El accidente de Murcia en el que ha fallecido un niño de 12 años que conducía un patinete eléctrico vuelve a traer a la actualidad este tema, el de los patinetes, que originan, de media, la muerte de una persona al mes en España (sea el conductor o un peatón).
Es cierto que las autoridades –la Dirección General de Tráfico (DGT), básicamente– han comenzado a establecer una normativa más dura sobre el patinete eléctrico, pero es evidente que hay una cierta laxitud a la hora de su aplicación. Este mismo año entró en vigor una nueva directiva encaminada a que este antiguo ‘juguete’ se refuerce como Vehículo de Movilidad Personal (VMP), con todo lo que ello implica. De hecho, todo indica que el paquete de medidas que entró en vigor en enero probablemente se va a reforzar porque se estima que se ha quedado corto. Por lo pronto, se acabaron el alcohol, los auriculares, las carreteras y, sobre todo, las aceras. Además, se prohibió circular a más de 25 km/h.
Ahora lo que está sobre la mesa, a falta de concretar, es aumentar la edad para utilizar este VMP, la necesidad de utilizar chaleco reflectante y, sobre todo, la matriculación del vehículo, medidas que parecen suficientes para que los patinetes eléctricos se conviertan de hecho en ese MVP al que aspira la DGT, tras constatar que más de 5 millones de vehículos circulando por España, de la manera que se estaba haciendo, era algo más próximo a un problema ciudadano que a una nueva solución de movilidad.
Pero a estas alturas, es evidente que parte del problema es que muchos ayuntamientos están siendo muy pasivos a la hora de actuar. Al comienzo de la ‘moda’ de estos vehículos y su presencia en aceras y calles peatonales decían que no podían actuar ante la falta de normativa (se podía haber utilizado la de las bicis). Con la entrada en vigor de la nueva normativa, en general, no se puede decir que haya descendido el número de patinetes que sigue desplazándose libremente –en realidad, en muchos casos, podría decirse impunemente– por calles peatonales y aceras, lo que deja a las claras que ni las policías locales ni los políticos que las dirigen han tomado conciencia todavía de la gravedad y el incordio que supone esta situación para la mayor parte de la ciudadanía.
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