La Garantía Juvenil no es más que una iniciativa denigrante y alienante donde todos los jóvenes, independientemente de su formación, aptitudes o circunstancias son tomados por el mismo barómetro. Es imprescindible, para tener el grandísimo honor de inscribirse, tener en cuenta que ni se debe estar estudiando ni trabajando. Lo que siempre se ha conocido y se ha ninguneado tanto en esta sociedad: ser un “nini” de los pies a la cabeza. Para ello, el Fondo Social Europeo ha previsto un presupuesto de 4.030 millones de euros, que podría ascender si se tiene en cuenta la cofinanciación de las Administraciones Públicas y de entidades colaboradoras.
Ser contratados por una empresa bajo la Garantía Juvenil no nos asegurará un empleo adecuado ni digno. Nos convertiremos en una moneda de cambio para que las empresas contratantes se ahorren los más posibles impuestos a la Seguridad Social, todo ello gracias a unos incentivos y bonificaciones que esta iniciativa promete. Por supuesto, el empleo durará el tiempo que esas bonificaciones sean concedidas, como en el caso de los 442 contratos que el Ayuntamiento tiene preparados para finales de octubre, que durarán seis meses. Si consultamos la página oficial del Ministerio, veremos que la bonificación de 300 euros para las empresas dura exactamente este tiempo, asignado como máximo. Una vez esto acabe, nos cambiarán por otro trabajador para volver a obtener esa bonificación. No tendrán en cuenta nuestras competencias individuales. Seremos prescindibles y estaremos dando vueltas en una ruleta sin poder realizarnos profesionalmente.
Igualmente los que decidan no inscribirse estarán en desventaja, pues obviamente, una empresa preferirá ahorrarse los impuestos y contratar a los que sí se hayan animado. Ciertamente, con el endurecimiento de Hacienda, es comprensible querer mejorar las condiciones de los autónomos, pues este plan también incentiva el emprendimiento. Pero la solución sería más bien dejar de recortar injustamente derechos laborales y constitucionales. No utilizar a los jóvenes como balsa para subsanar hipócritamente los errores que ya la Comunidad Europea y el Gobierno han cometido.
De todos modos, por mucho empleo que ofrezcan, viendo las condiciones, éste seguirá siendo precario y breve. Para colmo, apuestan por una igualación en la formación educativa. El Gobierno se queja del abandono escolar a edades tempranas, pero también se queja de la excesiva cualificación de muchos jóvenes. Pagar a universitarios es demasiado caro. Por lo que apuestan por empleos de Formación Profesional. No se trata de infravalorar este tipo de formación, pero hay que ser conscientes de que estamos dando un paso atrás en la preparación cultural e intelectual, así como en la especialización. Luego se sorprenden de que España esté a la cola en innovación y desarrollo. Quizá estemos condenamos a ser mulas de carga eternamente. No porque no nos guste la universidad –que es respetable- sino porque estaremos atrapados en el trabajo mal valorado -y mal pagado- y no tendremos oportunidad de decidir otro tipo de ambiciones, porque no nos las podremos permitir.
Es muy fuerte que tras el endurecimiento de las tasas universitarias no tengan en cuenta que sí hay jóvenes que quieren sacar adelante su carrera profesional y necesitan trabajar para ello. La única formación que se permite compaginar con los puestos de trabajo propuestos por esta iniciativa, es aquella ofrecida por las Oficinas de Empleo: cursos, idiomas y TIC. Es denigrante, que un estudiante altamente cualificado tenga que perder tiempo en estudiar inglés del “cole” o en unos cursitos amenos que ofrece el paro. En este punto, sería más justo que la formación fuese acorde a las necesidades de cada uno.
Es un fraude, cómo en esta última generación se han aprovechado de vendernos la idea de ir a la universidad, de cómo nos han sangrado económicamente como sanguijuelas y cómo luego nos han demostrado –y no dejan de demostrarnos, con este tipo de estrategias- que no podemos ejercer nuestra profesión en este país. Y que además, tendremos que conformarnos con unas condiciones pésimas. Sin duda, el fin no es beneficiar a los jóvenes, ni siquiera a los autónomos y sus empresas. Rebajar nuevamente el nivel de las personas a la precariedad ayudará a mantener el estatus de las altas esferas. Lo público se ha convertido en el mejor negocio privado y la hipocresía lo acompaña constantemente. Quizá, si la clase política recortase sus privilegios, nosotros no tendríamos que recortar derechos.
Ya ni siquiera se molestan en disimular, empleando en el folleto de la Garantía Juvenil, esta clase de denominativos: Tarifa Joven y Tarifa Plana. Más que pertenecer a un Gobierno o a la Comunidad Europea, parecemos pertenecer a una empresa de telefonía. Lo que nos faltaba precisamente es que nos ofrecieran “ofertitas” para poder trabajar. Un derecho constitucional por cierto, que al igual que la vivienda y muchos otros, parece haberse ido al cuerno.
Hemos olvidado que los dirigentes deben trabajar para nosotros y no nosotros para enriquecerlos a ellos. Por eso pagamos unos impuestos públicos para el Estado y hemos asumido los recortes de la Comunidad Europea. De ahí su sueldo. Los jefes deberíamos ser nosotros. Ellos deben tener la responsabilidad de cumplir con sus programas y de llevar a cabo las soluciones necesarias que sean adecuadas para todos. Al menos, deben tener la obligación de contar con los ciudadanos para opinar acerca de las estrategias que plantean y no obligar a todo aquel que quiera inscribirse en las Oficinas de Empleo o buscar trabajo entrar por el aro del Sistema de Garantía Juvenil.
Una argucia muy bien planteada, donde parecemos nosotros los jóvenes ser nuevamente el centro de atención, pero sin duda, volverán a tomarnos el pelo una vez más. Ahora queda preguntarse, ¿qué gana la Comunidad Europea, el Gobierno o los ayuntamientos con contratarnos durante 6 meses como máximo y bajo estas condiciones tan restrictivas? Sinceramente, ¿no hay otras soluciones más eficaces? Sólo queda una respuesta a esto: o las personas que son responsables de ello son malintencionadas, o sencillamente son tremendamente ineptas.
Pese a todo ello, las instituciones siguen preocupadas: “Sólo el 20% de los jóvenes se apuntan a Garantía Juvenil”, donde achacan que “se ha dado poca información” y “es muy complejo y se requiere presentar mucha documentación, lo que provoca que muchos de los jóvenes que intentan solicitarlo desistan o tarden incluso un mes en completar los datos que se les requieren”, excusa Julia Chica. Ya no sólo nos pretenden clasificar de “ninis”, sino que nos tachan de desinformados –o hablando en plata, de tremendamente tontos- y de flojos, que ni trabajan ni estudian, ni quieren molestarse en rellenar unos papeles. ¿No será quizá que los jóvenes –y muchos más- no estamos de acuerdo con esta paparrucha de la Garantía Juvenil? No tenemos tiempo para perderlo en estas tonterías, aunque no encontremos un trabajo a jornada completa y bien remunerado, ¡pero eso no significa que estemos rascándonos la panza en nuestras casas!
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