La intervención policial para desalojar del Rectorado de la Universidad de Sevilla a un grupo de estudiantes que protestaba por la operación militar que lleva a cabo Israel contra la Franja de Gaza está siendo –es– objeto de polémica a nivel nacional. Es cierto que la intervención de la Policía Nacional se llevó a cabo después de que se produjera una primera intervención de la seguridad privada de la propia Universidad, pero está todavía por determinar la responsabilidad que se puedan derivar de cada una de las actuaciones sucesivas o de las dos en su conjunto, teniendo en cuenta que varios estudiantes resultaron heridos.
Sea como fuere, no parece de recibo que el Ministerio de Interior o directamente la Subdelegación del Gobierno diera la orden de intervenir a la Policía Nacional contra los estudiantes, ni por la manera en que se hizo ni por el hecho de que, de alguna manera, sea susceptible de ser calificada como 'combinada' con fuerzas no públicas.
La protesta de los estudiantes de la Universidad de Sevilla en contra de la acción militar israelí –la acampada que ha habido durante semanas– es legítima y la ocupación del Rectorado (área del Decanato de Filosofía), sin violencia, es un 'escalón' que forma parte de la misma protesta. Por ese motivo, no se entiende que la Policía haya acudido a poner fin a una reivindicación que, aparte de legítima, de alguna manera ha sido saludada por el propio Gobierno español, que hace apenas unos días decidió el reconocimiento del Estado de Palestina, a la vez que optaba por el acuerdo que en su día adoptó la ONU a favor de dos estados, Israel y Palestina.
Es evidente que ha faltado 'mano izquierda' para solucionar el posible problema que pudieran estar causando los estudiantes en el Rectorado, y que su desalojo, de haberse entendido que era necesario para el normal funcionamiento de la institución, se podía haber llevado a cabo sin necesidad de acudir a una intervención policial que solo ha servido para soliviantar los ánimos de los estudiantes.
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