La sanidad pública andaluza tiene un grave problema de atención en todo lo referente a las citas de Atención Primaria, especialistas e intervenciones, pero también en cuanto a seguridad, sobre todo en los centros de salud. Médicas y enfermeros –le damos la vuelta al tópico del colectivo sanitario de manera consciente– soportan todos los días agresiones físicas, agresiones verbales, gritos, destrozo de mobiliario (incluidos ordenadores)... una situación que, lejos de entrar en cauce de solución, sigue creciendo.
A falta de los datos cerrados de 2024 –más de 900 solo de enero a junio– se estima que las agresiones que sufren los sanitarios en Andalucía irán a más en las estadísticas del pasado año y superarán las 1.600 anuales, una cifra a todas luces intolerable. En Jerez, sin ir más lejos, la salida y entrada de año se ha visto sacudida por dos agresiones en dos centros de salud, Las Delicias y San Dionisio. Todos los profesionales coinciden en que después de la pandemia algo se ha roto y en que el problema se percibe de difícil solución. La evidente saturación de este servicio público, al que la Junta de Andalucía no encuentra soluciones, choca con lo que se podría definir con una actitud más vehemente de los usuarios, con unas exigencias perentorias y no siempre con los mejores modos, por lo que al final son los profesionales los que sufren que esa frustración –que también muchas veces es la propia– pueda traducirse incluso en violencia.
Está claro que, en el contexto actual, los mecanismos de respuesta policial y de seguridad deben extremarse. Los sanitarios reclaman que vuelva a haber seguridad privada en los centros de salud, ya que estiman que estadísticamente está comprobado que su presencia incide directamente en un descenso de las agresiones. Los sindicatos defienden la seguridad privada, pero debería trabajarse también en fórmulas que garanticen una mayor operatividad e implicación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
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