Me salto todos los esquemas lógicos de un articulista (introducción, desarrollo y conclusión) para empezar por el final. La idea es muy clarita: la enseñanza concertada es privada, no pública. Y los argumentos también son muy evidentes. ¿Quién se lucra o se beneficia económicamente de las cuotas ilegales que todas las familias pagan mensualmente por tener a sus hijos e hijas en esos centros? ¿El Estado? La respuesta es indudable: la empresa, orden religiosa o colectivo propietario del colegio. ¿Quién contrata a ese profesorado que desarrolla su labor en condiciones laborales cada vez peores? ¿El Estado por medio de oposiciones públicas? No. Contrata la empresa, orden religiosa o colectivo propietario. Y, además, estos docentes deben reunir un perfil ideológico servil al “ideario” del colegio. De lo contrario: a la calle. ¿Es eso enseñanza pública?
¿Por qué este sector está colérico? El motivo para el enfado debe ser algo tan importante que le lleva al punto de manipular a sus estudiantes menores de edad imponiéndoles lazos naranjas, sin ningún tipo de pudor (luego dicen de la educación en Cataluña). El móvil de estas manifestaciones radica en que le quitan los beneficios otorgados por Rajoy y Wert. La Lomce consiguió que la educación pública (ojo, la quieren llamar ahora “estatal”, con todas las connotaciones perversas que se le puede dar) pasó a ser subsidiaria con respecto a la privada subvencionada. ¿Qué significa eso? Pues si en una zona educativa o barrio están próximos un centro concertado y otro público, y el primero decide ampliar su negocio empresarial con más unidades (aulas), es suficiente “demostrar” al gobierno autonómico de turno que tiene mucha demanda (“social”, le dicen) para aumentar sus subvenciones, aunque el segundo tenga sus aulas medio vacías o haya tenido que cerrar algunas. Es decir, esos colegios privados concertados se convierten en centros redundantes.
Ahora la Ley Celaá restituye esa ignominia y vuelve a la situación anterior. Considera que la subsidiaria es la enseñanza concertada o enseñanza redundante, y no la pública. Es decir, que para ampliar el negocio de los centros privados concertados será necesario demostrar que no hay oferta suficiente de plazas públicas. Fíjense. El negocio es enorme. El volumen de los beneficios económicos es de tal magnitud que ya hasta la Iglesia encabeza o insta las manifestaciones en contra de esta Ley. Lo que no ha hecho o no hace frente a los desahucios, ahora moviliza asociaciones, políticos y púlpitos a su favor.
La enseñanza concertada es un tipo de enseñanza segregacionista. Las cifras demuestran claramente que el número de plazas es mucho mayor en los barrios acomodados de las ciudades; también hay una clara relación entre renta per cápita de la comunidad autónoma y la implantación de la concertada. La causa es bien sencilla: al imponer sus cuotas voluntarias a nombre de una Fundación pública para luego desgravar en el IRPF esas cantidades, o cobrar a precios desmedidos el aula matinal, el autobús, el comedor, el uniforme, las actividades extraescolares… cierran las puertas a los sectores sociales desfavorecidos económicamente. Por ejemplo, según las estadísticas, es curioso observar que sólo el 20% del alumnado extranjero está escolarizado en un centro redundante, mientras que en los públicos recogen casi al 70%. Si ambos son públicos y las condiciones de acceso son las mismas, las cifras deberían serían prácticamente iguales. ¿Hay selección por proceder de un país, raza, o religión concreta?
Y todo ello lo presentan reiteradamente bajo el slogan de la libertad de elección de centros. Así lo demostraron los diputados de la derecha en el Congreso cuando se aprobó la Ley. Vamos a ver. La libertad para elegir centro existe y seguirá existiendo. España con esta Ley seguirá manteniendo una triple red de centros abiertos y elegibles. Algo que no sucede, por cierto, en la gran mayoría de los países democráticos de nuestro entorno, donde no existe o es residual la privada y, menos aún, la concertada. Y las familias tendrán libertad para elegir: habrá una pública gratuita (o pagada con nuestros impuestos), una concertada o redundante (supuestamente gratuita por las subvenciones, pero privada a través de pagos encubiertos y consentidos), y una privada (pagada íntegramente por las familias quienes también protestan atónitas por la competencia de los redundantes). Ahora bien, esa libertad es gradual. Las familias que mensualmente ganen más, tendrán más libertad para elegir entre los tres. Quienes ganen al mes 600 euros tendrán menos libertad que los que ganen al mes 6000. Por eso, en educación, eso de reivindicar la libertad para apoyar, de soslayo, el segregacionismo y la desigualdad es una gran falacia.
Estemos atentos. En el fondo, se está creando ruido contra la Ley, pero con la firme convicción de que el Tribunal Constitucional anulará los aspectos más polémicos. Allí, los magistrados progresistas son minoría. Veremos en qué termina todo esto.