La adjudicación del Centro de Ciencias de la Salud de Bormujos a la Universidad Pontificia Comillas ha sido, utilizando esa expresión popular, la gota que ha colmado el vaso de las universidades públicas andaluzas, agrupadas las diez en la asociación AUPA (curioso acrónimo, por cierto), que denuncian que la Junta de Andalucía, desde que gobierna el PP, favorece la privatización de la Enseñanza Superior.
El quid de la cuestión reside no tanto en el tema que ha suscitado la polémica, el centro de Bormujos, como en la sucesión de universidades privadas que han ido apareciendo en Andalucía desde que Juanma Moreno está al frente de la Junta. Hace seis años había únicamente una, en la actualidad hay cinco y, de confirmarse que Comillas se 'queda' con Bormujos, de facto serían seis las universidades privadas que habría. AUPA entiende que, poco a poco, se viene larvando un hecho grave y peligroso para la Educación pública.
Sin embargo, donde las universidades públicas ven una cuestión estructural, el gobierno autonómico estima que se trata de un tema estrictamente coyuntural para salvar la situación que se ha creado en el centro de Bormujos por la decisión de la Universidad de Sevilla de poner fin al acuerdo de colaboración que desde hace 17 años mantenía con Orden de San Juan de Dios para la gestión de este centro. De hecho, la Junta afirma que se ofreció la misma a todas las universidades públicas andaluzas, que ninguna respondió y que la adjudicación –por ahora– a la Pontificia de Comillas se debe exactamente a dos hechos muy concretos, como son salvar los 50 puestos de trabajo del centro y mantener un centro de formación de una graduación tan demandada por la sociedad como es Enfermería.
Sea como fuere, lo que es evidente es que la Junta de Andalucía habitualmente va por detrás de los acontecimientos –léase acusaciones– en todos los temas relacionados con el sector público y su posible desmantelamiento, tanto con la Sanidad como con la Educación y que siempre encuentra difícil justificación en los hechos.