El PSOE no ha empujado nunca ningún gran cambio social. Cualquier cambio, que siempre ha nacido desde abajo, de los movimientos sociales, el PSOE los ha bloqueado, cuando no estigmatizado y criminalizado, hasta que la causa se ha hecho hegemónica y entonces actúa en la superficie para desactivar toda su potencia transformadora y neutralizarla.
En los 80, la guerra cultural abrazada, fomentada y hormonada por el PSOE fue la movida madrileña, movimiento estético sin ética, protagonizado por los hijos del régimen franquista, convertidos en nuevos progres, quienes nos quisieron hacer creer que pintarse los pelos de rosa, hacer apología del consumo de drogas y follar por las esquinas era un movimiento subversivo del orden establecido.
Mientras los grupos histriónicos, sin calidad musical y letras horripilantes, de aquel movimiento estético, impulsado por el felipismo para vender en lo interno una falsa modernidad de España, cantaban sus letras con sus looks imposibles, Felipe González privatizaba los principales sectores estratégicos de la economía, preparaba la entrada en la OTAN y firmaba sin rechistar todo el acervo neoliberal de la Comunidad Económica Europea (CCE) que ha tenido como consecuencia la desindustrialización del sur de Europa a cambio de que sirvamos copas, hagamos camas y cocinemos paellas a la Europa industrializada del centro que fabrica coches, lavadoras y paneles solares.
En la década de los 90, las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla fueron el artefacto cultural que jugó el papel del sueño aspiracional de un país que, mientras perdía su industria y entregaba su soberanía a poderes no democráticos, creyó que su falta de autoestima se solucionaba con dos macroeventos de proyección internacional que fueron una ruina en términos económicos, un despilfarro impropio de un país que hacía pocos años había dejado de recibir ayuda internacional al desarrollo y el germen de la crisis posterior que parió la uberización de la economía con la legalización de las empresas de trabajo temporal, en 1994, uno de los últimos actos fúnebres para el futuro del país de los muchos que realizó el Gobierno de Felipe González.
Hasta 80 privatizaciones llevaron a cabo los gobiernos de Felipe González: la SEAT, la Pegaso, Transatlántica Española, Viajes Marsans -el que lo compró luego presidió la CEOE y ahora está en prisión-, Endesa, Repsol, el banco Argentaria, Telefónica... Todas estas empresas tenían en común que eran tremendamente rentables y ayudaban a financiar servicios públicos del Estado del Bienestar, así como a diseñar el desarrollo económico del país sin depender de los intereses privados ajenos al bien común.
En la década del 2000, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno de España, la guerra cultural fueron los derechos civiles de las personas LGTB. El PSOE, que se había negado mucho tiempo atrás a legalizar el matrimonio igualitario y las parejas de hecho, que incluso mantuvo en vigor hasta el año 88 la ley de escándalo público por la que detenían a mujeres transexuales por la calle -sólo por ir andando y la policía pensar que iban provocando- y que se encontraba en su momento más neoliberal en lo económico, encontró en las lesbianas, gais, bisexuales y transexuales su filón para seguir vendiéndose como un partido progresista mientras le regalaba el Estado a los fondos de inversión extranjeros, privatizaba los principales aeropuertos españoles y Loterías del Estado, operación esta última que tuvo que ser suspendida “porque no se daban las condiciones de mercado”.
La mal llamada ley de identidad de género de 2007, por la que las personas transexuales se podían cambiar el nombre, en realidad fue una ley registral y no una normativa a favor de las personas transexuales que, a día de hoy, deben presentar un informe psiquiátrico alegando que no son enfermas mentales para poder cambiarse el nombre, humillación por la que muchas personas trans no están dispuestas a pasar. Curiosamente, la ley integral de transexualidad, que daría a las personas trans el derecho a la autodeterminación del género, el PSOE se niega a aprobarla y en la legislatura anterior la tuvo bloqueada para su tramitación.
La revolución rosa hizo pensar que las personas LGTB no comemos, no tenemos derecho a un trabajo digno, a un sueldo decente y que estamos ajenas a las decisiones económicas neoliberales que, paralelamente, iba tomando el PSOE mientras nos pintaba los semáforos de colorines. Nos dejaron legalmente casarnos y adoptar pero, con la llegada de la crisis, la realidad es que muchas personas LGTB no podemos adoptar porque somos considerados no aptos para los servicios que deciden la idoneidad a la adopción nacional. Con un sueldo menor de 1.000 euros, que es lo que cobran el 47% de los trabajadores españoles, según los técnicos de Hacienda, las personas LGTB nos encontramos que el derecho a adoptar es solamente formal.
