La violencia machista continúa su escalada mortal en España, con cifras alarmantes de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. En las últimas tres semanas, quince mujeres y dos menores han sido asesinados por esta causa y se investiga si los dos feminicidios perpetrados en Castellón y Granada lo son también por violencia de género, es decir, al interior de una relación de pareja. Hasta la fecha, las cifras oficiales indican que 27 mujeres han sido asesinadas en 2024, y desde 2003, el número total asciende a 1.271.
Sin embargo, estas cifras subestiman la magnitud del fenómeno al no contabilizar los feminicidios no íntimos, es decir, cuando la víctima y asesino no tenían un vínculo de pareja. Fuentes alternativas, como Feminicidio.net, reportan 58 mujeres asesinadas en el año en curso, con un acumulado de 1.535 desde 2013, cuando comenzaron a llevar sus propios registros.
El feminicidio y su impacto en la sociedad
El feminicidio es una forma extrema de violencia contra las mujeres, que se define como el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Este fenómeno hunde sus raíces en nuestra estructura social, que perpetúa relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, donde la violencia contra las mujeres y la tolerancia social a la misma constituyen los mecanismos más eficaces para mantener el statu quo. De ahí que la violencia contra las mujeres sea un fenómeno universal, estructural y muy tolerado socialmente.
Tal es su tolerancia social que los asesinatos de mujeres a manos de los hombres que eran sus parejas o exparejas son los únicos que se normalizan como parte de la cotidianidad y no despiertan mayor interés por parte de las autoridades, instituciones ni de la sociedad. De hecho, en las tres semanas anteriores, que fueron especialmente sangrantes, los feminicidios de mujeres coincidieron con las fiestas del orgullo y las finales de la Eurocopa masculina de fútbol y de Roland Garros y no hubo ninguna manifestación de duelo por parte del Gobierno, pues los tuits de esos días los dedicaron a las celebraciones. Además, los últimos asesinatos no han sido suficientes para convocar el Comité de Crisis que se coordina por parte del Ministerio de Igualdad cuando se producen más de cinco asesinatos en un mes por violencia machista, como ha sucedido en la última semana. Lo que pone de presente que estos Comités deberían ser permanentes y no incidentales.
La violencia machista es una cuestión de Estado
La reciente escalada de asesinatos machistas en España pone de manifiesto la persistencia de la violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos, y la necesidad urgente de abordarlo como una cuestión de Estado, es decir, un problema estructural, grave, urgente y prioritario, donde el Estado y las instituciones adopten medidas integrales, coordinadas y eficaces encaminadas a prevenir, sensibilizar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Y, para garantizar la justicia que es exigible en un Estado de Derecho, que se proteja y repare el daño causado a las víctimas y sus hijas e hijos.
Es importante otorgar importancia a los hijos e hijas de las asesinadas, porque también son víctimas de la violencia machista, que en España ha dejado ya a 454 menores huérfanos por esta causa, desde que se llevan registros en 2013, incluidos los 21 huérfanos de 2024. Igualmente, son víctimas de la violencia machista los 62 menores asesinados por violencia vicaria desde 2013, que suman 9 menores asesinados en 2024.
La violencia contra las mujeres, lejos de ser un problema incidental o consecuencia de decisiones personales de un individuo, es un problema social estructural: lo cometen los hombres machistas porque es su forma de pretender controlar a sus mujeres. Y lo hacen tanto cuando hace calor como cuando hace frío, en épocas de precariedad o abundancia, en hogares prósperos o con carencias, en la salud y en la enfermedad, estando sobrios o borrachos, siendo personas amables o agresivas. El factor de riesgo para sufrirla es ser mujer; y para ejercerla, es ser un hombre machista que está dispuesto a quitarle la vida a “su mujer” porque la considera de su propiedad y no acepta que la mujer termine la relación abusiva que los vincula.
En estos casi veinte años de vigencia de la ley de Violencia de Género, lejos de reducirla, esta clase de violencia sigue muy vigente. Y este problema se refleja en un aumento de las denuncias por violencia de género, que sigue en aumento: desde la aprobación de la Ley de Violencia de Género se han registrado casi dos millones y medio de denuncias. Y, según datos del Ministerio del Interior, en el Sistema VioGén hay registrados 92.134 casos activos de violencia de género hasta julio, que supone un incremento de 2.670 más mujeres maltratadas en el último mes.
