El éxito de la convocatoria del pasado domingo a favor del acceso a la vivienda pone de manifiesto tanto la gravedad de este problema que afecta cada vez en mayor medida a buena parte de la sociedad y la inoperancia del Gobierno central –y de las comunidades autónomas– para afrontar este tema.
Decenas de miles de personas tomaron las calles de Madrid (y también de Barcelona) para protestar por una situación que se agrava por días y que ya es la máxima preocupación para los españoles, tal y como recogen las últimas oleadas del CIS.
Son muchos los factores que concurren para que el precio de la vivienda y los alquileres hayan crecido exponencialmente en los últimos años. De partida, la vivienda es un derecho que viene garantizado en la Constitución y, en efecto, ni PP ni PSOE han defendido nunca en la práctica esa consideración.
Además, las leyes no parten de un estudio pormenorizado de una situación, a la que no es ajena, por ejemplo, el escaso interés de la patronal por construir vivienda pública, la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y trabajadoras desde la pandemia o la proliferación sin control (en la práctica) de viviendas en alquiler turístico, que tensionan aún más rentas, sobre todo en las grandes ciudades y las zonas costeras.
La actual Ley de Vivienda está demostrando que no da respuesta a los actuales problemas y es cierto que se echa en falta una actuación más decidida por parte del Gobierno central, que en su programa electoral llevaba la construcción, en colaboración con otras administraciones, de cientos de miles de viviendas, con especial atención al alquiler social. Y todo, cuando una parte del Gobierno, especialmente desde Sumar, se intenta apoyar la manifestación, en el fondo convocada contra sus propias políticas ineficientes.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta también que este tema no es ajeno al enfrentamiento por tierra, mar y aire que mantienen PSOE y PP –en este caso el Gobierno de izquierda con las comunidades gobernadas por los populares–, una situación en la que la zancadilla por la zancadilla está a la orden del día. El Gobierno ha decidido contraatacar anunciando este lunes 200 millones para el Bono Alquiler Joven, aunque en realidad esta medida se conocía de antes.
Andalucía, una comunidad que está sufriendo estos problemas, con un rechazo creciente a la incidencia que tiene el turismo masivo sobre los alquileres, anuncia nueva ley para 2025 y habrá que estar muy atentos a su génesis, para ver si va a servir de algo o va a nacer muerta…
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