Otro de los grupos preferidos por el PSOE para vender propaganda de ocultar su agenda neoliberal en la década anterior fue el feminismo, concretamente, el feminismo para ricas. Por ejemplo, la ley de la dependencia, aprobada con retórica feminista, ha servido para que un ejército incontable de mujeres, que se dedican a cuidar a las personas dependientes, tengan salarios de 500, 600, 700 y, en el mejor de los casos, de 900 euros al mes, al no contemplar la ley la prohibición expresa de que el servicio se privatizara a empresas como la de Florentino Pérez, quienes se hacen de oro sin más inversión que la explotación de cientos de mujeres convertidas en las kellys del feminismo para ricas del PSOE.
La retórica feminista del PSOE se convierte en humo cuando se niegan a derogar la reforma laboral que tiene, sobre todo a mujeres, a millones, trabajadoras soportando convenios de empresa a la baja que les han reducido el sueldo entre un 25 y 30%. Las limpiadoras de oficina por contratas y las camareras de piso de los hoteles, a pesar de que el sector turístico no conoce la crisis, son los colectivos que mejor ayudan a explicar la maldad de una reforma laboral que está permitiendo que el dinero que han dejado de ganar muchas mujeres se lo lleven calentito empresas privadas que, mediante sindicatos amarillos y la coacción de las trabajadoras, aprueban convenios que reducen salarios y condiciones de vida.
Con los derechos LGTB ya consolidados y la entrada de una nueva generación de mujeres feministas a la lucha por la igualdad, que ha hecho de la causa de las mujeres un movimiento popular que sobrepasa las paredes de los partidos, que se cristalizó en el 8M de 2018, el PSOE se ha quedado sin guerras culturales que ondear para tapar sus intenciones de aprobar la mochila austriaca –despido libre, todos los contratos temporales y privatización del sistema público de pensiones, sus carantoñas con PP y Ciudadanos —con quienes pactará si le dan los números para librarse de Unidas Podemos—, su negativa a subir impuestos a las rentas más altas y su dimisión de luchar contra la desigualdad espantosa que tiene a un 30% de la población española, 12 millones, en situación de exclusión, a pesar de que la de España es la cuarta economía de la UE mientras soporta datos de pobreza infantil al nivel de Rumanía.
Sin guerras culturales clásicas, el antifranquismo de opereta es la nueva cortina de humo de un partido que ha gobernado 29 de los 41 años del periodo democrático y que no ha sido capaz de aprobar ni una sola ley en todo este tiempo en el Congreso de los Diputados para que con dinero público se abran las fosas comunes repartidas a lo largo y ancho de España, donde yacen 140.000 personas, el país con más desaparecidos del mundo después de Camboya.
El antifranquismo del PSOE se define con su votación en el Congreso en marzo de 2018, hace sólo un año, cuando votó en contra de reformar la Ley de Amnistía para poder juzgar los crímenes franquistas y meter a sus torturadores y asesinos, los que aún quedan vivos, en la cárcel. Un partido comprometido con la víctimas del franquismo no emite en directo para todo el mundo, con más de una veintena de cámaras bien situadas en cada enfoque, lo que fue un nuevo entierro con honores y exaltaciones fascistas del dictador mientras condena a las víctimas a tener que recurrir a la justicia argentina para intentar abrir un hueco a la impunidad franquista.
El PSOE no tiene ningún interés en cerrar heridas y hacer justicia, reparación y memoria con las víctimas del franquismo, sino, como ha hecho a lo largo de la historia con todas las causas que han empezado a lograr un consenso social, bloquearlas y resignificarlas para sus objetivos electorales, con los que tapar sus medidas económicas de empobrecimiento de la clase media trabajadora y su negativa a bajar el recibo de la luz, regular el precio del alquiler, recuperar sectores estratégicos de la economía o reclamarle a los bancos los 60.000 millones de euros que los españoles les hemos regalado a cambio de enviar a la exclusión social a 12 millones de personas. Lo del PSOE se llama postureo neoliberal, hoy, en la década anterior, en los 90 y en los 80. No saben hacer ni les dejan hacer otra cosa.
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