Se cumplen quince años de la muerte de Marta del Castillo. Son quince años de uno de los mayores fracasos de la justicia –y también de la policía– en España en lo que va de siglo XXI. Todo este tiempo después sigue sin aparecer su cuerpo y ni el juez, ni el fiscal, ni la Policía Nacional han sido capaces de arrancar al autor confeso del crimen, Miguel Carcaño, ni a ninguno de los implicados, donde se encuentran los restos mortales de la joven sevillana.
Aprovechando la efeméride, su familia ha vuelto a salir a las calles de Sevilla, acompañada de unas doscientas personas, para pedir que las autoridades hagan todo lo posible para que aparezca el cuerpo. En la actualidad, las esperanzas están depositadas en lo que pueda aportar el rastreo del móvil de Carcaño mediante la utilización de nuevas técnicas, inexistentes durante su procesamiento. Incluso ha trascendido que hay seis posibles ubicaciones de su móvil –al menos de la tarjeta– que podrían aportar otras tantas nuevas direcciones en las que buscar.
El problema es que esa nueva tecnología, que ha dado lugar al informe pericial a partir del cual trabaja la Policía Nacional, se tiene que quedar ahí, es decir, no puede aplicarse a los móviles del resto de implicados, ni mucho menos cruzarse datos entre ellos, debido a que ya han sido juzgados por estos hechos. Un desencuentro más, otra disparidad de criterio, entre la Justicia y la familia desde que se produjeron los hechos.
Cabe desear, por el bien de la justicia española, por el bien de esta familia destrozada, que cualquier día, por fin, se ofrezca la noticia de que han aparecido los restos mortales de Marta para que su familia pueda, en la medida de lo posible, pasar página y cada uno seguir con sus vidas. Sería bueno que los órganos pertinentes de la Justicia –y también de la Policía Nacional, por qué no– realizaran un análisis profundo sobre todo lo acontecido en este caso y extraer las debidas conclusiones. Y sus consecuencias.
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