acaba de aprobar un nuevo pacto sobre la migración y el asilo, justo en un momento en el que el Gobierno español se plantea la regulación de medio millón de personas que se encuentran en lo que, para centrar el debate, se entiende como situación irregular.
Incluso el PP ha accedido, al menos, a debatir sobre este asunto, con Vox como única fuerza abiertamente contraria, incluso a que se produzca el propio debate.
Es evidente que la política del Gobierno de España no va acompasada con el sentir generalizado en la Unión Europea acerca de esta cuestión, ya que el nuevo pacto europeo introduce una serie de medidas más restrictivas tanto para la concesión del asilo como la aceptación de la propia migración. Este pacto se produce después de que tanto Francia como Alemania o Italia hayan comenzado a introducir disposiciones más restrictivas para ambos supuestos.
En Francia y Alemania, gobernados por fuerzas de centro y socialdemócratas, se afirma de modo recurrente que el endurecimiento de la política migratoria es una manera de frenar a la extrema derecha que está floreciendo en Europa –ahí está precisamente el gobierno de Silvia Meloni en Italia–, una teoría que es muy discutible.
El acuerdo alcanzado en el Parlamento no ha satisfecho precisamente a las fuerzas de extrema derecha, partidarias de cerrar aún más las fronteras de Europa, y tampoco a las de izquierda, partidarias de una mayor apertura y derechos para las personas migrantes, lo que da una ida de la dificultad del tema que se debate y de lo fácil que es caer en la demagogia al abordar la cuestión, tanto por un lado, como por el otro.
España, en principio, con la posible regularización de medio millón de personas residente dentro de sus fronteras, sigue abordando este tema en clave exclusivamente nacional y veremos en los próximos meses en qué medida se suma –o no– en espíritu y letra al acuerdo europeo.
Comentarios