El acceso a la vivienda, tanto a la propiedad como al alquiler, se está convirtiendo en el gran tema de debate nacional. Ni la corrupción, ni el desempleo o el desempeño de los políticos ocupan tanto espacio actualmente en los medios de comunicación. Ese asunto lleva varias oleadas del CIS figurando entre los tres temas que más preocupan a los españoles. Así, es. Es un tema que no afecta solo a los jóvenes que quieren independizarse o a ciudadanos que, en su día, se vieron afectados por la imposibilidad de hacer frente al pago de la hipoteca, sino que afecta a todas las familias de clase media hacia abajo, no solo a los más desfavorecidos.
Hay que tener en cuenta que 'la vivienda' tiene múltiples derivadas, que van desde los bajos sueldos, sobre todo de los más jóvenes, a la escasa promoción de viviendas de protección social por parte de las distintas administraciones públicas, comprometidas con este tema en mucho menor medida, por ejemplo, que hace un par de décadas, sin dejar de lado la importancia que fenómenos como los apartamentos turísticos o el 'okupa' tienen a la hora de condicionar la decisión de los propietarios de poner en alquiler sus casas y en qué términos.
Mientras que en Andalucía la Junta ha anunciado que habrá nueva ley de vivienda en 2025, probablemente en primavera, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de una empresa pública que tendrá como cometido específico la construcción y gestión de vivienda. Sus palabras, en principio, no han tenido gran calado, entre otras cosas porque pronto han comenzado las matizaciones: además de que desde las comunidades autónomas se ha recordado que el grueso de las competencias están transferidas, luego se ha matizado cómo sería dicha empresa, quedando en que será una evolución del SEPES (la empresa pública del suelo)... Todo ello después de que el propio PSOE haya ido postergando sus compromisos en esta materia, que hay que recordar que fue una de sus principales promesas electorales en julio de 2023 –casi 300.000 viviendas en colaboración con otras administraciones–, un número, por cierto que, con todo, está muy lejos del millón y medio que algunas organizaciones estiman que hacen falta en España...