Andalucía, la Comunidad Autónoma con más casos de violencia machista
Estos datos resultan reveladores en Andalucía, porque es la Comunidad Autónoma con mayor número de víctimas, al tener 24.381 casos activos en el Sistema Vio-Gén. Y es una tendencia, porque la tasa de mujeres víctimas de violencia machista inscritas por cada 1.000 mujeres de 14 años o más fue de 2,2 en 2023, cuando la media estatal se sitúa en 1,7. En 2023 Andalucía fue la región con mayor concentración de asesinatos machistas, con 17 víctimas.
Paradójicamente, según se denunció desde Comisiones Obreras a finales del año pasado, el Gobierno andaluz sólo ejecutó “el 35% del presupuesto de 2023 y en los de 2024 ha recortado cinco millones al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) mientras destina casi un 30% de ese presupuesto a externalizaciones”.
La necesidad de una actuación conjunta y coordinada entre instituciones
Por tratarse de un problema social estructural, el Estado y las instituciones tienen el deber de adoptar medidas efectivas para prevenir, combatir y sancionar la violencia machista. En respuesta a la escalada de feminicidios de este mes, el Gobierno está avanzando las negociaciones para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Parlamento, para lo que destinará una dotación presupuestaria de veinte millones de euros. Y, además, se está impulsando la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas durante el período 2022-2025.
De estas medidas, destaca el compromiso de actuación coordinada entre el Ministerio de Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por la alcaldesa de Jerez de la Frontera. El compromiso firmado esta semana entre el Gobierno y la FEMP resulta de suma importancia para reforzar la colaboración de las instituciones con la efectividad de la normativa prevista para erradicar la violencia contra las mujeres. Las entidades locales, al ser las más próximas a la ciudadanía, están llamadas a desempeñar un papel fundamental en la lucha contra la violencia machista, proporcionando una atención más eficaz, mejorando la respuesta institucional y el acceso de las víctimas a sistemas de protección, asistencia y recursos, en cumplimiento de la ley de Violencia de Género y el compromiso del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
La coeducación como herramienta fundamental para combatir la violencia
La violencia machista en España es un problema muy grave que requiere una respuesta coordinada y efectiva por parte del Gobierno, las instituciones y toda la sociedad. Sin duda, de cara a proteger a las víctimas y prevenir futuras agresiones y feminicidios, es necesario mejorar el sistema de protección, aumentar los recursos y la coordinación entre instituciones y adoptar medidas legales más eficaces para prevenir y sancionar la violencia machista.
Ahora bien, y esto es lo más importante, de cara a la prevención, el Estado y las Comunidades Autónomas deben adoptar medidas para promover la sensibilización y la visibilización social de este fenómeno. En este sentido, la vía más eficaz es garantizar la coeducación no sexista de niñas y niños, y desde las primeras etapas educativas.
Sólo si se educa a niñas y niños en la igualdad de derechos y deberes entre mujeres y hombres será posible construir una sociedad democrática, sin violencia, próspera y con justicia social. Por ello, es necesario que la Comunidad Autónoma de Andalucía derogue la ley trans y los protocolos educativos de la identidad de género que promueven los roles y estereotipos ultrasexistas y que desactivan las medidas legales para proteger a las mujeres y niñas, porque si cualquier hombre se puede determinar mujer por su sola declaración de voluntad, ¿qué sentido tienen las leyes y políticas públicas que protegen los derechos de las mujeres y niñas? Ninguna.
Desde la Asociación de Mujeres Feministas Radicales de España, con sede en Jerez de la Frontera, expresamos nuestra satisfacción porque la alcaldesa de Jerez tenga un papel protagónico para liderar la acción coordinada entre el Estado y la FEMP de cara a abordar el problema de la violencia machista como una cuestión de Estado que concierne a toda la sociedad.
Necesitamos al feminismo para preservar los derechos de las mujeres y sus hijas e hijos. Es feminista quien reconoce la igual dignidad y humanidad de mujeres y hombres y lucha por la igualdad de derechos y oportunidades para unas y otros.
Sandra Moreno. Jurista, doctora en Derecho y Presidenta de Feministas Radicales