Los debates sobre las elecciones europeas dedican poco o ningún espacio a la educación. Sin embargo, Europa ha dictado y dicta las líneas generales de los sistemas educativos de los países miembros. Es más, Europa posee una estructura encaminada a la gobernanza de los sistemas educativos en nuestro continente, que funciona a la perfección.
De esa estructura, desde un punto de vista ideológico, los más activos son los Grupos de Trabajo que elaboran propuestas para la Comisión Europea y pueden ser convertidas en recomendaciones para los países de la UE, con la idea de construir el Espacio Europeo de Educación (EEE).
Son siete grupos y sus miembros son nombrado/as por los Estados. Para no extender en demasía este texto, hagamos un breve repaso de algunos acuerdos y recomendaciones adoptados en Europa, acompañado del análisis sobre cómo se están aplicando en Andalucía.
La Formación Profesional es uno de ellos. La Educación y Formación Profesionales se entienden desde Europa como esenciales “para alcanzar el objetivo de promover una mano de obra cualificada, formada y adaptable, y mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico, tal y como establece el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”. Se trata de conseguir una FP “motor para la innovación y el crecimiento”, que “prepara para la doble transición ecológica y digital y para empleos muy demandados”.
Sin embargo, en Andalucía están apareciendo numerosas empresas o centros de Formación Profesional privados que consiguen autorización para impartir titulaciones, en detrimento de la enseñanza profesional pública. Hoy, entrar en un centro público para cursar un grado Medio o Superior es tan difícil o más complicado que en muchas titulaciones universitarias, debido a la gran demanda y escasa oferta de plazas. Obviamente, los beneficiados son esos centros de titularidad privada. En los últimos cinco años, la población estudiantil en centros privados de Grado Superior, ha pasado del 31% al 35% del total.
Otro ejemplo. La Lomloe recoge la repetición de curso como una medida excepcional. Europa ha dictado esa decisión. No es ocurrencia del PSOE, PP o Sumar. Efectivamente, está consensuado por múltiples estudios y por la comunidad educativa que no se pueden mantener las tasas de repetición en Andalucía y España que, en algunas etapas, llegan a duplicar las medias europeas. Y desde Europa se nos ha ordenado que ese problema hay que corregirlo.
Pero para conseguir disminuir esas cifras es necesario incrementar la plantilla de personal docente dedicado a la Atención a la Diversidad. Las medidas necesarias para conseguir una educación inclusiva poseen necesidades de apoyo educativo, no las pueden llevar a cabo docentes de las “asignaturas” en solitario. Sin embargo, en Andalucía se usan empresas externas para contratar Personal Técnico de Integración Social (PTIS), se mantienen en los centros públicos una ratio alumnado NEAE muy elevada, o Departamentos de Orientación de los IES están desbordados por el elevadísimo número de estudiantes.
Y tercer punto. Las enseñanzas universitarias. Desde la UE se dice que se debe “reforzar las universidades como motores del papel y el liderazgo mundial de la UE”, “capacitar a las universidades como agentes de cambio en la doble transición ecológica y digital” o “apoyar a las universidades como faros de nuestro modo de vida europeo”. Pero el gobierno andaluz, para conseguir esos objetivos, asfixia económicamente a las universidades públicas y, de paso, abrir numerosas universidades privadas que carecen de una labor investigadora o de transferencia relevante.
Existen unas directrices político-educativas europeas dictadas desde Bruselas, cuyas decisiones/recomendaciones afectan a la educación andaluza y están pasando desapercibidos por la inmensa mayoría. En Europa, en el Parlamento europeo, se debate sobre estos asuntos y se denuncian incumplimientos. Hasta ahora, también nuestra realidad educativa no aparece en esos debates. La enseñanza andaluza también ha dejado de existir para los centros de poder y decisión europeos.
La defensa de la educación andaluza en el Parlamento europeo resulta necesaria. Desde el atril parlamentario de Bruselas se debe denunciar lo que el gobierno central consiente y el andaluz ejecuta. Y esta defensa debe hacerla una voz andaluza con conocimiento y sin ataduras, como representa Ahora Andalucía. Ahora es el momento.